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Efemérides

54Grado.com : Hoy es viernes 16 de abril del 2021. Faltan 259 días para el año 2022. Temperatura: 29ºC y 31ºC y la mínima entre 20ºC y 22ºC. :.... Efemérides Nacionales: 1863: Son fusilados en Santiago los patriotas Eugenio Perdomo, Ambrosio de la Cruz, el comandante Vidal Pichardo y Pedro Ignacio Espaillat, acusados por el Gobierno colonial español de dirigir un movimiento contra la anexión. 1966: El ex presidente Joaquín Balaguer, en su calidad de líder y candidato presidencial del Partido Reformista, presenta al electorado el programa de gobierno que dijo desarrollaría en el cuatrienio 1966-1970. 1973.- Muere a la edad de 96 años, la señora Carmen Celia Ricardo Heureaux viuda Balaguer, madre del entonce presidente Joaquín Balaguer. 2007.- La Cámara Penal de la corte de apelación de San Pedro de Macorís condena a 20 de cárcel al general retirado Joaquín Antonio Pou Castro y a 30 al ex cabo Mariano Cabrera Durán y al civil Rafael Alfredo Lluberes Ricart (Lluberito), por su participación en el asesinato del periodista Orlando Martínez, ocurrido el 17 de marzo de 1975. 2010.- Fallece a la edad de 97 años, don Ángel Miolán, ex senador, fundador del Partido Revolucionario Dominicano y considerado Padre del Turismo dominicano. 2015.- El Tribunal Constitucional (TC) hace pública su decisión de declarar nulo el artículo 35 de la Ley de Divorcio, que establece que la mujer no podrá volver a casarse, sino 10 meses después que este sea definitivo, a menos que su nuevo marido sea el mismo de quien se ha separado. 2019.- La Octava Sala Penal del Distrito Nacional icondena al periodista Álvaro Arvelo (hijo) a la pena de tres meses de prisión suspendida y el pago de RD$1.5 millón, por afirmar que las letras de la emblemática canción “Por Amor” no fueron escritas por el compositor Rafael Solano, sino el también autor Manuel Troncoso. 2020.- El ministerio de Salud Pública dispone que la obligatoriedad del uso de mascarillas para todos los ciudadanos que se movilicen durante el aislamiento social, como medida clave para evitar el contagio de la COVID-19 y frenar la propagación del nuevo coronavirus. -España registra un repunte en los contagios por coronavirus, con 5,183 casos nuevos, la cifra más alta desde el pasado 9 de abril, sumando 182,816, un 2,9 % más en un día, mientras los fallecidos alcanzan los 551 en las últimas 24 horas, con lo que el total asciende a 19,130. Internacionales: 1061.- En España tiene lugar un matrimonio entre dos hombres, Pedro Díaz y Muñoz Vandilaz, cuyo acto se llevó a cabo en el municipio gallego Rairiz de Veiga. 1502: Américo Vespucio descubre las islas que luego los marinos llamarían Malouines (Malvinas). 1521: Martín Lutero arriba a la Dieta de Worms para defender sus 95 Tesis. 1854: Un terremoto destruye la ciudad de San Salvador, por lo que la capital hubo de ser trasladada de forma provisional a Cojutepeque. 1917.- Lenin retorna a Rusia luego de años de exilio para empezar la revolución: al llegar expone las “Tesis de Abril”, en las que declara que los bolcheviques no apoyarían al Gobierno Provisional. 1927.- Nace en Marktl am Inn, Nassau, Alemania, el sacerdote Joseph Ratzinger, quien el 19 de abril del 2005 se convirtió en el Papa Benedicto XVI hasta su renuncia el 28 de febrero de este año. 1948: Muere Babe Ruth uno de los beisbolista más destacados de los Estados Unidos. 1961: Fidel Castro declara la isla de Cuba República Democrática Socialista, en una alocución al pueblo cubano, tras derrotar los participantes en la invasión de Bahía de Cochinos. 1984.- Alrededor de 1.300.000 personas se manifiestan en Sao Paulo para pedir el restablecimiento de elecciones democráticas en Brasil. 2006.-La Asamblea General de las Naciones Unidas vota por unanimidad el establecimiento del Consejo de Derechos Humanos. 2007.- El estudiante surcoreano de la universidad de Virginia Tech, Cho Seung-Hui, de 23 años, mata a 33 compañeros, hiere otras 29 y luego se suicida. 2008.- Dos tiroteos en la Universidad Politécnica de Virginia, EEUU, dejan 33 muertos, incluido el agresor, quien, según las autoridades, se suicidó. 2014.- El naufragio de un barco de pasajeros registrado frente a la costa suroeste de Corea del Sur, provoca la desaparición de por lo menos 300 estudiantes, siendo esta tragedia las más importantes registradas en la zona Asia-Pacífico en los últimos cinco años. 2015.- Una red de contrabando de alto nivel dirigida por el secretario privado de la Vicepresidente de Guatemala, es descubierta por la Comisión Internacional contra la Impunidad de esa nación centroamericana. 2017.- Chile anuncia el retiro de sus tropas destacadas en Haití, tras 13 años de formar parte de la misión de paz, multinacional conformado en 2004 por la ONU, después de la caída del presidente haitiano Jean-Bertrand Aristide. 2019.- El expresidente peruano Alan García se suicida de un disparo en la cabeza cuando iba a ser detenido, dejando una carta de despedida en la que reitera su inocencia por presunto lavado de activos provenientes de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. -Los movimientos Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, entregan a Venezuela el primer cargamento de fármacos e insumos médicos, en severa escasez en el país petrolero, luego del gobierno aprobar su ingreso a esos organismos.

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lunes, 5 de abril de 2021

El eterno problema de la desvinculación de servidores

Olivo A. Rodríguez Huertas
Santo Domingo, RD

Una de las características que ha acompañado la transición democrática dominicana iniciada en 1978 ha sido que la alternancia en la Presidencia da lugar a una masiva desvinculación de servidores públicos. Incluso esto ha sucedido en ocasiones en que el cambio en la jefatura del Estado la asume otro miembro del partido gobernante.

El colmo ha sido que en la práctica política dominicana la cesación de servidores públicos se ha producido también dentro de un mismo gobierno, con el simple cambio de titular de un ministerio, de una dirección general o de un organismo autónomo.

Esa disfuncionalidad institucional obedece al predominio de una cultura política clientelar que durante décadas se ha visto beneficiada de un débil marco jurídico de la función pública.

La Ley 14-91, del 20 de mayo de 1991, sobre Servicio Civil y Carrera Administrativa constituyó un avance de cara a la mejora de nuestra burocracia pública. Conceptos como el mérito y la capacidad, clasificación de cargos, evaluación de desempeño, se hicieron presentes en esa ley. No obstante, su ámbito fue limitado ya que solo era aplicable, de manera gradual, en la administración central, excluyendo a los servidores de los organismos autónomos y de los ayuntamientos. Lo más negativo fue que la estabilidad de los servidores de carrera podía sustituirse por una indemnización económica. En el año 2005, el entonces presidente Leonel Fernández tuvo la iniciativa de que el tema de la función pública se discutiera en el marco del Diálogo Nacional. Producto de ello se logró en 2008 un texto consensuado que fue aprobado por todas las fuerzas políticas con representación en el Congreso Nacional, y promulgada el 16 de enero de 2008, como Ley 41-08.

Esta normativa suple las falencias del texto anterior, haciendo extensiva sus disposiciones, además de la administración central, a los organismos autónomos y a las administraciones locales. Asimismo, clasifica los servidores públicos en base a cargos de libre nombramiento y remoción, de carrera administrativa y de estatuto simplificado; el acceso a los cargos de carrera se debe basar en el mérito y la capacidad, mediante procedimientos competitivos, y la desvinculación sólo es posible por faltas graves, previo procedimiento disciplinario, o por desempeño insuficiente o supresión de cargo.

La Ley 41-08 tuvo una influencia decisiva en la Constitución de 2010, ya que se constitucionaliza el acceso a la función pública con arreglo al mérito y la capacidad, se establece una reserva de ley para el ingreso, ascenso, evaluación del desempeño, permanencia y separación del servidor público; y se declara como nula toda desvinculación de un servidor público de carrera administrativa realizado en violación del régimen de la función pública, considerando, además, la desvinculación irregular como un acto contrario a la Carta Fundamental del Estado.

A pesar de lo contundente de ese precepto constitucional de protección de los
servidores públicos de carrera, el mismo ha servido de poco, ya que durante su vigencia ha sido práctica arbitraria corriente la desvinculación.

En cuanto a los servidores públicos de estatuto simplificado, si bien estos no se encuentran protegidos por la estabilidad propia de los de carrera, al no ser cargos sustantivos para el ejercicio de la función pública, esto no constituye un cheque en blanco. Es que la actuación administrativa, aun en el caso del ejercicio de potestades discrecionales, encuentra límites en mandatos constitucionales como los principios de objetividad e igualdad y no discriminación por razones de opinión política. De ahí que la Ley 107-13 disponga que la validez de todo acto administrativo se encuentra sujeto, entre otros requisitos, al respeto de los fines previstos por el ordenamiento jurídico.

Por ello, la desvinculación de un servidor público no puede estar sustentada en un espurio argumento, como el que con total desfachatez históricamente se ha esgrimido, de que es necesario colocar a los seguidores del partido de turno, lo que burlescamente se plasma en la acción de personal como por “razones de conveniencia en el servicio”.

Un fundamento de tal naturaleza anula la desvinculación por desviación de poder, al configurarse el ejercicio de una potestad pública con una finalidad distinta al interés público que desde la función administrativa debe resguardarse por imperativo constitucional.

Es que, además, la desvinculación de un servidor público en esas condiciones acarrea consecuencias onerosas para el erario, ya que hay que destinar millones de pesos al pago de indemnizaciones por la razón ya señalada de satisfacer a la militancia política del partido de turno en el ejercicio del poder. ¿Es esto una razón válida para causar ese detrimento económico a las finanzas públicas?

Llegados a este punto, lo que se advierte es otro déficit de institucionalidad.

El que toca al órgano superior de control financiero del Estado, la Cámara de Cuentas. De conformidad a su ley, tiene la potestad de determinar la responsabilidad patrimonial de los funcionarios públicos que a través de conductas arbitrarias causen un detrimento patrimonial de los recursos públicos. No conozco antecedente del ejercicio de esta potestad pública que convierta en deudor del Estado a un ministro u otro funcionario por el perjuicio causado. Ojalá que la Cámara de Cuentas pendiente de ser designada, asuma esta línea de trabajo.

Nuestra clase política debe asumir como un reto prioritario sentar las bases para dejar atrás este canibalismo político, presente a partir del cambio democrático del año 1978.

Sin desmedro de la importancia de los pactos en temas como la educación, la electricidad y el fiscal, se impone otro pacto indispensable para sobreponernos a las garras del subdesarrollo. Me refiero a un pacto por la institucionalidad, que debe tener como uno de sus componentes esenciales la profesionalización de la función pública.

Ojalá que la Comisión para la Reforma y Modernización del Estado creada por el Poder Ejecutivo, pueda romper el maleficio de las comisiones que le han antecedido en estas cuatro décadas de democracia política.

 

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