Las Oficialías del Estado Civil de la Junta Central Electoral trabajaban bajo un régimen similar al que actualmente operan los consulados dominicanos, con claros márgenes de discrecionalidad que terminaban beneficiando a quienes dirigían esas entidades.
Esto consistía en que el oficial del Estado Civil era el que establecía el precio de las tasas, las cuales se cobraban por los servicios del Registro Civil. Además de cuánto se cobraba por documentos como actas de nacimiento, de matrimonio, y cuánto cobraba un oficial del Estado Civil por celebrar un matrimonio tanto dentro como fuera de la oficialía.
Cada oficialía, según explica Roberto Rosario, pasado presidente de la Junta Central Electoral, establecía un costo distinto sin tener interés en de qué manera esto perjudicaba al ciudadano.
Además de ello el ex presidente de la entidad indicó que alrededor de las oficialías se crearon mafias, las cuales dificultaban el proceso de obtención de la documentación de las personas.
Algo que facilitó esta acción era que, en ese entonces, más del 98 % de los trabajos en esas entidades eran manuales. Así que en conjunto a empleados del interior de la Junta y personal del exterior, se extorsionaban a los ciudadanos, el cual tenía en ocasiones que pagar grandes cantidades de dinero para poner tener un documento, e incluso duraba extensos periodos para conseguirlo, por esos mismos obstáculos.
El también ex presidente de la Junta Central Electoral (JCE) dijo que, al igual que en la actualidad, todo el mundo conocía sobre la situación, tanto así, que se venía arrastrando desde alrededor de los años 80 y 90.
El entramado estaba ahí y todos lo sabían, pero no era de interés de los que pasaban por el cargo, según Rosario.
“Nosotros sabíamos qué estaba ocurriendo porque, así como el lo publica ahora, otros medios lo denunciaron en ese momento”, explicó, agregando que, tomando en cuenta las denuncias que salieron en medios escritos y televisados, en el año 2007 se sometió un reglamento al pleno de la JCE para que esta procediese a declarar esos ingresos como públicos.
En ese reglamento, según lo detallado por Rosario, se estableció que, a partir de ese momento, el salario que recibía un el Oficial del Estado Civil pasaría a ser un salario que pagaría la JCE, contrario a como ocurría anteriormente que de todo lo ingresado a la oficialía se cubrían los costos de funcionamiento de la entidad y lo restante iba en beneficio a ese oficial.
El servidor público declaró que había alrededor de 30 o 40 Oficialías que tenían ingresos superiores al mes de más de RD$800,000 y, en algunos casos, superando los RD$2,000,000 mensuales.
Al momento de ponerse en marcha lo establecido por el reglamento sometido, el primer año se produjo un ingreso anual, por ese concepto, de RD$600 millones y al año 2016 ya esa cifra iba por RD$1,200 millones por esas actividades de autogestión.
Expuso que, en el caso de los consulados, existen algunos que funcionan bajo el mismo criterio, poniendo como ejemplo al de Nueva York, el de Madrid, el de Barcelona y los de Haití, donde, de cierta manera, operan bajo el mismo modo de “discrecionalidad, regularización y de total autonomía” sobre los fondos, los cuales son aportados por el ciudadano.
“Son fondos públicos que se manejan de manera privada y que se utilizan con el único propósito de favorecer a alguien”, señaló Rosario.
Igualmente, puntualizó que el gobierno actual había prometido en la campaña que, de asumir la dirección del Estado, resolvería y eliminaría esos “privilegios” y los convertiría en ingresos públicos.
Lo cual, en el caso de que ocurriese, se mejoraría el servicio civil que ofrecen los consulados y los ciudadanos recibirían un mejor servicio y más barato. Criticó, también, que actualmente República Dominicana tiene el servicio consular más caro de América Latina.
Y alegó, que la Constitución pone a cargo del presidente el control y la disposición de las políticas del exterior, tanto desde el ámbito administrativo como el funcional. “Solo basta con un decreto del presidente o con una decisión que emita la dirección del Mirex para que eso se regularice igual que lo hizo la JCE”.
“Cuando yo sometí el reglamento, nadie me lo pidió, nadie lo exigió, simplemente había la voluntad política de disminuir los costos a los ciudadanos, de facilitar la vida de estos y eficientizar ese servicio”, comentó Rosario.
También detalló que gracias a esos ingresos, el 98 % del papeleo que era manual ya actualmente el 100 % se encuentra automatizado, sumándole a que, del mismo modo, el patrimonio de la JCE aumentó “sustancialmente” y casi todas las oficinas en el interior del país fueron construidas con los recursos que provinieron del pago de los ciudadanos.
Rosario dijo que eso pudiese ocurrir ahora, que se “eficientice y dignifique el servicio exterior” que se les ofrece a las personas, lo cual ha pasado a ser, “si no el principal, por lo menos el segundo renglón de nuestra economía en tiempos de pandemia y post pandemia”.
“Así como lo hizo la Junta en el 2007, así mismo lo puede hacer el Mirex ahora. Puede emitir una resolución o un reglamento que la ley orgánica le permite, asumiendo el control de esos ingresos”, reveló, sumándole que, esos recursos, los cuales quedan en manos de cónsules, deben pasar a manos del Mirex o de la cuenta única del tesoro de República Dominicana.
Rosario indicó que ese acto y su control de administración a lo único que conducen son a prácticas corruptivas que deben ser expulsadas del Estado.
“No hay ningún impedimento y no se requiere una ley para ello. Yo no requerí una ley para eso”, expresó.
Roberto Rosario, también pasado presidente de la Cámara Administrativa de la JCE entre 2006-2010, consideró que no hay una voluntad política del gobierno para solucionar el tema del servicio consular para que se pase a convertir en una acción pública para beneficiar a los ciudadanos y al Estado dominicano.
“No hay voluntad política de este gobierno para que eso que se está haciendo, utilizando la función pública para beneficios privados, se pase a convertir en una acción o política pública que favorezca a los ciudadanos y al propio Estado”, dijo.
El dirigente político describió que los consulados tienen una facultad amplia para “penalizar al ciudadano” a través de establecer costos o las tasas de los servicios que les ofrecen en las demarcaciones del exterior donde funcionan.
Asimismo, habló que esta es una práctica que no es nueva, que se utiliza como un “mecanismo de compensación o favoritismo” hacia ciertas personas o incluso dirigentes políticos para utilizar la función con el objetivo de desarrollar actividades políticas financiadas o simplemente enriquecerse, en ese caso, con recursos que ahí ingresan.
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