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La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) apresó anoche a Juan Carlos Mosquea Eduardo, señalado como jefe operativo de la red de narcotráfico y lavado de activos desmantelada mediante el caso Falcón.
Juan Carlos es hermano de Erick Randhiel Mosquea Polanco, quien ha sido nombrado por el ministerio público como el cabecilla de la red dedicada al tráfico internacional de cocaína y lavado de activos.
El apresamiento de Juan Carlos Mosquea, de acuerdo a informaciones suministradas por una fuente a Listín Diario, se produjo en la provincia Puerto Plata, donde estaba refugiado.
La solicitud de medida de coerción contra los implicados en esta red establece que la función principal de Juan Carlos Mosquea Eduardo era prestar su nombre para la compra de propiedades y administrar las empresas de su hermano Erick Randhiel Mosquea Polanco.
Las mismas fuentes señalaron que hasta el momento han sido decomisados unos 180 vehículos de alta gama, adquiridos a través de la red de lavado de dinero y narcotráfico.
Mosquea Eduardo forma parte de las seis personas a las que el pasado martes las autoridades le pidieron que se entregaran a la justicia. Los demás que están prófugos son su hermano Erick Randhiel Mosquea Polanco, Kelvin Alexander Torres Bueno, Alberto de Jesús Polanco, Alberto Enmanuel de Jesús Polanco (también hermanos) y Osiris Medina Díaz.
De acuerdo a las autoridades, estos hombres andan con armas de distintos calibres y son individuos violentos y muy peligrosos.
Los prófugos son buscados por unidades élites y de reacción de agencias de inteligencia del Estado.
Prendas y dinero incautados
A esta poderosa red se le han incautado cerca de 180 vehículos de alta gama, residencias, relojes, cadenas de oro, crucifijos de oro, carteras, celulares de distintas marcas y más de más de 4.3 millones de dólares en efectivo.
Hasta el momento con la detención de Juan Carlos Mosquea suman 25 las personas apresadas. Los últimos en ser detenidos en la provincia Santiago, donde estaba la base de operaciones de la supuesta red, fueron Enerio Sandoval, quien se entregó a las autoridades tras los señalamientos en su contra. Mientras que Andrés Guzmán Collado y Amadeo Garibaldy Read Ruiz fueron apresados el pasado fin de semana.
A ellos se les suma María Olimpia Tavares Rodríguez, alias Oli y/o La Princesa; Juan Maldonado Castro, conocido como Marcial y/o El Líder, quien era director de Comunidad Digna y suspendido por el presidente de la República Luis Abinader tras conocerse su implicación en el caso.
También están Víctor Elpidio Altagracia Paulino Herrera, alias El Gordo; Luis Daniel Nieves Batista; Adolfo Antonio Torres Sanabia, conocido como Tony y/o Presidente; Julio César Jiménez Talavera, apodado domínico-venezolano; Juan Bautista Carpio Reynoso; José Alejandro de la Cruz Morales Omar, alias La Moña. También Raúl Antonio Castro Mota; Yana Iris Maldonado Castro; Angélica María Maldonado Peralta; Lenin Bladimir Torres Bueno; Marisol López Ceballos; Delfina Asunción Polanco; Ana Margarita Collado Marte; Erich Fernando Meléndez Gómez; José Miguel Castillo Taveras, alias Migue; Elva Teresa Polanco; Juan Carlos Durán Rodríguez; Javier Antonio Tavares Rodríguez y Felipe Espino Germán.
Contra ellos el ministerio público, representado por el fiscal de Santiago Osvaldo Bonilla Hiraldo, ha solicitado 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción y que el caso se declare complejo.
La medida de coerción es conocida este viernes en el Palacio de Justicia de Santiago.
Por este caso y ante la solicitud del ministerio público de investigar tres diputados señalados en esta red, fue designado ayer jueves el magistrado de la Suprema Corte de Justicia, Napoleón Ricardo Estévez Lavandier como juez de instrucción especial en la investigación.
Los diputados señalados como parte de esta red son Héctor Darío Féliz (Pirrín), Nelson Rafael Marmolejos Gil y Faustina Guerrero Cabrera (Grey Maldonado).
Procuradora y fiscales en reunión cumbre
La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, alabó ayer la “dedicación y calidad” del trabajo de los fiscales en los casos anticorrupción a su cargo, asegurando que esto los coloca ante “un gran desafío”.
Dijo que, para ella, resulta “un privilegio contar con un equipo que comprende la determinación de esta gestión de luchar contra la delincuencia y la criminalidad organizada”,
Sus declaraciones se produjeron tras una reunión de trabajo de alto nivel con los responsables de los entes de persecución del Ministerio Público a cargo de las investigaciones del caso Operación Falcón.
Específicamente, participó parte del equipo de fiscales investigadores y litigantes del proceso que desarticuló la red de lavado de activos provenientes del narcotráfico, un operativo que fue coordinado con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), los organismos de seguridad del Estado y la cooperación de agencias internacionales que luchan contra el crimen organizado.
Una gestión decidida
“Es un privilegio contar con un equipo que comprende la determinación de esta gestión de luchar contra la delincuencia y la criminalidad organizada, siempre amparado en criterios jurídicos para que se imponga el cumplimiento de la ley”, dealclaró.
El narcotráfico, agregó la magistrada, “lacera a toda la sociedad, con consecuencias que no siempre se pueden advertir con facilidad y que el lavado de activos afecta negativamente el tejido económico, al impactar con una competencia desleal a los sectores productivos y a personas emprendedoras”.
UN DATO
Las funciones
El ministerio público es responsable de la formulación e implementación de la política del Estado dominicano contra la criminalidad, que está dirigida a prevenir, controlar, gestionar y perseguir los hechos punibles . Un fiscal debe proteger el interés público y actuar con objetividad.
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