En medio de la crisis que sacude al mundo y en particular al país, hay señales positivas y el gris de múltiples nubarrones anuncia zonas de lluvias tormentosas.
Por un lado la economía empieza a crecer, 1.1% en febrero según el Banco Central y se pronostica 5.5% para el año según el Banco Mundial. Eso combinado con el hecho de que aún tenemos en reserva los dólares de las dos últimas emisiones de deuda pública externa para cubrir los déficits presupuestarios permite estabilidad en la tasa de cambio, pero no nos engañemos, ella no se debe a que hayan aumentado los ingresos sino a que cayó la demanda y no se han utilizado los dólares de los empréstitos; recordemos sólo las exportaciones de oro crecieron y las remesas se mantuvieron: El desempleo ocasionado por la pandemia es materia pendiente.
Las medidas del Gobierno en relación con el Covid 19 relativas a la vacunación total de la población son ejemplo de una política pública buena que, por un lado se refleja en la salud general y por el otro, contribuye a mejorar las perspectivas de la economía: En especial del turismo, puesto que podríamos ser uno de los cinco países del continente en lograr este objetivo. Por eso todos debemos vacunarnos.
La sociedad está dividida en relación con la apertura presencial de las clases, MINERD inicia en abril un programa escalonado que también impactará en la economía pues lleva aparejada la reparación de las escuelas, la liberación gradual de tiempo a los padres y, la reactivación económica que conlleva, incluido el desayuno escolar.
Para dar un ejemplo esta semana se habló en las redes de RD$ 10,000 millones para leche - sin que haya docencia en las aulas -, denunciaron, pero se omitió informar que los alimentos se están llevando a los hogares y que de esa licitación participan múltiples empresas, pequeñas y grandes.
El Gobierno ha dejado el papel de creación de opinión pública a las redes que, no cedacean las informaciones y carecen de capacidad de investigación, es denuncia ligera, cuando no es que unos pocos ejercen a través de ellas el chantaje.
Lo peor de esta situación que empieza a padecer el Gobierno es que por el descalabrado del PLD y la inacción de la FP, estos no asumen su papel constitucional de control democrático: Eso es muy malo ante una justicia en crisis y un ministerio público al cual el Presidente Abinader no le ha trazado líneas de políticas públicas, aunque lo haya dejado independiente.
He sostenido que la cuestión jurisdiccional – lo que se entiende por juicios y sentencias – tiene en los jueces a buenos actores, no así la Administración del Poder Judicial que padece su peor crisis desde 1994: Por primera vez los jueces están sublevados.
La prensa se ha hecho eco de la solicitud de 59 jueces al Consejo del Poder Judicial a los fines de que deje sin efecto medidas que les afectan y que consideran ilícitas; esta fue parcialmente atendidas hace unas semanas y en todo caso, generó un apoderamiento a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, pero igual han hecho los jueces de Corte, especialmente los de los tribunales superiores de tierras y, en el curso de esta semana un Juez de la Suprema Corte de Justicia sometió a sus pares por ante el Tribunal Superior Administrativo, órgano que al final de la Pandemia, le “ordenó a sus superiores” abrir la Justicia presencial en ocasión de una demanda del Colegio de Abogados.
Más grave es aun el hecho de que desde abril del 2019, hace dos años, cuando dos magistrados del TSA pasaron a la SCJ, la Presidencia de esta importante Corte y otros magistrados, que en buen derecho debía ser una alta corte, están interinos: Eso es mantener atado al tribunal que garantiza la calidad de la democracia, el control del Gobierno y los derechos de las personas ante la Administración.
Como si fuera poco el Tribunal Constitucional, esta semana, evacuó una resolución en relación con los desacatos de los cuales se viene quejando desde el 2014 y que en el 2016 dieron lugar a la creación de una Unidad de Ejecución de sentencias que no ha resuelto el primer caso.
En resumen, estas crisis revelan la penosa ausencia de liderazgo en los poderes públicos y en el país, realidad que antecede a disturbios institucionales que deben ser evitadas.
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