Las operaciones anticorrupción de la Procuraduría General de la República han dominado la atención pública desde el destape del caso Antipulpo, un supuesto entramado revelado hace justamente un año.
Los inicios de la presente gestión del presidente Luis Abinader estuvieron matizados por denuncias de corrupción en instituciones públicas. Al asumir sus cargos, varios funcionarios de la actual administración dieron a conocer el hallazgo de supuestos “actos sospechosos de irregularidades” provenientes de la administración anterior y de la vigente.
Lo cierto es que, la lista de denuncias es larga y no solamente por corrupción. Muchas se encuentran en proceso de investigación, algunas sin señales de avance y otras se mantienen como acusaciones.
La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), que encabeza Milagros Ortiz Bosch, proporcionó a Listín Diario un informe del curso actual de muchas de ellas.
Caso Plutarco Arias
En febrero de 2021 Plutarco Arias, ex ministro de Salud Pública, quien se encontraba semanas antes en el ojo del huracán por una supuesta sobreevaluación y compra irregular de jeringuillas, fue removido de su cargo.
Poco después de darse a conocer su destitución, Arias emitió un comunicado en el que alegaba que había sido víctima de “una ola de infidencia y chantaje”.
“Diversos sectores interesados en repartirse el presupuesto del ministerio de salud, han desatado una andanada de mentiras, críticas, extorsiones y chantajes, con la finalidad de distorsionar mi labor esforzada, recta y transparente en la conducción del ministerio”, manifestó en la ocsión.
El decreto 131-21 se produjo el 26 de febrero de este año. Fue nombrado en su lugar, varios días después, el doctor Daniel Rivera.
Según la Dirección de Ética, sin ofrecer mayores detalles “todo lo relacionado al doctor Plutarco Arias, fueron decisiones tomadas directamente desde Presidencia”.
El caso del ITSC
En marzo de 2021 el programa de investigación de la periodista Addis Burgos denunció varias irregularidades en el Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC), entre ellas acoso sexual y laboral, nepotismo, aumento injustificado de nómina, uso desproporcionado y falta de transparencia de fondos públicos y duplicidad de cargos.
El entonces rector del ITSC, José Altagracia Sánchez, renunció de su cargo a propósito de la investigación que apoderó la Digeig sobre las denuncias. En cuanto a las anormalidades de índole administrativo, la entidad sostuvo que se han realizado múltiples requerimientos de indagación a instituciones como la Contraloría General de la República y la Junta Central Electoral, a fin de validar los hechos denunciados.
Los últimos documentos de este caso fueron recibidos este mes de diciembre y se encuentran en proceso de análisis conclusivo. La Dirección de Ética advirtió que debido a la gran cantidad de documentos recabados, el informe correspondiente aún no está listo.
Ministerio Juventud
El pasado 6 de diciembre fue destituida Luz del Alba Jiménez como ministra de la Juventud. Su baja se produce luego de una serie de denuncias que la ligaban, presuntamente, a intenciones de beneficiar en licitaciones a dos empresas llamadas Gretmon y SketchProm por un valor de 3 millones de pesos.
Por instrucciones de la presidencia de la República, para este caso se conformó una comisión conjunta entre las unidades de investigación de la Dirección General de Ética Gubernamental, la Contraloría General de la República y la Dirección General de Compras y Contrataciones. El expediente con los resultados del escudriñamiento fue remitido por el contralor general Catalino Correo Hiciano a la Pepca.
La predecesora de Jiménez, salió del cargo en condiciones similares, ya que estuvo bajo el escrutinio público por la procedencia de su patrimonio. La ex ministra de la juventud Kinsberly Taveras solicitó al presidente Luis Abinader una licencia en el ejercicio de sus funciones para ser investigada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción, sin embargo, semanas después hizo formal su renuncia.
La Dirección de Ética informó que Taveras está siendo investigada por el Ministerio Público, según estipula la Ley 311-14, sobre Declaración Jurada de patrimonio.
Caso Inabie
Tras denuncias sobre licitaciones irregulares en el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), Cecilio Rodríguez Montás, director de esta entidad fue destituido del cargo el pasado 17 de noviembre.
Días antes del decreto, fue anunciado que el Ministerio de Educación (Minerd) estaba realizando indagaciones sobre la licitación del almuerzo escolar del período 2021-2022. En este proceso participaron unos 2,565 oferentes de los cuales fueron adjudicados 1,821, para suplir el almuerzo a estudiantes de la tanda extendida.
La dependencia que dirige Milagros Ortiz confirmó que recibieron varias denuncias de personas afectadas por la situación y manifestó que “todos los expedientes fueron remitidos a Compras y Contrataciones por ser el órgano rector en materia de compras”. Al tiempo que comunicó, esa institución se mantiene “a la espera” de los resultados preliminares de la investigación para poder tomar medidas disciplinarias al respecto.
Inposdom
Adán Peguero, director del Instituto Postal Dominicano (Inposdom) fue señalado por presuntas irregularidades en la contratación de una empresa extranjera llamada “Mía Cargo Group”. En dicho contrato se encontraron anomalías que datan de hace varios años y en las que supuestamente el funcionario también participó.
Peguero pidió una licencia para ser investigado por las autoridades, la cual fue concedida por el presidente Abinader. Luego de esto, el director de la referida dependencia ha acudido a la procuraduría para fines de interrogatorio en más de cuatro ocasiones.
SEPA MÁS
Casos remitidos a la Pepca
Uno de los escándalos más sonoros de principios de gobierno fue el propiciado en el Plan de Asistencia Social de la Presidencia, debido a la desaparición de sus discos duros. En agosto del año pasado, Yadira Henríquez, directora de la dependencia, aseguró que fueron extraídos de los equipos de las áreas administrativas y jurídicas, los cuales contenían “informaciones de suma importancia”.
La información fue dada a conocer en una rueda de prensa dónde el propio presidente Luis Abinader afirmó que “no se tiene ninguna información sobre inventario, deudas, pagos y compras en el Plan Social, debido a que se llevaron todos los discos duros de las computadoras y las dejaron vacías”.
Este caso fue remitido a la Pepca el 19 de octubre de 2020.
Asimismo fue remitido al órgano persecutor para fines de investigación el caso del Departamento Aeroportuario de Puerto Plata, donde el pasado mes de julio se denunciaron presuntas anomalías administrativas.
Sin denuncia formal
Se sumó a la lista de funcionarios denunciantes el ministro de Medioambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera, quien advirtió había encontrado un “abultamiento en la nómina de la institución”. No obstante, según la Dirección de Ética, no se registró ninguna denuncia al respecto.
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