“La red se aprovechó de que los encargados de la recepción de los alimentos en los centros penitenciarios desconocían, de manera oficial, la cantidad y tipo de alimento que la institución adquirió en el proceso de licitación para su suministro semanal y que debía de entregar el proveedor adjudicatario”.
Así describe el Ministerio Público la supuesta conducta de los implicados en el caso Medusa, que tiene como principal acusado al exprocurador Jean Alain Rodríguez.
En el expediente acusatorio, de 12,273 páginas, el Ministerio Público muestra cómo el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres, ubicado en Santiago, fue uno de los utilizados en el supuesto entramado corrupto.
El órgano acusador establece que “los imputados entregaban en los centros una cosa y facturaban otra; por supuesto, siempre a favor de los intereses económicos de la estructura”.
En el caso del CCR-Santiago-Rafey Hombres, la acusación establece que los choferes de los proveedores de alimentos le entregaban al encargado de recibirlos un conduce de entrega donde falsamente indicaban las cantidades que debía de entregar y recibir; sin embargo, para solicitar el pago, los acusados fabricaban un conduce distinto al entregado en el centro penitenciario, donde se adulteraban las cantidades del conduce original conforme a las cantidades contratadas en la licitación.
El expediente señala que para este centro la cantidad de pollo que se estaba supuesto a recibir era de unas setecientas libras y veintiocho sacos de arroz de ciento veinticinco libras cada uno, por mencionar algunos productos; y cuando no le llegaban en estas cantidades, supuestamente el director del centro tramitaba el informe de lugar a las acusadas Mercedes Camelia Salcedo Disla y Carolina Pimentel Bonifacio.
Como prueba de ello los fiscales que investigaron el caso presentaron el siguiente informe:
El 8 de abril de 2019, el entonces director del Centro de Corrección y Rehabilitación de Rafey Hombres, Desiderio Albar Galvas, escribió un informe sobre los alimentos recibidos en el que se hace constar que en solo semana no se enviaron las 300 libras de carne de res, y en el pollo hubo un faltante de 57 libras.
En el documento se hace constar que “al preguntarle al chofer del camión por el faltante este decía que la carne se descongela en el camino y pierde hasta 100 libras”, pero el director del centro estableció que recibían el pollo totalmente congelado; y que se está pagando al suplidor una compra con muchos faltantes.
El informe estaba dirigido a Ysmael Paniagua, excoordinador del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciara y a Mercedes Salcedo Disla y Carolina Pimentel, estas últimas imputadas en el caso Medusa.
Por ejemplo, la acusación indica que de las 700 libras o menos de pollo que recibía el CCR Santiago-Rafey Hombres pagaban facturas en base a conduces falsos que acreditaban la entrega de mil doscientas libras semanales. Igualmente, de los veintiocho sacos de arroz de ciento veinticinco libras que entendían los encargados del centro debían recibir los cuales ni siquiera llegaban con la cantidad de libras completas.
Productos como la cocoa y la sardina, casi nunca se enviaban por ser estos costosos en el mercado; no obstante, siempre eran facturados por figurar como entregados en los conduces que eran entregados en el Modelo de Gestión Penitenciario, de acuerdo a lo indicado por la instancia de acusación.
El Ministerio Publico dice que los acusados falsificaron documentos privados, en este caso el conduce de recepción de los alimentos en el centro penitenciario; que falsificaron y utilizaron sellos estatales pertenecientes a las diferentes cárceles públicas y Centros de Corrección y Rehabilitación de los privados de libertad a nivel nacional, uno de ellos era un sello gomígrafo falso de la “Procuraduría General de la República, Centro del Corrección y Rehabilitación Rafey Hombre, Subdirección Administrativa, Santiago, Rep. Dom.”.
ACUSACIÓN
Conduces falsificados
El Ministerio Público señala que los conduces falsos fueron fabricados en la oficina del entramado criminal ubicada en la calle Federico Geraldino No. 94, ensanche Piantini, en la capital dominicana.
La acusación indica que las imputadas Mercedes Camelia Salcedo Disla y Carolina Pimentel Bonifacio tenían acceso a los contratos de suministro de cada proveedor y que a pesar de recibir un informe de que los productos estaban siendo entregados por debajo del 50% de las cantidades que le facturaban al Modelo de Gestión Penitenciaria pagaban facturas en base a conduces falsificados que acreditaban las entregas.
De acuerdo con el expediente, en Rafey Hombres entre 2018 y 2020 se distrajeron 25 millones 881 mil 665 pesos por concepto de alimentos contratados.
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