A100 días de su arribo a la Casa Blanca, Joe Biden tiene las manos llenas. Sobre él se cierne toda suerte de desafíos domésticos e internacionales de difícil solución.
En el plano internacional, las crisis se suceden unas a otras: en las últimos meses Vladimir Putin ha enviado sobre 80,000 tropas a la frontera con Ucrania en abierto desafío a la OTÁN, mientras China viola impunemente el espacio aéreo de Taiwán en evidente reto a la relación especial entre Taipéi y Washington, en Myanmar un sangriento golpe militar ya ha cobrado la vida de más de 700 inocentes desestabilizando el subcontinente indochino, cruentas guerras civiles en la región del Tigray en Etiopía, en Mozambique y Yemén, sin olvidar a Corea del Norte, Irán, Siria, Afganistán ni mucho menos la evidente fragilidad institucional de la Unión Europea y las crisis internas que hoy se cuecen a lo interno de Gran Bretaña (ante la cada día más real secesión de Escocia), Alemania (vislumbrando hoy un incierto futuro ante la inminente salida de Ángela Merkel), Francia (en donde la más extrema derecha pareciera abocada a derrotar a Macron en las presidenciales de 2022) e Italia (en donde Mario Draghi gobierna sin gobierno).
En el plano doméstico, los desafíos que hoy se le presentan a Biden son igual de complejos: el incontenible repunte del COVID y sus nuevas permutaciones genéticas, la desesperante lentitud de un proceso de vacunación a todas luces tortuoso, la incontenible ola de violencia racial que apenas este pasado domingo cobró la vida de otro joven afroamericano (Daunte Wright) en las calles de Minneapolis, la ausencia de una política migratoria coherente, la imparable polarización política que hoy divide al Senado federal por la mitad y que desembocó en una ley electoral en Georgia de dudosa constitucionalidad que a todas luces le vulnera la franquicia electoral a millones de electores, la posibilidad real de que se dispare la inflación a niveles inusitados a raíz de la enorme inyección de capital que el gobierno federal a través de los paquetes de ayuda para capear el COVID ha hecho disponible en meses recientes y claro un Tribunal Supremo en manos de una mayoría conservadora que muy bien podría echar por tierra no sólo la legislación de Biden sino las más fundamentales conquistas que el ciudadano de a pie ha alcanzado en materia de derechos civiles desde la posguerra para acá.
Es precisamente como consecuencia de esto último, que el presidente Biden firmó este pasado 9 de abril de 2021 una orden ejecutiva conforme la cual designó una comisión compuesta por algunos de los más reputados juristas de los Estados Unidos para evaluar la deseabilidad de aumentar el número de jueces del Tribunal Supremo federal --- en momentos en los cuales el Supremo está a punto de pasar revista sobre asuntos tan neurálgicos como la constitucionalidad del Obamacare y el alcance del derecho a la intimidad.
Lo que está detrás de la inusual iniciativa de Biden es explorar la posibilidad de inyectarle balance ideológico al máximo foro, hoy cuando 6 de los 9 jueces que componen la alta curia fueron nombrados por presidentes republicanos (y en específico 3 por Donald Trump).
¿Pero puede el presidente unilateralmente alterar la composición del Supremo? ¿Acaso la Constitución federal requiere que el Supremo esté compuesto por un número específico de jueces? ¿Podría negarse el Supremo a ampliar el número de jueces que lo compone?
La Constitución federal deja en manos del presidente y del Congreso todo lo concerniente al número de jueces del Supremo --- a diferencia de la Constitución puertorriqueña que requiere como mínimo 1 juez presidente y 4 jueces asociados.
Distinto a Puerto Rico, dónde conforme el Artículo V, Sección 3, el número de jueces sólo podrá ser variado a petición del propio Supremo, a nivel federal no existe tal disposición y por consiguiente el Supremo está a merced de lo que decidan las ramas políticas.
Desde que el primer Congreso aprobó la primera ley de la judicatura federal en 1789, el número de jueces del Supremo ha sido alterado por las ramas políticas en muy pocas ocasiones.
Durante las administraciones de Washington, Adams y Jefferson, el Supremo federal se componía de 5 jueces asociados y 1 juez presidente, para un total de 6 jueces. Tal ecuación cambió en 1807, durante el segundo término de Jefferson, cuando el número total de jueces aumentó a 7.
Fue durante las postrimerías de la última administración de Andrew Jackson que el Congreso en 1837 aumentó el número total de jueces a 9. En 1863, en plena guerra civil y confrontado tal cual Biden por un Supremo adverso, Lincoln y sus aliados en el Congreso añadieron 1 juez asociado adicional lo que llevó el número de jueces a 10.
Tal número fue reducido nuevamente a 7 en 1866 producto del forcejeo entre Andrew Johnson y el Congreso republicano de entonces.
Ya en 1869, con el detestado Johnson fuera de la Casa Blanca y Ulises Grant en control de la presidencia, el Congreso una vez más llevó el número total de jueces a 9 --- tal y como es hoy.
Más de medio siglo después, Franklin D. Roosevelt intentó sin éxito urdir un plan en el Congreso para aumentar a 15 el número de jueces del Supremo --- toda vez que el máximo foro para mediados de los años 30 había anulado algunas de las más importantes piezas legislativas del Nuevo Trato.
No obstante, la súbita muerte del juez Butler y las renuncias sucesivas de los jueces conservadores Devanter, McReynolds y Sutherland hizo innecesaria tal reforma. Las nuevas vacantes le pusieron en bandeja de plata a Roosevelt la oportunidad dorada de recomponer el perfil ideológico del Supremo designando a los jueces Black, Douglas, Reed y Frankfurter. No le hizo falta a Roosevelt recurrir a la opción nuclear. El escenario que hoy enfrenta Biden es muy distinto al de Roosevelt. Ni se perfila la renuncia de ninguno de los jueces nombrados bajo administraciones republicanas ni se vislumbra que éstos vayan a variar sus filosofías jurídicas. Así las cosas, los caminos conducen a un posible choque de poderes. ¿Tendrá Biden la voluntad política para llevar este delicado asunto hasta sus últimas consecuencias antes que le toque a la puerta la elección de medio término? ¿Contará con apoyo en el Senado? ¿Habrá que llegar al número mágico de 60 senadores para mover este tema en la cámara alta?
Estaremos atentos al informe de la comisión presidencial.
No hay comentarios:
Publicar un comentario