Miriam Germán juzga ilícita la conducta que han mostrado los miembros de la Cámara de Cuentas

Ramón Cruz Benzán

Santo Domingo, RD

 Con el abru­mador pe­so que car­ga sobre sus hombros en la lucha contra la corrup­ción, la procuradora gene­ral Miriam Germán siente que hay muchos escollos por delante especialmen­te porque hay organismos “renuentes” a dar las infor­maciones claves en las in­vestigaciones.

Puso como ejemplo en este contexto el caso de la Cámara de Cuentas, cuyos miembros , según ella, han incurrido en “conductas ilícitas”.

Sin el andamiaje de se­guridad que le cabe ante la envergadura de los casos que esta maneja, la procu­radora general de la Repú­blica sacó un tiempo ayer, domingo, para ir sola has­ta Listín Diario.

Quiso traer un mensa­je de solidaridad con mo­tivo del Día del Periodista, obsequiándole al director, Miguel Franjul, la segunda edición del libro “La evolu­ción de las pandemias”, de la auditoría de David Qua­mmen.

Cuando le fue pregunta­do si se considera una pro­curadora independiente, respondió con un “sí”, y a si el presidente Luis Abinader interfiere en el Poder Judi­cial, respondió con un “no”.

Miriam Germán fue, además, preguntada so­bre si cree que hay una jus­ticia independiente, qué tan difícil es enfrentar la corrupción administrati­va, principales escollos en­contrados a su llegada a la Procuraduría, y en torno al nuevo Centro de Corrección Las Parras, donde serán lle­vados los internos de la Pe­nitenciaría Nacional de La Victoria.

Sobre la Cámara de Cuentas, Germán Brito juz­gó “ilícita” la conducta que han mostrado los miembros de ese organismo.

En torno a la justicia in­dependiente, la magistrada dijo que aunque fue el pre­sidente Abinader quien la designó, hasta ahora no ha recibido la primera insinua­ción de él respecto a deter­minado caso bajo investiga­ción, o en litigación.

Respecto a la corrupción, admitió que existen varios escollos que afectan la per­secución de la corrupción administrativa, citando, en­tre estos, a organismos que tienen la obligación de ser­vir determinadas informa­ciones y se muestran re­nuentes a cooperar con el Ministerio Público.

Destacó, además, que en el país hay gente que tiene procesos pendientes y des­pués han sido designados en ministerios, advirtiendo seguido de que no habla de la realidad inmediata, sino anterior. “Esto podría pre­sentar trabas externas al proceso, porque por donde usted pasó a lo mejor dejó cómplices”, agregó.

Respecto al Centro Pe­nitenciario Las Parras, ubi­cado en el municipio San Antonio de Guerra, de la provincia Santo Domingo, la procuradora dijo que se cometieron muchos errores en su construcción y que al saber la urgencia de redu­cir el hacinamiento, se está trabajando para que en los próximos meses se pueda alojar allí al primer grupo de internos.

Ciertamente, esas son las reglas existentes en el mar­co jurídico vigente para la designación del procura­dor o la procuradora gene­ral de la República. Pero de­bo resaltar que, aunque fue el Poder Ejecutivo que me designó, a través del Presi­dente de la República, has­ta ahora no he recibido la primera insinuación de él en relación con ningún ca­so bajo investigación o en litigación. La independen­cia de actuación es una cuestión constitucional y de la Ley Orgánica del Mi­nisterio Público y, en cuan­to a los servidores del Mi­nisterio Público que vienen de administraciones pa­sadas, esto no es una tien­da que cambió de dueño y que el nuevo dueño pone a su gente; este es un orga­nismo del Estado que opera bajo un régimen de carrera y que tiene como objetivo brindar un servicio a toda la ciudadanía.

Desde que asumí la di­rección del Ministerio Pú­blico he tratado de hacer cumplir la promesa cons­titucional y legal de la au­tonomía de la institución, para evitar cualquier situa­ción de dependencia, su­pervisión, control o instruc­ciones externas que afecten el ejercicio de las funcio­nes que nos corresponden. Otras instituciones del Es­tado guardan relaciones de coordinación institucional con el Poder Ejecutivo, sin que su autonomía sea pues­ta en cuestionamiento y en el Ministerio Público avan­zamos en esa dirección pa­ra actuar con independen­cia y responsabilidad. Esto fortalecerá la institucionali­dad del país y redundará en el beneficio futuro de toda la ciudadanía, que es a lo que todos aspiramos.

Los miembros del Ministe­rio Público tienen, bajo nues­tra dirección, toda la libertad requerida para llevar a cabo los procesos jurídicos bajo su responsabilidad, siempre apegados a la ley y respetan­do las garantías procesales del debido proceso. Sabemos que tenemos limitaciones, sobre todo económicas, pero confiamos en que el Estado, e incluso la misma población, entenderán la necesidad de dotar al Ministerio Público de los recursos económicos necesarios para facilitar una operatividad que garantice el servicio que debe ofrecer a cada ciudadano.

para el trabajo del Ministe­rio Público. La institución no cuenta con recursos suficien­tes porque tiene una carga económica importante con el sistema penitenciario, más aún durante la pandemia, y los ingresos propios por servi­cios han disminuido en com­paración con años anterio­res; pero debo reconocer que el Poder Ejecutivo ha mos­trado la disposición de apo­yar con recursos adicionales para la persecución de la co­rrupción. Confío en que dis­pondremos de más recursos presupuestarios en el futuro inmediato.

Otro gran escollo es que organismos que tienen la obligación de servir deter­minadas informaciones se muestren renuentes a cooperar con el Ministe­rio Público. Y hay infor­mación que se escamotea, como sucedió con el caso de la Cámara de Cuentas. No puedo entrar en deta­lles porque el caso está ba­jo investigación reserva­da, pero sí es importante aclarar que los investiga­dos son sus miembros por conductas que el Ministe­rio Público considera ilíci­tas, y no la institución en sí, pues los investigados han pretendido confundir a la ciudadanía, como si un órgano público pudie­ra ser objeto de responsa­bilidad penal; incluso, han presentado ante el Tri­bunal Constitucional un conflicto de competencia cuestionando el estatus del Ministerio Público co­mo órgano constitucional autónomo y la facultad ju­rídica para éste investigar a sus integrantes

¿Qué tan difícil es investigar la corrupción administrativa en un país?
Para castigar la corrupción se debe desarrollar un tra­bajo arduo y minucioso de investigación y de sistemati­zación de la información re­cogida, un examen de la do­cumentación. Se requiere un apoyo técnico especializado que asista al representante del Ministerio Público. Ya sea para corrupción o para el de­lito que sea, usted no puede salir con un “yo creo…” o un “me parece…”. Aquí ha habi­do gente que tiene procesos pendientes y después le han designado en ministerios. No hablo de la realidad inmedia­ta, sino anterior. Esto podría presentar trabas externas al proceso, porque por donde usted pasó a lo mejor dejó cómplices.

¿Qué pasa con el nuevo centro Las Parras, hacia donde serán llevados los internos de la Penitenciaría Nacional de La Victoria?
El centro penitenciario ubi­cado en el municipio San Antonio de Guerra, en San­to Domingo, fue inaugura­do cuando estaba termina­do sólo uno de los módulos, y tiene muchos problemas. No fue construido tomando en cuenta las características de un edificio para estos fi­nes. Entonces, ahí no se pue­de llevar a ningún privado de libertad porque no existen las condiciones, porque todavía no hay las condiciones. Ese centro lo construyeron como un mega complejo y en esas condiciones es difícil el ma­nejo de los internos.

Se cometieron muchos errores, empezando por la se­lección de un terreno domi­nado por lagunas que deben ser conservadas por su alto valor hidrológico. Se inaugu­ró, incluso, sin haber conclui­do la planta de tratamiento de aguas residuales, algo que se agrava por la sensibilidad de la zona. Pero hemos esta­do trabajando para concluir y adecuar el proyecto en toda su extensión y también para ma­nejar dentro de este ocho cen­tros independientes, con va­rios accesos particulares. Es lo que mandan los paráme­tros internacionales en el tra­tamiento de personas priva­das de libertad. Sabemos de la urgencia de reducir el ha­cinamiento y estamos traba­jando para que en los próxi­mos meses podamos instalar el primer grupo de internos en lo que será el Centro de Co­rrección y Rehabilitación de Las Parras..

PERFIL
Profesional y académica del Derecho con una pro­longada trayectoria en la carrera judicial y en el Mi­nisterio Público. Designada por el Poder Ejecutivo co­mo procuradora general de la República, mediante el Decreto 324-20, del 16 de agosto de 2020.

Entre 2012 y 2019 presidió la Segunda Sala de la Supre­ma Corte de Justicia, máxi­mo órgano jurisdiccional del Poder Judicial dominicano.

Graduada de la licenciatu­ra en Derecho en la Pontifi­cia Universidad Católica Ma­dre y Maestra (PUCMM), Germán Brito se incorporó al sistema de justicia en 1973, con la función de fiscalizado­ra en el Juzgado de Paz de la Segunda Circunscripción de la Provincia Santiago (1973-1974).

A partir de 1974 inició en la carrera judicial como jueza de Paz y luego jueza de Instrucción, en 1978.

De vuelta en el Ministerio Público, se desempeñó co­mo abogada ayudante del procurador fiscal del Distrito Nacional entre 1979 y 1985.

En 1986 pasó a ser jueza presidenta de la Primera Cá­mara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distri­to Nacional y en 1998 jueza de la Primera Sala de la Cor­te de Apelación del Distrito Nacional. Posteriormente, en 2011, ascendió a presidir la Cámara Penal de la Cor­te de Apelación de esa juris­dicción.

El Consejo Nacional de la Magistratura la escogió pa­ra integrar la Suprema Corte de Justicia en 2012, alta cor­te en la que presidió la Se­gunda Sala, el órgano que se enfoca en conocer los expe­dientes en materia penal.