El juez Delby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, dispuso arresto domiciliario en contra de Alexis Medina Sánchez, principal implicado en el caso Antipulpo, y hermano del expresidente Danilo Medina.
El juez tomó la decisión al variar la prisión preventiva que pesaba en contra de Alexis Medina, a quien además le impuso el pago de una fianza de RD$60 millones de pesos a través de un contrato con una compañía dedicada a esos fines. Además, el juez le impuso a Alexis Medina, al variar el cese de la prisión preventiva, preso desde 2020 en la cárcel de Najayo, la colocación de un brazalete electrónico, impedimento de salida del país y presentación periódica.
Igualmente, el tribunal varió la prisión preventiva del exdirector del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), Fernando Rosa, a quien le impuso el pago de una garantía económica de RD$30 millones y la misma modalidad de Alexis Medina. Mientras que a José Dolores Santana se le impuso el pago de una garantía económica de RD$20 millones, bajo la modalidad de contrato, y la misma modalidad de Alexis Medina y Fernando Rosa.
También dispuso el pago de una garantía económica de 20 millones de pesos y las mismas condiciones de Alexis Medina, Fernando Rosa y Dolores Santana. “La sentencia será leída en su totalidad el 26 de septiembre próximo y a partir de esa fecha se aplican los plazos previstos en la ley para la apelación”, dijo el juez.
Saluda decisión
Mientras Carlos Salcedo, abogado de Alexis Medina saludó la decisión del tribunal, al considerar que viene a cesar las violaciones flagrantes de los derechos fundamentales que operaban en perjuicio de su cliente.
Salcedo expresó que el juez tomó como fundamentó que toda la incidencia del proceso que imposibilitaron el aplazamiento de las audiencias se debió a la actitud del ministerio público y de los querellantes.
Dijo que el juez estableció que había sido excedida la prisión preventiva de más de tres meses y que la proporcionalidad de la medida el plazo razonable había sido agotado, conforme a la exigencia del proceso penal.
Además el juez tomó como argumento, el hecho de que se le otorgó varias prórrogas a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), para presentar acusación.
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