Quienes recuerdan la crisis económica de inicios de los años 90 suelen acordarse de las largas colas en las estaciones de combustibles, la desesperación de propietarios de vehículos que se quedaban en las vías públicas por falta de gasolina, la angustia de la población por los aumentos de precios de los productos de primera necesidad y las recurrentes huelgas que paralizaron el país en demanda de mejores condiciones de vida.
Eran los tiempos en que el Dr. Joaquín Balaguer toreaba el poder político desde el Gobierno en el inicio de su quinto mandato presidencial, bajo el descontento de la población angustiada por el alto costo de los productos de primera necesidad, los apagones, la escasez y subidas exorbitantes en el precio de los combustibles.
Los datos económicos publicados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la crisis de la época apuntan que el producto interno bruto (PIB), en 1990, se contrajo un 6.2%, el consumo privado 11%, la inversión bruta fija 9%, la inflación subió al 80%, las reservas internacionales se redujeron cerca de US$500 millones y quebraron siete bancos comerciales.
En los primeros meses del 1990, el racionamiento de los combustibles forzados por la Guerra en Golfo Pérsico, los aumentos desproporcionados en el precio de la gasolina de RD$6.00 a RD$11.00 y las alzas de los artículos de primera necesidad, se convirtieron en el detonante de la complicada situación que además tenía agregada la crisis de legitimidad política por las cuestionadas elecciones “ganadas” por Joaquín Balaguer.
Las dificultades económicas llevaron a Balaguer a anunciar en julio nuevos incrementos en el costo de la gasolina, esta vez de RD$11.00 a RD$20.00, lo que agudizó la situación e impulsó un incremento de los llamados a huelgas de los sindicatos y organizaciones populares, lo que creaba mayor inestabilidad política.
Es en ese contexto que Balaguer, aunque atribuye el difícil escenario a causas políticas y a la especulación, se ve obligado a propiciar con el apoyo de la Iglesia Católica y el sector empresarial, el llamado “Pacto de la Solidaridad Económica”.
En esta propuesta de Pacto se comprometía a propiciar presupuestos equilibrados y austeros en las entidades descentralizadas, suspender las emisiones inorgánicas, fijar precios de ventas con los costos reales y márgenes de beneficios justos para los alimentos, medicinas, carburantes y transporte.
Asimismo, proponía establecer una tasa de cambio “única, revisable y ajustada a la realidad de la oferta y la demanda”, aumentar los sueldos de los servidores públicos y propiciar un incremento en los salarios del sector privado. También, ampliar y profundizar los programas directos de asistencia social.
En el plano de las finanzas públicas, la propuesta de Pacto ofrecía reorientar la inversión fiscal a la producción agropecuaria e industrial, superar la crisis energética, atender las demandas de viviendas, escuelas y centros de salud, además de renegociar la deuda pública y restringir el crédito interno.
El mismo comprometía al sector empresarial a mantener estables, durante seis meses, los precios de los artículos de primera necesidad, incluyendo los repuestos de vehículos, asimilar los aumentos salariales y respaldar las reformas fiscales. También planteaba que los empresarios entregaran las divisas que generaban sus exportaciones y las remesas.
En el caso de las organizaciones populares, su compromiso sería contribuir con la armonía obrero-patronal, mantener sus servicios, incrementar la productividad, defender el orden público y propiciar la paz social sin renunciar a sus aspiraciones legítimas.
La propuesta hecha por el Gobierno de Balaguer fue ponderada por los sectores empresariales y populares, los que luego con algunas que otras puntualizaciones se pusieron de acuerdo en aras de propiciar la paz social necesaria para mejorar la situación del país.
A partir de esta negociación se iniciaron en el país un grupo de reformas, según explica Julio Andújar Scheker en “Reformas económicas y negociaciones políticas: Apuntes sobre la experiencia dominicana de los noventa”, que fueron orientadas a liberalizar la economía y a reducir o eliminar controles en diferentes sectores.
Refiere que este pacto incluía dos tipos de políticas: reformas estructurales o cambios de largo plazo como las reformas arancelaria, tributaria, laboral y monetaria y políticas de estabilización de corto plazo enfocadas en la reducción de la inflación, el relanzamiento del crecimiento económico y la corrección de los problemas de balanza de pagos.
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La necesidad de un pacto social
Aunque la realidad política de 1990 es distinta a la que se vive en la actualidad, las amenazas del entorno internacional pueden crear situaciones de crisis interna que provoquen inestabilidad y descontroles graves en las finanzas públicas, como sucedió en aquella época.
La ola inflacionaria interna provocada por el aumento de los precios de las materias primas, del petróleo y de los alimentos a nivel mundial, más el alto endeudamiento de las finanzas públicas, constituyen una seria amenaza a la sostenibilidad de la recuperación económica post-COVID-19.
Este fin de semana el precio del barril de petróleo WTI alcanzó los US$65.61, un ingrediente que complica el panorama económico nacional considerando que en el Presupuesto Nacional se estimó el precio del barril a US$45.50.
Desde que el presidente Luis Abinader asumió la dirección del Gobierno ha manifestado la necesidad de que el país se aboque a definir el pacto fiscal para poder lograr las metas políticas económicas y sociales a la que aspira la nación.
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