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Cada párrafo del expediente, tan revelador como comprometedor, forma un agregado a lo que parece ya un ensortijo de intrincada vida delictiva.
Cada detalle surgido de la pieza acusatoria contra la alegada red de ciberdelincuencia, golpeada ahora por la “Operación FM”, que operaba desde Santiago y dejaba en añico económico a sus víctimas en Estados Unidos, arroja cada vez más luz sobre el grado peligroso alcanzado, durante años, prácticamente inadvertido, por empresas del delito en el país.
En sus negocios ilícitos, conforme con fiscales a cargo de la investigación de este caso, algunos encartados no solo andaban de liga con su red, sino que se vinculaban con otras operaciones que les sumaba riquezas, placeres, ostentación ilimitada, lujos y poder desmedido.
Esos eran sus negocios y parece que, entre los implicados, no había límites ni les importaba la cuestión de piedad o pudor.
“En el crimen todo es cuestión de forma. Las variantes de la delincuencia no son más que proteísmos de un mismo hecho: la violación de la ley”, eso dijo en su momento, con valor vigente, el escritor peruano Enrique López Albújar, muerto hace 56 años.
El caso de Juan Gabriel
Un ejemplo de esto viene de lo más recién conocido del definido presunto cabecilla de la red desmantelada por la operación a cargo del Ministerio Público, Juan Gabriel Pérez Tejada, del que asegura está vinculado con hechos en los que participó el imputado José Alejandro de la Cruz Morales, del “Caso Falcón”.
La Procuraduría Especializada en Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo sostiene que Pérez Tejada fue propietario de un vehículo involucrado con actividades en las que participó el presunto grupo criminal dirigido por De la Cruz Morales, de alias “Omar La Moña”, ahora bajo prisión preventiva en Santiago.
Datos en reseñas
Registros periodísticos del 29 de junio de 2013 indican que la Policía Nacional capturó a cuatro personas, una de las cuales mató a tiros a dos durante una transacción de drogas en la carretera que conduce a Santo Cerro, en La Vega, la noche del 18 de junio.
Las víctimas
El informe policial estableció que se trató de Rafael Antonio Sánchez Brito (El Rubio o El Mortal), residente en Jarabacoa, quien disparó contra Maireni González Salvador y Cecilio Eusebio Suero (El Muerto), causándoles heridas mortales, en medio del negocio de varios kilos de cocaína.
Las víctimas estaban acompañadas de José Alberto Pujols López, quien, según la Policía, logró escapar del lugar, y sus declaraciones sirvieron para ubicar y apresar a los cuatro involucrados en el doble asesinato.
Pujols López dijo que llegaron al lugar a bordo de una yipeta Chevrolet Tahoe, placa G213475, y que el hecho se produjo cuando los victimarios montaban a otro vehículo similar, provistos de chalecos antibalas y gorras color negro, portando armas cortas y largas.
El testimonio de Pujols
De acuerdo con el testimonio de Pujols López a las autoridades, los cuatro sujetos actuaron por encargo de De la Cruz Morales y de otra persona, a quien sólo identificó por el sobrenombre de Johnny.
De la negociación de la cocaína, los principales responsables eran Maireni, quien sería la vendedora, y De la Cruz Morales, el comprador.
El vehículo en el que iban las personas que fueron asesinadas era propiedad de Pérez Tejada.
De acuerdo con el Ministerio Público, esto puede confirmarse mediante la sentencia TC/0090/15, relativa al recurso de revisión constitucional de amparo interpuesto por el imputado Pérez Tejada contra la sentencia 00071/13, del 18 de julio de 2013, dictada por la Tercera Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega.
El reclamo del vehículo
En la revisión “el imputado pretendía que se ordenara a la Procuraduría Fiscal de la Vega, o cualquier otra autoridad que tuviese la guarda del vehículo tipo Jeep, marca Chevrolet, modelo Tahoe del año 2007, color blanco, con placa número G213475, su devolución inmediata, dado que había sido secuestrada de manera ilegal, en fecha del 19 de junio de 2013”, establecieron los fiscales.
La solicitud fue rechazada por el tribunal constitucional, pero los fiscales dicen que “dejó establecido fehacientemente el vínculo de Pérez Tejeda desde el año 2013 con actividades relativas a narcotráfico y el lavado de activos”.
CLAVES
Las operaciones
El grupo acusado de pertenecer a una red de lavado de activos también se dedicaba, según el Ministerio Público, a “operaciones de narcotráfico a gran escala”.
El ente acusador precisó que estos introducían el dinero al país de forma camuflada, escondido dentro de bocinas, y luego lo ponían a circular en el sistema financiero nacional.
El escenario para perpetuar sus acciones era Único Auto Detailing, LLC., un negocio dedicado a la reparación y modificación de automóviles antiguos y al lavado y mantenimiento de vehículos de alta gama, propiedad de Juan Gabriel Pérez, alías “El Gordo”, uno de los encartados.
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