El Tribunal Superior Administrativo (TSA), fue apoderado de un recurso contencioso administrativo en contra de la base del concurso convocado por el Consejo Superior del Ministerio Público para la selección de titularidades de procuradurías de cortes regionales, Procuradurías Especializadas, Fiscalías regionales y Abogados del Estado.
La instancia fue interpuesta por unos 19 fiscales y procuradores de cortes, a través de los abogados Laura Acosta, Nasesf Perdomo y Cristóbal Rodríguez, quienes piden al tribunal revocar la convocatoria del concurso, la cual fue prorrogada, por el Consejo, tras acoger las recomendaciones de distintos entes de la sociedad civil, quienes entendían que este no era el momento para realizar concurrencia de oposición.
En la instancia en la que figura la ex fiscal del Distrito Nacional, se alega la nulidad de la convocatoria, debido a que la misma fue realizada en franca a la Constitución de la República, la ley orgánica del Ministerio Público nº 133-11, La ley nº 107-13 sobre los derechos de las personas en sus relaciones con la Administración y de procedimiento administrativo, el Reglamento Institucional de carrera del Ministerio Público, los Estándares Internacionales de la autonomía de los Fiscales y las Fiscalías,.
Igualmente, a los principios de juridicidad, promocional, de racionalidad, de igualdad de trato, de publicidad, de seguridad jurídica, de ejercicio normativo del poder, de coherencia y de ética; y los derechos a la buena administración, entre éstos, el de la tutela administrativa efectiva, el derecho a la motivación de las actuaciones administrativas y el derecho de acceso a los expedientes administrativos.
Pidieron condenar a las partes recurridas, Consejo Superior del Ministerio Público a través de sus miembros titulares y la Dirección de Carrera del Ministerio Público al pago de las costas del procedimiento a favor y provecho de los abogados de los recurrentes, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad.
Los fiscales y procuradores de cortes como medida de instrucción previo al conocimiento del fondo del recurso, piden al tribunal ordenar al Consejo del Ministerio Público y la Dirección de la Carrera la entrega inmediata del listado de ascensos realizados en este año 2019 dentro del Ministerio Público, asì como resolución y acta de reunión del Consejo Superior, mediante la cual se discutieron y aprobaron las bases del concurso para selección de titularidades
También el listado del banco de elegibles para ascensos dentro del Ministerio Público, listado de participantes en el concurso para selección de titularidades CIT01-2020 y puestos para los cuales concursaron, expedientes completos de los participantes en el concurso, con cuidado expreso de su derecho a la intimidad, pero señalando tanto sus nombres y apellidos, posiciones dentro de la carrera, fecha de ingreso, tiempo de servicio en el Ministerio Público, suplencias o interinatos.
Igualmente datos académicos y profesionales, especialidad, resultados de evaluaciones de desempeño si se han producido, participación en actividades de capacitación relativas al puesto concursado, servicios docentes y publicaciones sobre temas jurídicos, cartas de renuncias, o puestas a disposición de los cargos de titularidades vacantes por estas razones y concursadas en el proceso CIT-01-2020.
La instancia tambièn la firman Marlene Rodríguez, Alba Esther Corona Valerio, Wilson Manuel Camacho Peralta, Julio Cesar Gómez Quintana, Yoneivy Alfredo González Mueses, Luisa Fridania Liranzo Sánchez, Gladisleny Núñez Gómez, Johann Newton López, Johanna Isabel Reyes Hernández, Wendy María Estrella Monsanto, Pedro Inocencio Amador Espinosa, Fernán Josué Ramos Ramos, Sourelly Naihary JaquezVialet, Juan Medina De Los Santos, Marinel Guillermina Brea Tejeda, Pedro José Frías Morillo, Ernesto Guzmán Alberto, Melbin Romero Suazo.
El Consejo Superior del Ministerio Público es el responsable y está obligado a desarrollar este proceso tan pronto vencen las distintas plazas y lo integran miembros de carrera seleccionados por sus mismos pares dentro del ministerio público, es decir, los fiscalizadores, fiscales, Procuradores de Corte y Procuradores Adjuntos eligen en un proceso de votación interna cada uno a un representante y el quinto miembro es el Procurador General que tiene solo uno de cinco votos.
Dicho Consejo elige un jurado para la selección de titulares tan pronto se venzan las plazas que por ley lo integran los directores generales de la Carrera y de Persecución del Ministerio Público, Víctor Lora y Fernando Quezada, respectivamente y la Procuradora adjunta Casilda Báez.
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