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En ocho de las provincias de República Dominicana, más del 30% de su población se dedica a actividades económicas como la agricultura, la pesca y la ganadería, estas tres afectadas directamente con los fenómenos hidrometereológicos. Recientemente, el país sufrió el paso de la tormenta tropical Laura.
Según actualizaciones del 2016 de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), en Pedernales el 44.91% de la población se dedica a estas actividades productivas, en San José de Ocoa es de 42.18 y en Duarte de 37.31%.
En San Juan, el 34.14% de la población se dedica a la pesca, la ganadería o la agricultura; en Bahoruco es de 32.34%, en El Seibo es 32.3%, Monte Cristi presenta un 31.98% y Azua el 30.57%.
En las demás provincias que se dedican a estos sectores, como Valverde, Independencia, Monte Plata, Dajabón, Santiago Rodríguez y otras, el porcentaje de ocupados para estas actividades va desde el 26.24% hasta el 20.13%.
Al respecto, la economista Melissa Jiménez, considera que las autoridades deben prestar atención en la población que se dedica a estas actividades porque cuando un fenómeno atmosférico afecta el país, también se impacta negativamente el sustento de estas familias.
La especialista que cuenta con un máster en Análisis y Diseño Estadístico de Investigaciones, destaca que con relación al crecimiento económico, además del COVID-19, los últimos eventos atmosféricos, suponen una desaceleración. Esto es, debido a que en los últimos años, según reveló el Banco Mundial, las tormentas y las inundaciones han tenido un mayor impacto humano y económico en República Dominicana, con pérdidas de 0.83% del Producto Interno Bruto (PIB).
Jiménez, quien preparó un informe los efectos económicos de las lluvias en República Dominicana, señala que la escasez o exceso de lluvia se han constituido en la causa principal de las mayores pérdidas económicas para el país. En ese orden, indica que las inundaciones constituyen otra de las amenazas más comunes a la prevalencia de la seguridad alimentaria en el país.
Según datos del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), citados por la economista, de las 464 inundaciones registradas en el periodo de 1966-2000, cerca del 50% fueron producto de las lluvias, y sólo alrededor del 8,4% se debieron tormentas tropicales, huracanes y tornados. En el 2017, los huracanes Irma y María, representaron la pérdida total de un 7.98% del gasto público presupuestado para 2017, y el 1.5% del PIB del 2016.
“Las lluvias de noviembre de 2016 y abril de 2017 provocaron pérdidas que ascienden a unos RD$41,135.06 millones (US$862.01 millones), equivalentes a un 6.59% del gasto público para 2017. Para el caso de Irma y María, debido a la proximidad de ambos huracanes, es difícil separar el impacto particular que cada fenómeno tuvo en algunos sectores”, manifiesta.
Jiménez cita que se estima que las pérdidas directas provocadas por ambos huracanes equivalen a unos RD$8,702.35 millones (US$182.36 millones), lo cual representa el 1.39% del gasto público programado para 2017. Estos fenómenos afectaron la infraestructura pública, en particular acueductos, carreteras y puentes, además de daños en la infraestructura privada y la producción agropecuaria, principalmente de la región norte.
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