Intentar impedir que reclusos dirijan actos de asesinatos, trafiquen drogas, ordenen secuestros, planifiquen fugas y extorsionen a los ciudadanos desde la “comodidad” de sus celdas sólo utilizando sus teléfonos celulares ha sido una constante para las autoridades del país. O al menos así ha sido en sus discursos.
Y puede que la palabra “éxito” no defina las propuestas que se han planteado, ya que la mayoría ha chocado de frente con problemas que han atacado por años al sistema carcelario dominicano: sabotajes, fallas eléctricas, descontrol y falta de presupuesto.
Para erradicar el problema, autoridades de distintas gestiones han propuesto instalar bloqueadores de señales telefónicas y prohibir el uso de celulares en los centros penitenciarios, pero no prosperaron.
En el expediente de solicitud de medida de coerción contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez y demás implicados en la “Operación Medusa”, el Ministerio Público señala que en la actualidad ninguna cárcel del país cuenta con bloqueadores de señales telefónicas.
El pasado 24 de noviembre la Dirección General de Prisiones emitió una comunicación en la que certificó que “no tienen ningún Centro de Privación de Libertad (CPL), con equipos bloqueadores de señales de servicios telefónicos celulares”.
Esto a pesar de las numerosas denuncias por parte de ciudadanos que aseguran haber recibido llamadas y mensajes de texto por parte de reos que buscan robarles sus pertenencias, amenazarlos y/o extorsionarlos.
No han sido uno ni dos los intentos de las autoridades para ponerle fin a las llamadas ilícitas desde y para las cárceles. Es un asunto que lleva más de una década y todavía nada.
Perros que detectan celulares
El 12 de septiembre de 2011 el exprocurador general, Radhamés Jiménez Peña, garantizó que el país iba a adquirir perros amaestrados en detección de celulares mediante un convenio con la Embajada de Estados Unidos.
Según Peña, los caninos iban a evitar la entrada y uso con fines delictivos de aparatos móviles en las prisiones dominicanas.
Pero los perros estadounidenses no eran todo, el exprocurador también incluyó en su propuesta la instalación de inhibidores de señal para celulares, la incautación de parábolas y eliminar los servicios de internet de las cárceles.
Esta iniciativa no fue fortuita: dos días antes el entonces presidente de la República, Leonel Fernández, ordenó el bloqueo de señales telefónicas provenientes de los centros penitenciarios del país durante un panel por la seguridad ciudadana realizado en Santiago.
Luego, el 28 de septiembre del mismo año, el exmandatario emitió el decreto 564-11 mediante el cual declaró de emergencia la adquisición de equipos de alta tecnología para evitar que los reos tuvieran acceso a llamadas telefónicas desde las cárceles por razones de “seguridad nacional”.
Fernández comisionó al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) para gestionar la adquisición e instalación de los equipos inhibidores de señal, e instruyó a la institución para que determinara los criterios y procedimientos usados por las empresas de telecomunicaciones para suspender sus servicios utilizados por los reclusos.
La disposición del entonces presidente también requirió de la colaboración de las empresas telefónicas para minimizar el nivel de potencia de sus señales en las penitenciarías, esto cuando fuera técnicamente posible.
El “bloqueo” de Domínguez Brito
El primer intento que se llevó a la práctica para colocar un sistema inhibidor de señales telefónicas móviles en las cárceles se le atribuye al exprocurador de la República, Francisco Domínguez Brito, quien en 2014 presentó su plan ante la población con un costo estimado de RD$100 millones.
El proyecto de prueba inició en la cárcel del 15 de Azua en la que se instalaron 10 bloqueadores, cada uno en un punto estratégico del recinto, a un precio que rondaba entre los RD$1.5 millones y los RD$1.8 millones.
El exfuncionario previó que cuando contaran con los recursos suficientes este plan se extendería en cuatro recintos carcelarios del país, entre los cuales estaban Najayo, en San Cristóbal, y La Victoria, en Santo Domingo Norte, como las dos prioridades.
“Paulatinamente se unirán otros centros porque la institución carece de recursos para que se instale de manera simultánea a nivel nacional, lo que implicaría una inversión superior a los RD$100 millones, con unos 30 centros operando bajo ese sistema”, señaló.
En ese momento Domínguez Brito indicó que el monto necesario para desarrollar totalmente el proyecto era “inalcanzable” para ejecutarse con el presupuesto del Ministerio Público.
HM Consulting, la empresa que puso en marcha el plan piloto en la cárcel de Azua, identificó 10 puntos de colocación de bloqueadores cancelando por completo el funcionamiento de los teléfonos móviles en un perímetro aproximado de 40 metros.
Siete años después, en una entrevista a Listín Diario, Hiddekel Morrison, propietario de HM Consulting, señala que a pesar de que el proyecto funcionó por casi dos años en la cárcel, no se mantuvo a largo plazo por el “gran costo” que significaba para un Estado que tiene “debilidades financieras”.
“Instalar esos equipos requiere por parte del Estado un mantenimiento, verificar los reguladores de voltaje (…) eso es un costo para un Estado que tiene debilidades financieras”, expresó.
Morrison destacó que el proyecto debió permanecer por al menos cinco o seis años en la cárcel de Azua, no obstante, la ausencia de un abastecimiento eléctrico constante, la falta de mantenimiento y el sabotaje interno fueron factores que incidieron en que no pudiera mantenerse en pie con el tiempo.
“Partiendo de esa debilidad algunos reclusos le lanzaron cosas, no hay mucho control. En algún momento se le cortó el abastecimiento eléctrico y eso contribuyó a que no se mantuviera”, enfatizó.
El ingeniero señaló como la “mayor dificultad del sistema carcelario” el control y la retención dentro de los centros penitenciarios.
“Tú puedes inhibir, pero es un tema más simple: ¿cómo llega un celular a la cárcel? No debería ocurrir. No debería ser que bloquees la señal sino que ningún interno tenga celular”, aseveró.
Un proyecto de ley
El 16 de noviembre del 2014 el diputado de La Altagracia por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Juan Julio Campos, depositó ante el Congreso Nacional un proyecto de ley para bloquear las señales móviles en los centros penitenciarios.
Dentro de la propuesta de Campos se contemplaba que los reclusos realizaran llamadas telefónicas desde “casetas” supervisadas por las autoridades, para lo que se fijaría un horario y un una duración específica.
Tres años más tarde la Cámara baja aprobó en primera lectura la pieza legal, mientras Campos enfatizaba que la iniciativa había perimido en la pasada legislatura, por lo que era “altamente conocida” por los legisladores.
“No es posible que en el país lo reclusos se comuniquen a través de celulares sin ningún control, donde incluso planifican distintos crímenes”, se lee en el proyecto.
Otra vez…
El 12 de septiembre del 2019 se presentó nueva vez ante el Congreso Nacional el proyecto de ley para prevenir el uso de celulares por parte de los reos y bloquear las señales de estos aparatos, sólo que en esta ocasión lo depositó el exprocurador Jean Alain Rodríguez.
El mismo procurador le entregó la pieza personalmente al expresidente de la Cámara de Diputados, Radhamés Camacho, y aseguró que la iniciativa surgió como parte del plan de su gestión para prevenir y combatir el crimen.
“Este anteproyecto para el bloqueo de las señales de la telefonía móvil fue creado por considerar que el uso de telecomunicaciones para fines delictivos dentro de los centros penitenciarios es una problemática creciente en toda Latinoamérica”, dijo.
¿La tercera es la vencida?
El 21 de septiembre de 2020 el diputado Juan Julio Campos reintrodujo el proyecto de ley que había depositado en el 2014 con el mismo objetivo: prohibir que los presos cometan crímenes desde las cárceles a través de sus celulares.
La iniciativa buscaba que la PGR, la Dirección General de Prisiones y el Indotel aunaran esfuerzos para garantizar que las cárceles y centros de corrección cuenten con los equipos e infraestructuras que eviten las llamadas telefónicas y la transferencia de datos o imágenes. A esto se añade la instalación de cabinas telefónicas supervisadas en los recintos.
Las violaciones a las disposiciones de la ley, en caso de haber sido aprobada, suponía una condena de tres a cinco años de prisión y una sanción no menor de cinco ni mayor a 10 veces del salario mínimo.
La propuesta del diputado de La Altagracia se quedó ahí: en propuesta.
El “espionaje” de Jean Alain
La Operación Medusa, el más reciente operación en contra de la corrupción administrativa ejecutado por el Ministerio Público, develó que el exprocurador Rodríguez, principal señalado en la investigación, compró a expensas de la PGR un dispositivo bloqueador de señal tipo mochila y un equipo antidron para usarlos en su villa de Cap Cana.
La investigación arrojó que Jean Alain, bajo el argumento de que lo “espiaban ilegalmente”, compró los equipos por un valor de RD$3.9 millones con la supuesta finalidad de ser utilizados en las labores de las fiscalías que lo requirieran, sin embargo, estos eran utilizados en una de sus residencias vacacionales.
Durante un inventario llevado a cabo a partir del 16 de agosto del 2020 las autoridades actuales se percataron de la compra, pero los equipos no estaban ni en la Dirección de Tecnología ni en el Despacho de la procuradora.
Los fiscales que conducen la Operación Medusa afirmaron que el exprocurador se reunió con Soni Adriano Rosario José, procurador fiscal de Independencia, para que este firmara una comunicación en la que constataba haber recibido un antidron para su fiscalía a ser usado en la frontera.
Otra compra en 2018
La adquisición efectuada por Jean Alain no fue la primera en la institución. En 2018 ya se había comprado un equipo para bloqueo de señales en una de las cárceles del nuevo modelo, no obstante la directora del Modelo de Gestión Penitenciaria, Hilda Patricia Lagombra, aseveró que ninguna cárcel del país cuenta con estos dispositivos.
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