Un juez peruano declaró infundado el lunes un pedido de la fiscalía para que la candidata derechista Keiko Fujimori retorne a prisión por un caso de lavado, mientras el país sigue en zozobra por unos comicios presidenciales inconclusos.
El magistrado Víctor Zúñiga indicó que Fujimori debe ser cuidadosa en cumplir con las normas de conducta que le permitieron salir en libertad condicional en 2020 y postular. Zúñiga confirmó que la candidata conversó con testigos del caso, con los cuáles tenía prohibido hablar, pero rechazó la prisión porque el fiscal no advirtió a Fujimori que estaba incumpliendo las reglas de conducta.
La candidata presidencial está acusada de lavar millones de dólares recibidos de la constructora brasileña Odebrecht y de otros peruanos poderosos que le otorgaron efectivo en maletas para sus campañas presidenciales de 2011 y 2016, en las que perdió de manera consecutiva.
La derechista Fujimori no ha aceptado su derrota luego que, tras el conteo de todas las actas electorales durante la segunda vuelta presidencial del 6 de junio, el izquierdista Pedro Castillo terminó primero con 50,125% y 44.058 votos de ventaja.
Fujimori -que quedó con 49,875% de la votación- extendió la incertidumbre electoral tras pedir anular 200.000 votos de Castillo, a quien acusa sin pruebas de orquestar un “fraude”. Ella recibe el apoyo de la élite económica, de militares jubilados y de gran parte de la prensa capitalina.
Es la primera vez en la historia electoral que un candidato pide anular tal cantidad de votos de su oponente. En 2016 Pedro Pablo Kuczynski ganó las elecciones presidenciales ante la misma Fujimori por poco más de 41.000 votos. Ella aceptó el triunfo cinco días después de los comicios.
Las dificultades de Fujimori en asuntos electorales van de la mano con sus problemas judiciales. También es la primera vez en Perú que un candidato presidencial finalista en un balotaje acude a una sala judicial con la posibilidad de ser encarcelado.
Fuera del juzgado, decenas de simpatizantes apoyaban a Fujimori, mientras otro grupo la rechazaba. “Defenderé mi derecho a hacer política”, dijo ella al salir.
La fiscalía demostró que Fujimori se comunicó con dos testigos del caso de lavado. Uno es el vocero de su campaña y la otra es una excandidata a la alcaldía de Lima, Lourdes Flores. Ambos han defendido en los últimos días a Fujimori en su cruzada por asegurar de que hubo un fraude en las recientes elecciones. Lourdes Flores además está bajo investigación fiscal por recibir dinero de Odebrecht para su campaña municipal en 2010, según afirman funcionarios de la constructora.
Si Fujimori pierde las elecciones presidenciales, empezará un juicio por lavado de activos cuyos efectos podrían ser devastadores para la candidata, su esposo y su partido político Fuerza Popular.
El fiscal Pérez acusa a Fujimori de ser la jefa de un grupo del crimen organizado, de lavado de activos, de obstrucción de la justicia y de falsa declaración en procedimiento administrativo.
Pérez ha pedido 30 años de cárcel para Fujimori, 22 años para su esposo, el estadounidense nacionalizado peruano Mark Villanella, y otras solicitudes que incluyen a 38 implicados cuya sumatoria detrás de las rejas superan en total más de 800 años.
Si pierde los comicios tampoco podrá cumplir con una de sus promesas de campaña: liberar a su padre, el expresidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por corrupción y por ser autor intelectual en el asesinato de 25 peruanos por militares financiados por su gestión (1990-2000) que mataban en secreto a civiles.
En cambio, si ella finalmente gana las elecciones su juicio se congelará por cinco años mientras dure su mandato debido a que un presidente no puede tener juicios activos durante su gestión.
El sábado, Keiko Fujimori convocó a miles de seguidores y les dijo que “está en juego nuestro presente y nuestro futuro”. Tenía en la mano una bandera de Perú y añadió en medio de aplausos y vivas “está en juego la democracia y las libertades”.
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