Las revelaciones sobre el alcance del espionaje en algunos países a través del programa Pegasus muestran cómo esos gobiernos podrían utilizar métodos excepcionales de defensa de la seguridad nacional para atacar la libertad de prensa y los derechos humanos.
La publicación este lunes de una investigación de un consorcio de medios internacionales, coordinados por la organización francesa Forbidden Stories y con apoyo técnico de Amnistía Internacional, pusieron en evidencia que esos países seleccionaron más de 50.000 números de móviles para espiarlos.
Como clientes de la firma tecnológica israelí NSO Group, enviaban los números que querían que fueran espiados, según la investigación, realizada por 17 medios de comunicación de diez países.
Arabia Saudí, Marruecos, México, Hungría, la India y Azerbaiyán figuran entre los que habrían recurrido a esta práctica, según los autores de la investigación.
PERIODISTAS, ACTIVISTAS Y POLÍTICOS
Los medios buscaron quiénes estaban tras esos números y encontraron a 189 periodistas, a 65 altos cargos de empresas, a 85 activistas de derechos humanos y a más de 600 políticos y funcionarios gubernamentales, incluidos jefes de Estado y de Gobierno, ministros y diplomáticos.
Al menos 37 de esos números fueron infiltrados, entre ellos periodistas y activistas de derechos humanos, así como la primera esposa y la prometida del periodista saudí Jamal Khashoggi, asesinado en 2018 en el consulado de su país en Estambul.
"Es imposible saber si un número de teléfono específico que aparece en la lista se vio comprometido con éxito sin analizar el dispositivo", explicó hoy Forbidden Stories, aunque señaló que se ha podido constatar la "infección" en al menos una docena de móviles de periodistas.
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