La procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso resaltó este viernes que las autoridades acumulan pruebas “contundentes” que comprometen la responsabilidad penal de los imputados del caso Anti-Pulpo, sin que hasta el día de hoy la barra de la defensa haya podido aportar elementos de prueba que lleve a un juez o a un tribunal a variar la medida de coerción impuesta a los procesados.
El juez suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Pablo Imbert, conoció este viernes la revisión obligatoria de la medida de coerción impuesta a Alexis Medina Sánchez, principal acusado del caso, así como a otros imputados.
En el caso de Medina Sánchez la audiencia fue aplazada para el 21 de julio y a los demás imputados para el próximo viernes 18 de junio, en ambos casos a partir de las 9:00 de la mañana.
La audiencia fue aplazada respecto a Medina Sánchez a solicitud del Ministerio Público para compilar y entregar a la defensa una documentación solicitada por el imputado. El conocimiento de la medida respecto a los demás involucrados continuó hasta agotar el horario establecido para la jornada de este viernes.
“Si bien es cierto, y podemos decirlo, que los presupuestos han variado, ha sido en perjuicio de la defensa, en virtud de que hay una diferencia abismal entre las pruebas que el Ministerio Público tenía al momento de conocer la medida de coerción y las pruebas que el Ministerio Público tiene al día de hoy”, resaltó Reynoso, directora general de Persecución del Ministerio Público.
Señaló que durante estos meses el Ministerio Público fortaleció la acusación. “Debido a las diligencias que el Ministerio Público ha hecho, hoy hay líneas de investigación que no estaban al inicio”, indicó.
Especificó que hay evidencias contundentes que comprometen la responsabilidad penal de los imputados y que tampoco estaban al inicio. “Por esa razón, no hay ni un solo motivo en derecho para variar la medida de coerción que pesa en contra de los imputados”, manifestó.
Sobre el monto del desfalco al Estado, dijo que se han aumentado de forma considerable, pero no quiso adelantar detalles, tras precisar que es una investigación que tiene diligencias de investigación en el día a día. “No queremos dar un monto, porque varía entre un día y otro, pero sí, con relación a la medida de coerción, hay un aumento de consideración”.
Reynoso hizo sus planteamientos al responder preguntas de los periodistas, luego de que fuera aplazada la audiencia para la revisión programada de la medida de coerción en contra de los encartados en el Caso Pulpo, un expediente que la Dirección General de Persecución del Ministerio Público lleva con la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), encabezada por Wilson Camacho.
Ambos procuradores adjuntos participaron en la audiencia junto a un amplio equipo de fiscales litigantes.
El Ministerio Público ratificó la necesidad de mantener las medidas de coerción impuestas a los acusados de formar parte del entramado de corrupción desarticulado en diciembre del año pasado mediante la Operación Anti Pulpo.
Medina Sánchez es señalado entre los principales responsables de dirigir el entramado de corrupción, aprovechando su vínculo familiar directo con el poder político, en calidad de hermano del entonces presidente Danilo Medina.
Alexis Medina Sánchez es procesado en el Caso Pulpo junto a Fernando Rosa, exdirector del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper); Francisco Pagán Rodríguez, exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), y Aquiles Alejandro Christopher, exdirector de fiscalización de obras de la Oisoe. También, Julián Esteban Suriel Suazo; José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernavel Méndez Pineda, quienes cumplen prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en la provincia de San Cristóbal.
Además son procesados por su vinculación al entramado de corrupción, Carmen Magalys Medina Sánchez, también hermana de Alexis Medina Sánchez y del expresidente Danilo Medina Sánchez, y Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, exministro de Salud, quienes se encuentran en arresto domiciliario.
Carmen Magalys e Hidalgo Núñez también tuvieron que pagar una fianza de 10 millones de pesos mediante contrato y se mantienen con impedimento de salida del país.
El encartado Domingo Antonio Santiago Muñoz quedó en libertad en diciembre pasado con la obligación de presentarse de manera periódica ante el procurador fiscal que lleva la investigación del Caso Pulpo.
José Alejandro Vargas, entonces juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, les impuso las medidas de coerción el pasado mes de diciembre y posteriormente fueron ratificadas en marzo de este año por el juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Amauri Martínez Abreu.
Esta es la segunda vez que el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional conoce la revisión obligatoria de las medidas de coerción impuestas a los encartados de este caso.
Varios de los imputados que cumplen prisión preventiva han recurrido en apelación en procura de que se le varíe la medida de coerción, pero al ponderar los documentos presentados por el Ministerio Público, sus solicitudes han sido rechazadas.
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