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Puerto Rico reabrirá cautelosamente las playas, restaurantes, iglesias, salones de belleza y tiendas al por menor la próxima semana con nuevas y estrictas reglas, como parte del proceso para salir de un confinamiento que empezó hace dos meses y sofocó la actividad comercial en una isla que de antemano estaba agobiada por problemas económicos.
La gobernadora Wanda Vázquez anunció el jueves que la mayoría de los negocios reabrirán el martes, pero se mantendrá un toque de queda de las 7 de la noche a las 5 de la mañana hasta el 15 de junio. Se requerirá que todas las personas utilicen una mascarilla afuera y adentro de cualquier negocio, sin importar lo que estén haciendo.
“Puerto Rico se enfrenta a un nuevo modo de vivir”, afirmó. “Es el momento apropiado... hemos aplanado la curva”.
Muchos puertorriqueños, incluyendo propietarios de negocios, vitorearon el ansiado anuncio.
Sin embargo, expertos de salud advirtieron que el gobierno no le ha hecho pruebas a suficiente gente ni ha efectuado suficiente rastreo de contactos y no está preparado para un posible repunte en las infecciones. Además, la mayor parte de las reaperturas contradicen las recomendaciones efectuadas por un equipo médico nombrado especialmente por el gobierno.
El Departamento de Salud de este territorio estadounidense ha reportado más de 2.900 casos confirmados de la enfermedad COVID-19 y al menos 126 fallecimientos, y cada día surgen docenas de infecciones más. Las autoridades no actualizan las estadísticas regularmente, incluyendo las referentes al número de personas a las que se les han realizado pruebas o que se han recuperado. Hasta hace poco, la isla tenía un menor índice de pruebas per cápita que cualquier estado de Estados Unidos.
Mónica Feliú-Mójer, vocera de CienciaPR, un grupo sin fines de lucro de científicos puertorriqueños que quieren que se apliquen pruebas generalizadas, dijo que le preocupa que la información del gobierno no muestra que el coronavirus esté controlado.
Vázquez indicó que la reapertura con restricciones protegerá a la gente, pero también proporcionará un alivio económico muy necesitado en una isla que ha sido golpeada por huracanes y terremotos. La reanudación de algunas actividades normales se lleva a cabo mientras el gobierno reestructura parte de su deuda pública de más de 70.000 millones de dólares después de que en 2015 declaró la mayor bancarrota municipal en la historia de Estados Unidos.
Los restaurantes tendrán permitido operar al 25% de su capacidad. Los salones de belleza y barberías recibirán a sus clientes únicamente con previa cita. La gente que haga ejercicio, como surfear, correr, nadar o navegar en kayak, podrá estar en las playas de las 5 de la mañana a las 7 de la noche. Las tiendas minoristas podrán reabrir pero con una capacidad limitada, y la gente tendrá prohibido probarse ropa, entre otras restricciones. Los centros comerciales volverán a operar el 8 de junio.
“Usted no va a estar caminando por los pasillos como antes”, señaló la gobernadora. “Va a ser como los carriles... Tenemos que ser disciplinados”.
Los negocios que permanecerán cerrados por ahora incluyen los gimnasios y los cines, y el principal aeropuerto internacional de la isla será el único que recibirá vuelos.
El economista José Caraballo dijo que el confinamiento, uno de los más estrictos de cualquier jurisdicción estadounidense, ha causado pérdidas económicas que se estima oscilan entre los 6.000 y los 12.000 millones de dólares. La tasa de desempleo se ha disparado a aproximadamente el 40% en una isla con 3,2 millones de habitantes que tiene una tasa de pobreza superior al 40%, mayor a la de cualquier estado de Estados Unidos.
A diferencia de la situación posterior a los huracanes María e Irma y una serie de terremotos recientes, los puertorriqueños no pueden mudarse al territorio continental de Estados Unidos debido a la pandemia, comentó Caraballo en una entrevista vía telefónica.
“Están desesperados”, señaló. “La válvula de escape habitual, que era la migración, está cerrada”.
Las demoras en la distribución de ayuda local y federal también han empeorado los problemas financieros de muchos puertorriqueños afectados por los desastres naturales y el proceso de bancarrota de la isla, tras el cual se han aplicado medidas de austeridad.
“La ineficiencia del gobierno ha causado la crisis social que tenemos ahora mismo”, comentó Caraballo.
Los niños que acuden a escuelas públicas y las personas que solicitan subsidios por desempleo a causa de la pandemia se han visto particularmente afectados.
El gobierno mantuvo cerradas las cafeterías escolares durante casi dos meses, optando por enviar sus alimentos a organizaciones sin fines de lucro y a un banco local de alimentos, donde rápidamente se agotaron. Entonces algunos profesores les compraron comida a sus estudiantes con su propio dinero.
Además, cerca de 90.000 personas solicitaron subsidios por desempleo a causa de la pandemia cuando los fondos estuvieron disponibles el 28 de abril, pero un sistema por internet se saturó y quedo bloqueado. No fue sino hasta el jueves que el gobierno informó que las primeras 50.000 personas comenzaron a recibir los pagos. Se desconoce cuándo recibirán el dinero los solicitantes restantes.
Algunos propietarios de negocios no sentían que hubiera algo que celebrar.
La estilista Anabel Fuentes dijo que perdió cerca de 8.000 dólares durante el confinamiento y que ahora debe buscar un sitio más asequible para rentar, ya que no puede aceptar muchos clientes.
“Los problemas financieros seguirán, incluso pueden empeorar y llegar a la bancarrota”, señaló. “No va a ser lo mismo”.
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