En cinco ocasiones distribuidas en más de una docena de audiencias, los imputados del caso de corrupción Antipulpo han intentado recuperar su libertad sin éxito alguno.
Lo mismo ha sucedido con los acusados del Caso Coral, quienes a pesar de varios intentos de revocar la medida, siguen guardando prisión preventiva.Aunque el Código Procesal Penal dominicano presenta más de 20 mecanismos legales para recobrar su libertad antes de cumplir la condena, 15 imputados que cumplen prisión preventiva como medida de coerción en los casos mencionados han aprovechado la oportunidad de apelar la decisión o han esperado a la revisión obligatoria de las medidas, con la esperanza de retomar su libertad.
Caso Antipulpo
El 8 de diciembre del año pasado, el entonces juez de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, impuso medida de coerción a diez implicados en el presunto entramado de corrupción, que, según el Ministerio Público, dirigía Alexis Medina, hermano del exmandatario Danilo Medina.
A principios de diciembre, la defensa de los imputados Alexis Medina Sánchez y Francisco Pagán, exdirector general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), aseguró que sus clientes cuentan con arraigo suficiente para ser favorecidos con la libertad por el juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional.
Pese a esto, la medida de coerción fue conocida por el juez José Alejandro Vargas y, seis meses después, cada uno de los presuntos implicados en el Caso Antipulpo están cumpliendo prisión preventiva en sus casas o en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo Hombres, en San Cristóbal, desde el pasado 9 de diciembre, incluyendo en los privados de libertad a Medina Sánchez y Pagan.
De igual forma, un mes más tarde, la confianza depositada en que cuentan con arraigo suficiente para revocar la medida llevó a los seis principales acusados a la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, el pasado 13 de enero.
Un aplazamiento para el 20 de enero y una última audiencia de unas 17 horas tuvieron como resultado la permanencia en prisión de Alexis Medina, Aquiles Alejandro Cristopher Sánchez, Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana, Francisco Pagán y Fernando Rosa Rosa.
El excontralor, Rafael Germosén, quien cumple prisión preventiva domiciliaria, también estuvo en el grupo que decidió apelar la medida. Sin embargo, a último momento retiró su solicitud para que fuera conocida por separado y no junto a los anteriores.
De su lado, Fernando Rosa, quien ha ido a los tribunales en búsqueda de su libertad algunas 5 veces, fue de los primeros que buscó que se revoque su medida de coerción, el 7 de enero. Aunque su defensa quería que se le conociera la apelación por separado, como solicitó Germosén, el ex director del Fondo Patrimonial de las Empresas Privadas (Fonper) terminó apelando junto a los otros cinco coimputados.
Mientras que Wacal Vernavel Méndez Pineda, enviado a prisión por tres meses, solicitó variar su arresto preventivo por una menos gravosa a mediados de febrero, cuando faltaban algunas dos semanas para la revisión obligatoria de la coerción, pautada para el 1 de marzo. Los registros periodísticos le cuentan tres intentos de salir legalmente de prisión, incluyendo las dos revisiones obligatorias de la medida.
Cuando correspondió la primera revisión obligatoria, el Ministerio Público solicitó que solo se realizara con cuatro de los imputados, pedimento que el juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional rechazó. Tras tres aplazamientos, el juez Amaury Martínez, ratificó el viernes 12 de marzo la medida de coerción a los implicados en el caso Anti Pulpo.
Pero esa decisión fue apelada a finales de mayo. Luego de 2 audiencias, por segunda vez una sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, presidida en esta ocasión por Rafael Báez, impuso el mantenimiento en prisión para Medina y Rosa.
En el caso de Alquiles Christopher, el juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional rechazó el 9 de junio la tercera solicitud de variación que había requerido, a pesar de que un médico diagnosticara el deterioro que presentaba el inculpado, alegando que este podría sufrir una muerte súbita en cualquier momento.
Seis meses más tarde de que se conociera la medida de coerción, tocó una nueva revisión obligatoria. Tras un aplazamiento del 6 al 9 de julio, se flexibilizaron las medidas de Freddy Hidalgo, exministro de Salud Pública; y a la hermana del expresidente Danilo Medina, Carmen Magalys Medina Sánchez.
Ambos continuarían con los grilletes aunque ahora se podrían desplazar hasta 500 metros; mientras que continuarían en prisión los otros ochos acusados.
Sobre Germosén no se tomó decisión alguna.
Según la fiscal Mirna Ortiz, ya iban 6 veces que distintos jueces examinaban el valor de la medida de coerción, aunque según registros periodísticos las audiencias ascendían a más de 12.
Francisco Pagán, Fernando Rosa y Alexis Medina son quienes más veces han buscado salir en libertad: siete veces. Asimismo, los dos últimos han recusado en varias ocasiones a los jueces encargados de decidir si continúan o no en prisión.
Los abogados de Rosa, recusaron al juez Pablo Imbert el 18 de junio cuando el magistrado conocería la revisión obligatoria de la medida de coerción de los implicados en el caso.
Mientras que Alexis Medina hizo lo mismo con el juez Amaury Martínez, el pasado 21 de julio, obligando que se posponga la audiencia para el 13 de agosto en lo que la corte de Apelación del Distrito Nacional designe otro juez o lo confirme para conocer la revisión obligatoria.
Caso Coral
La jueza Kenya Romero decidió el pasado 10 de mayo enviar a prisión preventiva por 18 meses, al mayor general Adán Cáceres Silvestre, la pastora Rossy Guzmán y su hijo Tanner Antonio Flete Guzmán, el teniente coronel de la Policía, Rafael Núñez de Aza, y el sargento Alejandro José Montero Cruz.
Todos, juntos a Raúl Alejandro Girón, quien cumple arresto domiciliario, están imputados de formar un entramado militar y policial que habría desfalcado el erario público con más de 3 mil millones de pesos.
Ninguno de los que cumplen sus medidas en los centros de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres y Najayo Mujeres esperó a la revisión obligatoria del caso, sino que desde finales de junio estaban gestionando apelar la decisión de la magistrada Kenya Romero.
El 22 de junio, Tanner Guzmán, hijo de la pastora Rossy Guzmán; Rafael Núñez de Aza y Alejandro Montero Cruz, se presentaron ante dos salas penales de la Corte de Apelación, con el fin de obtener su libertad sin éxito alguno.
Seis días después le tocó el turno a Rossy Guzmán; Rafael Núñez de Aza y Alejandro Montero Cruz, a quienes tampoco le variaron la medida.
Como crónica de muerte anunciada, el mismo resultado obtuvo Adán Cáceres, exdirector del Cuerpo de Seguridad Presidencial durante las gestiones de Danilo Medina y acusado de encabezar el entramado, al apelar el pasado 1 de julio.
Sus abogados han convocado a ruedas de prensa en distintas ocasiones, siendo la más reciente el pasado 21 de julio, en la que denunciaron que no le dejaban ver a su defendido.
Caso Medusa
Luego de varias audiencias y días arrestados de forma preventiva en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, la jueza Kenya Romero dispuso prisión preventiva por 18 meses a cumplirse en Najayo contra Jean Alain Rodríguez, Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, Alfredo Alexander Solano Augusto, y Javier Alejandro Forteza, imputados en la Operación Medusa.
Aunque aún no llega la fecha para revisar la decisión de la jueza Romero, ya los abogados del exprocurador Jean Alain Rodríguez anunciaron el pasado 14 de julio que recurrirán a otro tribunal.
El mismo día en que fue trasladado Rodríguez, su defensa, encabezada por José Figueroa Guílamo y Gustavo Biaggi, dijo que interpondrá un recurso de apelación, para que la medida sea revisada por un tribunal colegiado, porque creen que han influido en la decisión el ambiente externo del tribunal.
Mientras que Altagracia Guillén Calzado, Jenny Marte Peña y Rafael Antonio Mercedes Marte, continúan bajo arresto domiciliario que dispusiera la magistrada. Se recuerda que a Miguel José Moya, se le dictó presentación periódica e impedimento de salida, además de una fianza de un millón de pesos en modalidad de contrato.
Cartas
Tanto Adán Cáceres como Jean Alain Rodríguez hicieron llegar cartas a medios de comunicación durante sus primeros días de apresamiento.
Cáceres envió a Listín Diario una misiva por medio de su defensa técnica, cuyas líneas solicitaban “un trato equilibrado y justo” en Najayo Hombre, a la vez que aseguraba ser “totalmente inocente”.
De su lado, el exprocurador Rodríguez envió un manuscrito a la periodista Alicia Ortega en el que atribuía las acusaciones en su contra como consecuencia del malentendido que tuviera con la hoy procuradora general de la República, Miriam Germán, en las vistas del Consejo Nacional de la Magistratura en 2019.
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