La venta o negociación de nombramientos en el Ministerio de Salud Pública es una práctica vieja incrustada en el mismo Departamento de Recursos Humanos.
Esa es el área a la que, de acuerdo a informes obtenidos por Listín Diario, corresponde el alto funcionario que recientemente fue suspendido y remitido a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) por supuestamente cometer acto de corrupción.
El monto del pago único para alcanzar un nombramiento varía dependiendo del puesto. Por ejemplo, en caso de un médico, una enfermera o bioanalista que tiene garantizado su permanencia en el Estado, el interesado podría pagar entre 30 y 50 mil pesos; cuando se trata de empleos de otra categoría iría entre 10 mil, 15 mil y 20 mil pesos, y en ocasiones la negociación puede incluir la entrega del primer salario completo.
Debido a esa vieja práctica no es raro que los Ministros de turno se encuentren en ocasiones que firman el nombramiento de una persona y resulta que nunca es colocada en el cargo, o lo contrario, que se ordena desvincular un personal, y meses después se encuentran con que sigue desempeñando la función.
Los detalles del “modus operandi” fueron ofrecidos a Listín Diario por el doctor Nelson Rodríguez Monegro, quien durante 12 años estuvo laborando en el Ministerio de Salud Pública, ocupando diversas funciones, iniciando en el 2006 como subsecretario de Salud Colectiva, pasando por la subsecretaría de atención a la persona, por la Dirección de Desarrollo de direcciones provinciales hasta director del Servicio Nacional de Salud (SNS) al que renunció en febrero del 2018.
Secreto a voces
Dijo que desde el 2006 ha estado denunciando a lo interno del Ministerio de Salud Pública esa práctica y que propuso en varias ocasiones que se hiciera una reestructuración completa del Departamento o Gerencia de Recursos Humanos, donde dice, tiene su base ese acto inescrupuloso.
Explica, que aunque los Ministros de turno no están involucrados, ese engranaje funciona con la complicidad de mucha gente, por lo que no le extraña que la persona suspendida por la actual administración encontrara el esquema y se “enganchó” de inmediato en esa plataforma.
“Quien haga travesura debe pagar”
Consultado por Listín Diario, el ministro de Salud Pública, Plutarco Arias, no quiso revelar el nombre de la persona suspendida y enviada a la comisión de ética porque, según dijo, se trata de una denuncia que recibió y se debe esperar que concluyan las investigaciones para confirmar o no su veracidad.
Reveló que recibió la denuncia el pasado martes de parte de un hombre en un pasillo del Ministerio, por lo que, por el rumor público, decidió suspender al funcionario y pasar el caso al organismo correspondiente, para investigar. “Nosotros estaremos apegados a la transparencia, por lo que quien haga su travesura debe pagar”, señaló el funcionario, vía telefónica.
Primer caso durante este Gobierno
Se ha informado extraoficialmente que la persona suspendida ocupa una alta función en la Gerencia de Recursos Humanos del Ministerio, siendo el primer caso de presunta corrupción detectado en el actual Gobierno inaugurado el pasado 16 de agosto.
A través de su cuenta de Twitter en la tarde del sábado el ministro de Salud, Plutarco Arias, confirmó que un empleado fue suspendido de sus labores, luego de presuntamente cometer actos de corrupción dentro del Ministerio de Salud Pública.
En tanto, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) informó que la suspensión de un funcionario del Ministerio de Salud Pública se debió a que este presuntamente tramitaba empleos a cambio de dinero.
En una comunicación de la Digeig, se informó que asumirán la investigación del caso.
“Cumpliendo con lo establecido en el artículo 6 numeral 22 del Decreto No. 486-12, asume de oficio la investigación del caso que de ser confirmada la ocurrencia de hechos que transgredan el régimen ético, disciplinario, y el ordenamiento penal procurará, que los que resultasen implicados, además de las sanciones administrativas sean el sometidos ante el Ministerio Publico”, establece la entidad.
LOS MÉDICOS
Serio problema.
La gravedad del caso en Salud Pública es así. Un médico, una enfermera o un bioanalista, que tiene garantizado su permanencia en el Estado, el interesado pagaría de entre 30 y 50 mil pesos.
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