Las autoridades actuales del programa Supérate han diseñado e implementado una estrategia propia del populismo que afecta a la política de hoy.
Presentan los logros del pasado gobierno como propios, cambiándole la envoltura e invirtiendo cuantiosas sumas de dinero al marketing y la publicidad y, por otro lado, se busca justificar los fallos actuales del sistema de protección social alegando que se sustentan en debilidades del pasado o que surgieron en la administración pasada.Con muy poca creatividad, han querido decir que el programa Progresando con Solidaridad era solamente una tarjeta, tratando de eliminar los testimonios de cientos de miles de familias que recibieron acompañamiento socioeducativo, capacitación técnico-profesional, formación humana, conocimientos en tecnologías de la información y la comunicación, herramientas para la convivencia, acceso al microcrédito, participación en programas para el combate a la violencia de género y el embarazo adolescente, una amplia oferta para mejorar la salud de los participantes del programa y muchas cosas más. Hoy no se hace ni el 10% de lo que se hacía antes. Otra parte de esta estrategia tiene un propósito aún peor: que la opinión pública crea que los problemas de la tarjeta eran de Progresando con Solidaridad y no del programa Supérate. Nada más falso.
Habría que preguntarse cómo es que las mismas tarjetas, los mismos veriphones y colmaderos, los mismos bancos y sistemas tecnológicos y de seguridad, que funcionaron correctamente durante 16 años, sin escándalos y sin quejas de los usuarios, más allá de las normales de un sistema de esta magnitud, de repente fueran el objeto del más grande fraude contra los subsidios sociales en la historia de la República Dominicana.
Analicemos el caso
¿Qué cambió después del 16 de agosto del 2020? Lo primero que desapareció fue la coordinación de las políticas sociales. En el ámbito político, todo el mundo sabe que el programa Supérate opera de forma independiente a las directrices del Coordinador del Gabinete de Políticas Sociales, una falta a la institucionalidad y al principio de coordinación requerido por un programa de esta magnitud y profundidad técnica. Esto sucede en franca violación a lo dispuesto por el artículo 2 del Decreto núm. 377-21.
Lo segundo que cambió después del 16 de agosto del 2020 fueron las personas. Como era lógico, en toda la estructura de la protección social fueron sustituidos los principales funcionarios y servidores públicos provenientes de la administración pasada. En consecuencia, los cambios operativos y normativos que han sucedido a partir del cambio de mando constituyen una responsabilidad exclusiva de las autoridades actuales.
Algunas interrogantes importantes para la investigación es verificar la fecha de entrada al programa de los colmados involucrados en el fraude, en qué momento recibieron el veriphone o, en caso de que lo entregaran a otra persona, a quién o quiénes entregaron el equipo o el dinero del fraude.
Lo tercero que ha cambiado han sido las normas de supervisión y control del programa. La directora general de Supérate, que acudió al Congreso Nacional a una entrevista prácticamente privada coordinada por compañeros de su partido, presentó como “soluciones al problema” un conjunto de medidas administrativas que ya existían en el pasado y que, si se van a implementar de nuevo es porque las autoridades actuales las habían deshabilitado.
¿Cuáles son estas medidas que supuestamente son nuevas? La creación de un departamento de monitoreo de los datos en ADESS, una unidad que se entregó funcionando correctamente el 16 de agosto del 2020; el bloqueo de tarjetas con transacciones irregulares en horario de la noche, otra medida que hace años se implementó en el programa precisamente para evitar fraudes; y el fortalecimiento de los controles de acceso a carpetas compartidas con información sensible, una medida que nos lleva a pensar que la directora general de Supérate sospecha que elementos de la administración tuvieron acceso a información sensible que pueden haber compartido con terceros, una información sobre la cual la comisión del Congreso Nacional debió profundizar.
En adición a esto, después de que asumiera la nueva administración hemos observado otras debilidades del sistema que no tienen razón de ser. Por ejemplo, la entrega de tarjetas sin nombre ni cédula, alegando que por la rapidez no se pudo hacer, no es más que una excusa, porque se pudo realizar de alguna otra forma para transparentar estas entregas en las comunidades.
Tampoco se explica que la directora general del Supérate afirme que los bancos afectados se han encargado de reponer el dinero, pero no se presenta la querella de estos bancos contra los posibles delincuentes con el fin de recuperar su dinero. Nadie le podrá creer a las autoridades que un banco repuso cientos de millones de pesos de buena fe y sin reclamarle a nadie más.
Mucho menos se explica el afán de las autoridades de presentar casos del pasado como justificación a un fraude que es exclusivo de quienes ocupan actualmente el Gobierno dominicano. El nivel que hemos observado de crimen organizado en torno a este fraude nunca se ha observado en las políticas sociales, es una novedad propia del gobierno del “cambio”.
A quienes escriben con el propósito de confundir a la opinión pública debe quedarles claro que el fraude a la tarjeta de los más necesitados es de ahora, de Supérate, y que cualquier intento de confundir a la opinión pública cuenta con casi 1.6 millones de testigos en todo el país, que podrán dar fe y testimonio de que, hasta el 16 de agosto del 2020, siempre recibieron sus fondos sin dilación, completos y sin fraude.
La verdad es que el programa Supérate logró un único objetivo. Ahora tenemos más que una tarjeta, ahora tenemos un fraude.
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