El empresario Ulises Francisco Ramírez, propietario de la empresa Smart Display, aseguró que fue extorsionado por el equipo de trabajo del exprocurador de la República Jean Alain Rodríguez, para pagar un 20% de lo adjudicado en su contrato como proveedor del Estado.
El empresario aseguró haber entregado audios y videos al Ministerio Público de las extorsiones que tuvo que pagar en el parqueo de la Procuraduría General de la República.
Mediante una entrevista para “Somos Pueblo RD”, el empresario señaló que ganó la licitación para suplir 6,500 camas en el Plan de Humanización del Sistema Penitenciario “limpiamente” que iban a ser instaladas en la cárcel de la nueva Victoria.
Alega que como ya había ganado procesos “pequeños” anteriores era conocido por las autoridades de ese momento del Ministerio Público.
Ramírez, quien será utilizado como testigo en contra de Jean Alain Rodríguez, indicó que ganó la licitación por 122 millones de pesos y que luego “cambiaron todo”, diciéndole que debía aumentar el precio ya que estaba muy bajo. La licitación cerró con un monto de RD$ 173,999,518.77.
Durante la entrevista, el empresario exclama que él “no sobornó” a nadie y que se puso a grabar las conversaciones y las entregas del dinero, el cual era mediante un pago en efectivo, porque sabía que eso no “terminaría muy bien”.
De acuerdo a las declaraciones, Rafael Canó, quien era "el número dos", era la persona que le exigía el pago de los sobornos.
Asegura que accedió a pagar de extorción al equipo de Compras que enviaba Canó por 28.5 millones de pesos, dinero que pagó y que no llegó a las manos del "número dos".
“Uno se cogió lo cuarto y no se lo entregó el jefe”, por lo que supuestamente Canó le exigió pagar el doble del dinero o el 70% de los pagos que recibía por las camas del Plan de Humanización.
“Cuando se cierra todo y Canó dice que él no tiene que ver con esos cuartos que yo di, que yo tengo que comenzar desde cero", dijo en la entrevista.
Expresa que terminó pagando entre 35 y 40 millones de pesos en las extorsiones.
Rafael Canó se encuentra en España a la espera de ser extraditado al país.
En el caso Medusa, se acusa a la red comandada por el exprocurador de estafar al Estado con más de RD$6,000 millones durante la gestión gubernamental del expresidente Danilo Medina.
Además de Rodríguez, también están implicados Jonathan Rodríguez Imbert, Alfredo Solano Augusto, Altagracia Guillén Calzado, Jenny Marte Peña, Javier Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercedes, Miguel José Moya; al igual que Lisandro José Macarrulla Martínez, hijo del ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla.
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