Con los interrogatorios a Donald Guerrero y Simón Lizardo, al menos 12 funcionarios del gobierno de Danilo Medina y allegados han sido investigados por la Procuraduría General de la República sobre presuntas irregularidades durante el ejercicio de sus funciones en la administración pública para que expliquen el origen de los bienes que declararon ante la Cámara de Cuentas.
A seis de estos exfuncionarios ya les fueron impuestas medidas de coerción, consistentes en prisión preventiva y domiciliaria, incluyendo dos hermanos del exmandatario. Otros seis no han sido sometidos a la justicia y algunos aún están siendo interrogados por representantes del ministerio público, por lo que aún se desconoce si serán procesados penalmente.
El último grupo de investigados lo integran el exministro de Haciendas, Donald Guerrero; el exadministrador del Banco de Reservas y exministro de Hacienda, Simón Lizardo; la exdirectora del Plan Social de la Presidencia, Iris Guaba; la exdirectora del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), Berlinesa Franco (ambas comadres del exmandatario); la exdirectora de Contrataciones Públicas, Yocasta Guzmán, y el asistente del expresidente Medina, Robert de la Cruz.
Según un comunicado de la Procuraduría, Guerrero y Lizardo son investigados sobre sus declaraciones juradas de patrimonio, asociación de malhechores, coalición de funcionarios, desfalco, estafa contra el Estado, falsedad en documentos públicos y lavado de activos provenientes de delitos de corrupción administrativa.
Irregularidades
Las indagaciones a la exdirectora de Inaipi conciernen a presuntas irregularidades en la adquisición de kits de alimentos durante la pandemia, por lo cual también ha sido interrogada la exdirectora de Contrataciones Públicas para que explique sobre los procedimientos aplicados.
La exdirectora del Plan Social ha sido citada para que rinda cuentas sobre su declaración jurada de bienes y sobre su desempeño en la entidad, y el asistente del expresidente fue investigado también sobre el origen de sus bienes.
Medida de coerción
El primer grupo ya fue sometido a la justicia, dentro del caso de corrupción denominado Anti Pulpo, acusados de actos de corrupción, lavado de activos y otros actos ilícitos.
Aunque en ese expediente están involucradas 11 personas, solo seis desempeñaban funciones públicas en el gobierno pasado.
Se trata del exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), Francisco Pagán; el ex ministro de Salud Pública, Freddy Hidalgo; el exdirector y la exsubdirectora del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), Fernando Rosa y Magalys Medina Sánchez; el excontralor Antonio Germosén Andújar y el director de Operaciones de la Oisoe, Aquiles Crístofer Sánchez.
El ministerio público acusa de encabezar esa red a Alexis Medina Sánchez, hermano del exprimer mandatario. A otros cuatro les atribuye ser testaferros de Alexis. El juez José Alejandro Vargas le impuso medida de coerción a este grupo el 8 de diciembre pasado, siete con prisión preventiva en la cárcel de Najayo-Hombre, de San Cristóbal, y otros 4 cumplen la medida en sus casas. Algunos apelaron la decisión del juez Vargas, pero la Corte de Apelación rechazó los recursos.
Corrupción administrativa
Los sometidos en la red Anti Pulpo fueron acusados por el ministerio público de un entramado que se benefició de recursos del Estado por alrededor de RD$4,800 millones.
Otras personas cercanas a Medina por la declaración jurada de patrimonio son su hermana Lucía Medina y Radhamés Camacho, ambos expresidentes de la Cámara de Diputados y miembros del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
SEPA MAS
Interrogatorios.
Donald Guerrero y Simón Lizardo fueron sometidos ayer a intensos interrogatorios por parte de los titulares de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, y la directora de la Dirección de Persecución, Yeni Berenice Reynoso. A estos interrogatorios que iniciaron la pasada semana y continuaron ayer se sumó la procuradora general Miriam Germán Brito.
El origen.
La acción del ministerio público inició tras una denuncia pública del titular de la Dirección General de Presupuesto, José Rijo Presbot, quien alertó sobre pagos irregulares a contratistas, ocurridos en la última etapa de las gestiones de Danilo Medina (2012-2020), de alrededor de 21,000 millones de pesos, pero las indagatorias se extienden a otros hechos.
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