Rosmery Méndez Vargas
Relajado, con mucho ánimo y hasta haciendo chistes, el presidente Luis Abinader anunció que se iniciarán auditorías en todas las instituciones del Estado, amparadas en el artículo 28 de la Ley 10-07 que establece el Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloría General de la República.
La decisión fue adoptada luego de que varios funcionarios del Estado interpusieran solicitudes a la Cámara de Cuentas para que sean auditadas las instituciones públicas.
El nuevo ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera, solicitó realizar una auditoría a las administraciones de esa institución comprendidas entre enero del 2017 hasta agosto del presente año.
Además, el ministro de Obras Públicas, Deligne Ascensión, quien fue el primero en presentar la solicitud el 19 de agosto.
Carlos Bonilla, actual director del Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) y encargado interino honorífico de la Oficina de Ingenieros de Obras del Estado (OISOE), que está en proceso de liquidación, formalizó un requerimiento de extrema urgencia ante la Cámara de Cuentas de la Republica Dominicana para que auditen las pasadas administraciones.
Abinader aclaró que las auditorias no se hacen con el fin de persecución de ningún funcionario del pasado Gobierno, sino con el objetivo de determinar en qué condiciones los nuevos funcionarios encontraron las instituciones.
El gobernante expresó que las auditorías iniciarán en las entidades donde hay mayor presupuesto, como Educación, Salud y Obras Públicas.
Para ello utilizarán todo el personal de la Contraloría y a empresas privadas de auditores que serán contratadas bajo la modalidad de licitación pública, dijo el contralor General de la República, Luis Rafael Delgado Sánchez.
La directora general de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), Milagros Ortiz Bosch, emitió una circular en la que se detallaron los deberes con la ética y la transparencia, además de las acciones que están prohibidas para los servidores públicos.
Ortiz aseguró que este Gobierno, iniciando por el presidente, tiene un compromiso con la transparencia y la honestidad para hacer bien las cosas. “Es un compromiso con esta y las futuras generaciones a la que les ofertamos un cambio y no les podemos fallar”, afirmó.
La circular está sustentada en lo que dispone el artículo 80 de la Ley 41-08 de función pública concerniente a los deberes y prohibiciones a las que están sujetos los servidores públicos.
Estas declaraciones fueron ofrecidas en una rueda de prensa en el Palacio Nacional encabezada por Abinader, asistido por Delgado Sánchez y Ortiz Bosch.
Prohibiciones expresas
En la reunión se presentaron las normativas de los nuevos servidores públicos: tienen prohibido asistir a instituciones en estado de embriaguez, aceptar dadivas o regalos o promover la propaganda política, de acuerdo con la Ley 41-08 de Función Pública.
Además, tienen prohibido solicitar y recibir ventajas en dinero; intervenir directa o indirectamente en la suscripción de contratos del Estado a través de la institución donde labore que implique privilegio a su favor y acosar sexualmente a servidores públicos.
El presidente hizo énfasis en que los servidores públicos tienen totalmente prohibido aceptar regalos de cualquier persona o institución y recibir más de una remuneración con cargo al erario, excepto que estuviera expresamente prevista en las leyes o reglamentos.
Tampoco pueden aceptar designaciones para desempeñar en forma simultánea más de un cargo del Estado, salvo cuando se trate de labores docentes, culturales, de investigación y las de carácter honorifico, no afectadas por incompatibilidad legal y con la debida reposición horaria cuando hubiera superposición de este tipo.
Acción judicial
Durante una rueda de prensa en el salón las Cariátides del Palacio Nacional, Abinader dijo que se necesitaban auditorías de la Contraloría General de la República para determinar si hay méritos para una acción judicial en el caso de los 21,500 millones de pesos pagados en la transición por el gobierno de Danilo Medina.
Previo a esto, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, dijo que oportunamente Presupuesto y Hacienda emitirán sus consideraciones sobre el pago de 21,500 millones de pesos en los últimos días de la gestión de Medina.
El consultor dijo que el hallazgo de esa documentación no ha justificado por el momento comenzar una acción judicial.
MILAGROS ORTIZ
La circular.
La circular.
La circular está sustentada en lo que dispone el artículo 80 de la Ley 41-08 de función pública concerniente a los deberes y prohibiciones a las que están sujetos los servidores públicos.
Estas declaraciones fueron ofrecidas en una rueda de prensa en el Palacio Nacional encabezada por Abinader, asistido por Delgado Sánchez y Ortiz Bosch.
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