La Corte Suprema accedió el lunes a escuchar dos casos que involucran políticas migratorias del presidente Donald Trump en la frontera sur: uno sobre una medida que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en México a que llegue su fecha de audiencia en un tribunal de Estados Unidos, y el segundo sobre el uso de fondos por parte del gobierno para la construcción del muro fronterizo.
La decisión de los jueces de escuchar los casos continúa la tendencia de revisar los fallos de tribunales de menor instancia que en los últimos años han determinado que las políticas de inmigración de Trump son ilegales.
En el más notable de los casos, el máximo tribunal revisó y ratificó la restricción ordenada por Trump a los viajes de visitantes de países musulmanes. En junio, la corte mantuvo vigentes las protecciones legales para inmigrantes que llegaron al país siendo menores de edad.
Los jueces no escucharán ninguno de los dos casos hasta 2021, y el resultado de la elección presidencial podría hacer que los casos desaparezcan, o cuando menos que se reduzca su trascendencia.
Si el demócrata Joe Biden llega a la Casa Blanca, ha prometido que pondrá fin a los “Protocolos de Protección a Migrantes”, que Trump considera una piedra angular de su política migratoria.
En el caso del muro fronterizo, gran parte del dinero ya se ha gastado y se ha construido buena parte de él. Se desconoce qué podría suceder con los tramos del muro que ya fueron construidos en caso de que el gobierno pierda el caso, pero existe la posibilidad de que sean derribados.
Biden ha dicho que dejaría de construir el muro en caso de resultar elegido, pero no derrumbaría lo que se construyó durante el gobierno de Trump.
La corte ha permitido que ambas medidas continúen vigentes incluso después de que tribunales de menor instancia las declararon ilegales, un indicio de que la parte acusadora podría enfrentar todavía muchas dificultades una vez que los jueces decidan los casos.
La medida del gobierno de Trump conocida informalmente como “Espere en México” entró en vigor en enero de 2019. Se convirtió en un pilar crucial de la respuesta gubernamental ante el incremento sin precedentes de familias centroamericanas que se presentaron en la frontera para solicitar asilo, y ha sido criticada por obligar a las personas a aguardar en ciudades mexicanas con altos niveles de criminalidad.
Las cortes de menor instancia dictaminaron que la medida probablemente es ilegal. Pero al comenzar el año la Corte Suprema intervino para permitir que la política se mantuviera vigente en lo que se resuelve una impugnación legal.
Más de 60,000 solicitantes de asilo fueron enviados a México en cumplimiento de la medida. El Departamento de Justicia calculó a finales de febrero que aún había unas 25,000 personas en México que esperaban su fecha para una audiencia en un tribunal estadounidense. Dichas audiencias fueron suspendidas debido a la pandemia del coronavirus.
En un comunicado difundido después de que la Corte Suprema accedió a tomar el caso, la portavoz del Departamento de Justicia Alexa Vance indicó que el gobierno está complacido de que el tribunal escuche el caso, y dijo que el programa es un “elemento crucial de nuestras labores para lidiar con la crisis migratoria en nuestra frontera sur”.
Judy Rabinovitz, abogada de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus iniciales en inglés), que impugnó la medida, dijo que la política es “ilegal y depravada”.
“Las cortes han fallado en repetidas ocasiones en su contra, y la Corte Suprema debería hacer lo mismo”, declaró en un comunicado.
El máximo tribunal también accedió a escuchar la apelación del gobierno al fallo de una corte menor de que la administración desvió de forma ilegal los fondos para la construcción de tramos del muro en la frontera con México.
Previamente la Corte Suprema ha permitido que la construcción continúe, incluso después de que un tribunal federal de apelaciones falló en junio que el gobierno había evadido ilegalmente al Congreso al momento de transferir 2,500 millones de dólares en fondos del Departamento de Defensa.
En discrepancia con una orden de julio pasado que permitía que continuara la construcción, el juez Stephen Breyer escribió sobre la decisión de la corte: “Me temo que podría operar, de hecho, como un veredicto final”.
El caso se origina del cierre parcial de gobierno durante 35 días que comenzó en diciembre de 2018. Trump puso fin al estancamiento después de que el Congreso le otorgó unos 1,400 millones de dólares para el muro fronterizo, una cifra mucho menor a los 5,700 millones que pretendía.
El presidente procedió a declarar una emergencia nacional a fin de acceder a fondos de otras cuentas del gobierno para la construcción de algunos tramos del muro.
En ese momento, el dinero que Trump identificó incluía 2,500 millones de dólares de fondos del Departamento de Defensa, 3,600 millones de fondos para construcción militar y 600 millones del fondo de confiscación de activos del Departamento del Tesoro.
El caso presentado ante la Corte Suprema gira únicamente en torno a los 2,500 millones del Departamento de Defensa.
El gobierno ya ha construido 185 de los 207 kilómetros (115 de 129 millas) de muro fronterizo financiado por ese dinero. Eso incluye tramos en California, Arizona, Nuevo México y el oeste de Texas.
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