La Fiscalía chilena informó este sábado de que 25.505 personas fueron llevadas a Audiencias de Control de Detención (ACD) por diversos delitos entre el 18 de octubre, día que comenzaron las protestas en el país, y el 15 de noviembre, de las que a 17.434 personas han sido formalizadas con una investigación en contra.
La formalización se da en presencia de un juez y supone la comunicación al imputado de la apertura de una investigación en su contra, mientras que la ACD es aquella a la que es conducido todo detenido con el objeto de que un magistrado verifique la legalidad de la detención.
Entre el total de formalizados, para 1.431 se decretaron prisiones preventivas, en tanto que en otros 15.481 casos se estableció prohibición de asistir a determinados lugares, de acercarse a la víctima, y de salir del territorio nacional, entre otras disposiciones dictadas por los Tribunales de Justicia.
El robo en lugar no habitado, conocido comúnmente como saqueo, es el principal delito registrado en el período: creció en 213 % con 2.236 personas pasadas a Audiencias de Control de Detención.
Le siguen las lesiones menos graves, con 2.001 detenidos; las amenazas simples contra personas y propiedades, con 1.798 Audiencias de Control de Detención; y los desórdenes públicos, con 1.699 imputados.
El 88 % de los imputados pasados a ACD fueron detenidos en flagrancia y su cifra total es 18 % superior a la registrada en el mismo periodo de 2018.
En tanto, el total de formalizados en el periodo supone un 72 % de incremento respecto de igual periodo del año pasado 2018.
Durante el periodo en análisis se ha registrado, además, un descenso en los delitos de hurto simple y de hurto falta (entre 54 % y 65 %) y de 46 % en el microtráfico.
Las detenciones se han declarado legales en el 95 % de los casos de Audiencias de Control de Detención. Las ilegalidades se han relacionado con la calidad del parte y del relato delictual.
Por su parte, las cifras que maneja el cuerpo policial de Carabineros son de más de 5.800 eventos violentos o delictuales desde el inicio de las protestas y más de 15.000 personas detenidas por diversos delitos, de los que más de 4.200 lo fueron sólo por saqueos.
El estallido social chileno, que mantiene a multitud de ciudadanos manifestándose de manera mayormente pacífica en las calles en reclamo de un modelo socioeconómico más equitativo, ha dejado en paralelo al menos 23 muertos en distintos actos de violencia (incendios, atropellos y cinco de ellos presuntamente por la acción de agentes del Estado).
De los más de 2.500 heridos que cifra el Instituto Nacional de Derechos Humanos, al menos 223 presentan traumas oculares severos, en parte por disparos de balines de las fuerzas se seguridad, en su intento por contener las manifestaciones y sus expresiones violentas.
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