El Senado de la República aprobó este miércoles en segunda lectura el proyecto de ley orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso del Suelo y Asentamientos Humanos.
La iniciativa fue estudiada durante dos años por una comisión bicameral, presidida por la senadora del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Faride Raful.
La pieza, que fue leída íntegramente ayer, fue objeto de diversos debates y algunas modificaciones realizadas por distintos senadores, sin embargo finalmente se sancionó favorablemente con 28 votos a favor y uno en contra.
El proyecto define el ordenamiento territorial como la política del Estado que debe estar al servicio de los intereses general, lo que debe contribuir a la organización del territorio.
La normativa establece un marco regulatorio para los planes de Ordenamiento Territorial en los distintos niveles político-administrativo atendiendo a lineamientos de interés ambiental, cultural, económico, social, de gestión de riesgos y de desarrollo sostenible.
Asimismo, los criterios del ordenamiento territorial abarcan las características naturales del territorio, la potencialidad, adaptación y resiliencial al cambio climático, protección a la biodiversidad, eficiencia hídrica, entre otros.
Además, establece que en política del Estado el Ordenamiento Territorial integra los instrumentos de planificación del territorio y su relación con los procesos sociales, económicos y políticos, bajo una dinámica descentralizada, otorgando mayor participación a los actores territoriales sobre la base de alianzas entre Estado, sector privado y sociedad civil.
Sistema Nacional
De igual manera, la pieza contempla la creación de un sistema nacional de ordenamiento territorial coordinado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (Mepyd) para supervisar las inversiones públicas y la participación del sector privado y la sociedad civil, así como la identificación de los instrumentos de planificación del ordenamiento.
También, a través de este proyecto, se crea el sistema nacional de información territorial para procesar datos geográficos del territorio y formular políticas públicas en atención a estos, coordinadas también por el Myped.
Por otro lado, el senador Félix Bautista, uno de los proponentes de la pieza, dijo que los planes de ordenamiento territorial son vinculantes a todos los entes y órganos de la administración pública central, los particulares, los organismos autónomos y descentralizados, los municipios, distritos municipales y el Distrito Nacional.
“Los Planes de Ordenamiento Territorial, procuran garantizar mayor equidad en la inversión pública y serán establecidos por 20 años, revisables cada 10 años”, expresó el senador Bautista.
Sanciones
Otro aspecto que destacó es que dentro del proyecto, también se establece un régimen de sanciones y disciplinario ante una clasificación de infracciones.
Específicamente,
La ley establece un régimen sancionador contemplando multas que van desde 1 a 50 salarios mínimos, para las infracciones leves de 101 a 1,000 salarios mínimos del sector público, para infracciones graves.
La reincidencia se castigará con el doble de estas multas.
Modificaciones
A la pieza se le hizo una modificación, propuesta por el senador Alexis Victoria Yeb, para que se tomen en cuenta el tamaño de las áreas verdes dependiendo de la densidad poblacional.
Esta modificación fue plasmada en el párrafo 2 del artículo 42 para que en lo adelante diga: “Las áreas verdes existentes en los suelos urbanizados deberán de tener una extensión mínima de terreno atendiendo a la densidad poblacional en la zona y la dimensión del proyecto conforme lo indiquen los reglamentos”.
Otra modificación también hecha por el mismo senador fue al numeral 2 del artículo 80, para que se le incluya al final “siempre que hayan actuado de manera dolosa en la realización de los hechos contrarios a la disposiciones de las presente ley”.
El proyecto de ley fue presentado los senadores Ricardo de los Santos y Félix Bautista.
La pieza pasará ahora a la Cámara de Diputados para su conocimiento.
Préstamos
US$60 millones
La Cámara de Diputados aprobó ayer un préstamo por US$60 millones para apoyar la agenda de “transparencia e integridad”.
El endeudamiento fue suscrito por el Poder Ejecutivo el 20 de abril con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Según la carta de motivación enviada por el presidente Luis Abinader, el préstamo tiene como objetivo general un programa para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad en la gestión de los recursos públicos.
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