Desde abril hasta agosto de 2020, en el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), dirigido por la esposa del detenido general de la Fuerza Aérea Carlos Torres Robiou, se montó “la misma estructura delictiva” que operó en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), según la Procuraduría de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) en el documento de solicitud de medidas de coerción a los 13 imputados en la Operación Coral 5.
El Pepca señala que la exdirectora Greybby María Cuello Coste de Torres, quien no ha sido apresada, desde que inició en el Conani, en el mes de abril, solicitó a la Presidencia de la República el nombramiento de uno de los principales imputados en el caso Coral, Rafael Núñez de Aza, como director financiero, lo cual se aprobó, pero luego la Contraloría al hacer la auditoría para ejecutar el pago de su salario, de RD$125,000.00, lo rechazó “en razón de que el personal militar no puede ocupar puestos administrativos en una institución civil”.
No obstante, De Aza, aunque no figuraba en el puesto, era quien ejecutaba las funciones del director financiero a pesar de no aparecer en los registros públicos.
Rafael Núñez de Aza se le atribuye ser el “cerebro financiero y administrador de las propiedades” en el Cestur y a la vez en el Cusep por encargarse de “desviar los fondos de las instituciones donde intencionalmente era puesto como gerente por sus directores”.
El pasado mes de junio, al citar a una directora del Conani, cuyo nombre no reveló en ese entonces, la procuradora adjunta Yeni Berenice dijo que los implicados en el caso Coral llegaron a comprar propiedades millonarias con fondos sustraídos al Conani, lo que tildó de “crimen atroz y terrible”.
“Como hemos podido evidenciar, la misma estructura delictiva montada en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP) y más aún en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR) por el imputado Juan Carlos Torres Robiou fue establecida en el CONANI en los meses de gestión de la ex directora Greybby María Cuello Coste de Torres, teniendo como cabeza al imputado Rafael Núñez de Aza”, indica la documentación sometido en esta semana por el Caso Coral 5.
Al no poder realizarse los nombramientos como pretendía, Greybby María Cuello Coste reintrodujo la solicitud , pero cambiándole las designaciones con otras compatibles con sus funciones militares, “sin embargo, las mismas, eran funciones falsas”.
Junto a Núñez de Aza se nombró también a Roberto Acevedo Tejada, como director administrativo y financiero, con un salario a devengar de RD$160,000.00; a José Javier Rosario Pimentel, encargado del Departamento Administrativo, con DOP$125,000.00; Rafael Arturo Vargas, encargado de la Sección de Compras y Contrataciones, con RD$80,000.00.
El Pepca sostiene que, según los registros de los pagos de viáticos solo en dos meses, de julio y agosto del 2020 , se evidencia que los nombrados Rafael Núñez de Aza, Roberto Acevedo Tejada y José Javier Rosario Pimentel, recibieron RD$307,200.00”.
“Con estas designaciones, el imputado Juan Carlos Torres Robiou (a) D1, en componenda con su conyugue Greybby María Cuello Coste de Torres buscaban, replicar la misma estructura financiera de corrupción que este mantenía en el CESTUR”, agrega el documento en el cual implica a la exdirectora del Conani.
A la red de militares del entramado de corrupción administrativa desmantelado con las operaciones Coral y Coral 5G movió al menos RD$4,500 millones en propiedades y productos financieros, según informó el Ministerio Público el pasado jueves.
El Pepca afirma que el general de la Fuerza Aérea Carlos Torres Robiou y su esposa Greybby María Cuello Coste adquireron 17 préstamos millonarios, los cuales pagaban antes de tiempo a las entidades financieras, entre esos compromisos cita de RD$8,160,000.00; RD$4,000,000.00; RD$5.8; RD$1.5 millones y RD$1.6 millones.
“Es la cantidad de préstamos asumidos en el periodo 2014-2020, con cuotas que no les permitiría mantener el estilo de vida que ostentan basado en los ingresos que declaran, además de la realización de pagos anticipados de algunos de estos”, indica el documento.
De acuerdo a la solicitud de medida de coerción sobre el caso Coral 5G, también el encargado de cuentas por pagar del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), David Abreu Padilla, reveló a las autoridades que realizaba pagos fijos personales del general Juan Carlos Torre Robiou con fondos de esa institución.
Algunos de los pagos consistían en las tarjetas de crédito del general y de su esposa, pagos de mantenimiento del departamento en el Regatta Residencia y la hipoteca, además de depósitos fijos con el concepto “Arroyo Naranjo”, que supuestamente hace referencia a las propiedades del general en Jarabacoa.
Asimismo los fondos del Cestur habrían servido para la compra de ropas, zapatos, accesorios en tiendas exclusivas de la República Dominicana y pagaban las matrículas de los colegios de los hijos.
“Lo que evidencia las distintas formas en la que el general Juan Carlos Torres Robiou distraia los fondos de CESTUR, esto sin obviar los fondos en efectivos que recibía”, asegura el Pepca.
Se recuerda que la distracción de los recursos del Cestur y el Cusep se hacía con la contratación de policías y militares a los cuales se le descontaba hasta el 70 por ciento para supuestamente la red distribuírselos.
La alegada red estaba encabezada por el mayor general Adán Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Ayudantes Militares de la Presidencia (Cusep), quien cumple una resolución de prisión preventiva en Najayo.
También guarda prisión Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), así como del cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la religiosa; el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.
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