El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Ramón Antonio Pepin del Rosario, y otros 10 funcionarios, fueron denunciados por ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), ante la posible comisión de delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, usurpación de funciones y otros ilícitos.
La denuncia fue interpuesta por la Corporación Aeroportuaria del Este, por presuntamente haber otorgado obras sin licitación y bajo la figura de “conformidad y no objeción”.
De la misma forma solicitó iniciar la fase investigativa, para presentar formal acusación contra los señalados, en caso de haber sido identificados como responsables.
La motivación de la documentación depositada es porque, supuestamente, “los citados promovieron e incitaron al Poder Ejecutivo” con relación a la construcción de un aeropuerto en el municipio Bávaro, provincia La Altagracia.
Explicó que a través de la denuncia se expusieron las razones de hecho y de derecho que justifica la misma y señala de manera explícita a los citados como posibles infractores de los ilícitos enunciados.
De igual forma, se puso en conocimiento del PEPCA de las acciones realizadas en términos procesales, ante otras instituciones, tales como el Departamento Aeroportuario, la Comisión Aeroportuaria, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y el Ministerio de Obras Públicas, para salvaguardar los derechos de la denunciante y el debido proceso.
Informaciones recibidas dan cuenta de que desde la Procuraduría General de la República se están ejerciendo presiones para archivar la denuncia antes del 16 de agosto, con la finalidad de extinguir la acción penal derivada de la misma y las reparaciones y resarcimientos que pudieran derivar los daños y perjuicios generados por las acciones de los denunciados, que pudieran ser exigidos.
Explican a este diario que el archivo definitivo del expediente intentaría anular cualquier efecto posterior de búsqueda de justicia y resarcimiento penal por parte de la demandante.
De hecho, al ser consultado el abogado Miguel Valerio, en su calidad de abogado de la Corporación Aeroportuaria del Este al respecto, señaló desconocer tales maniobras, aunque indicó que, tal como le corresponde en su rol persecutor de la corrupción administrativa en el Estado dominicano, al PEPCA le corresponde dar curso y continuidad a la misma.
“De modo que las investigaciones determinen la validez o no de la denuncia contenida en los documentos depositados y que, bajo ninguna circunstancia procedería su archivo, porque se haría en un tiempo récord histórico de apenas dos días y porque la misma ha sido bien fundamentada y procedería una validación y comprobación de las acusaciones y medios de prueba sometidos”, precisó.
Y agregó: “También porque la prudencia aconseja que no sean festinados procesos investigativos en una fase de transición en lo que respecta a la nueva dirección del Ministerio Público en este cambio de gobierno, precisando que se abstengan de realizar el archivo inmediato de la misma so pena de ver involucrada su responsabilidad penal individual”.
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