El Departamento de Estado de Estados Unidos indicó en un informe que en 2018 el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, sustituyó a los mejores y más experimentados fiscales, entre ellos el de la Unidad Especializada en la Lucha Contra la Trata de Personas.
El Informe sobre Trata de Personas presentado por el secretario de Estado, Mike Pompeo, señala como una “preocupación urgente” la falta de personal y presupuesto para procesar este tipo de casos en el sistema de justicia dominicano.
Asimismo, que el Gobierno informó la presunta vinculación y complicidad a delitos de trata de dos investigadores asignados a la oficina del Fiscal Especial contra la Trata y el Tráfico de Personas (PETT), sin embargo no presentaron cargos formales en ninguno de los casos.
Otros ejemplos citados en el informe anual es el de un fiscal que presuntamente abusó sexualmente de una identificada víctima de trata. Por otro lado, el de un par de investigadores policiales que supuestamente proporcionó información confidencial a propietarios de clubes nocturnos antes de las redadas para ayudarles a evadir su captura. Los tres fueron suspendidos de sus puestos.
El Gobierno dominicano enfocó los recursos para la lucha contra la trata en Santo Domingo, lo que debilitó el combate del delito en otras zonas del país.
Un punto que critica el informe es que los jueces, fiscales y policías carecían de formación especializada en la investigación, identificación, procesamiento y condena de los acusados de delitos de trata. Ante esta situación, los expertos informaron que algunos jueces favorecieron los derechos de los acusados por encima de las víctimas de trata.
Las estadísticas del informe detallan que el año pasado al menos 349 oficiales del Ministerio del Interior y Policía recibieron capacitación sobre prevención de trata y tráfico de personas por parte de una organización internacional. Mientras que en 2018 hubo más capacitación, en específico la de 480 agentes.
Datos presentados por la Fiscalía General, de acuerdo con el informe, indican que en 2019 hubo 26 investigaciones de casos de trata; 11 en 2018, 17 en 2017, 25 en 2016 y 15 en 2015.
También en 2019, las au toridades informaron 22 procesamientos en curso que involucraban a 47 sospechosos, ocho casos menos que el año anterior. En 2017 hubo 20 acusados; 40 en 2016 y 49 en 2015.
El pasado año la Procuraduría General de la República condenó a cinco acusados por tráfico, lo que representa una disminución en comparación con las condenas de 22 acusados en 2018, 16 acusados en 2017, 13 en 2016 y 20 en 2015.
El Departamento de Estado de Estados Unidos señaló que el resultado del informe indica que el país no satisface las normas mínimas para la eliminación de la trata, sin embargo se ha esforzado para lograrlo.
Parte de los esfuerzos realizados por el Gobierno son la revisión de la ley sobre la trata para eliminar el requisito de fuerza, fraude o coerción de las víctimas menores de 18 años de la trata con fines sexuales; el aumento de las investigaciones y los enjuiciamientos y la capacitación de más personal de la policía turística.
Pese a la implementación de estas medidas, el Gobierno no dio el resultado de las investigaciones de los casos de complicidad oficial en la trata, y hubo preocupación por la validez del número de víctimas identificadas, dadas las acusaciones de complicidad en la oficina del fiscal de la trata.
“Las autoridades no tienen un presupuesto específico para la asistencia a las víctimas ni un refugio a tiempo completo para ellas, no examinan ni remiten eficazmente a todas las personas vulnerables a los indicadores de la trata, y no se dispone de protecciones de inmigración para las víctimas de la trata”, indica.
Como resultado del informe, República Dominicana fue reclasificada en el listado de Vigilancia a nivel 2.
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