Los investigadores del Vaticano han detectado "graves indicios" de corrupción entre responsables de la Santa Sede en la investigación en curso sobre supuestas irregularidades inmobiliarias, avanza hoy la revista "L'Espresso", que publica nuevas filtraciones.
El promotor de Justicia del Vaticano (fiscal), Gian Piero Milano, investiga presuntas irregularidades financieras e inmobiliarias y el 1 de octubre requisó documentación y equipos electrónicos en la Secretaría de Estado de la Santa Sede tras recibir varias denuncias.
Por el momento, 5 personas han sido suspendidas de empleo como medida cautelar, mientras se desarrolla la investigación, una información confidencial que recientemente trascendió a los medios causando la dimisión del jefe de seguridad del papa, Domenico Giani.
Hoy el semanario "L'Espresso" en su edición de internet publica más información, que completará el próximo domingo, según la cual en el centro del caso figura la compra de un inmueble de 17.000 metros cuadrados en Londres por 200 millones de dólares, entre otras cosas.
La revista asegura que los fiscales del Vaticano han redactado un informe en el que vislumbran "graves indicios de malversación, estafa, abuso de poder y blanqueo de capitales" en algunos funcionarios o eclesiásticos de la Santa Sede.
Y el revisor general, Alessandro Cassinis, encargado de auditar la Administración vaticana, ha hallado de "gravísimos delitos, como apropiación indebida o corrupción".
Estos supuestos delitos se enmarcarían, según "L'Espresso", en el periodo en el que el cardenal Angelo Becciu estuvo en la oficina para los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado, de la que salió en septiembre de 2018 como prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos.
Los documentos de "L'Espresso" apuntan a que la Secretaría de Estado posee y gestiona fondos externos a su presupuesto por 650 millones de euros procedentes de las donaciones que el papa recibe para obras de caridad.
La Santa Sede investiga estas presuntas irregularidades financieras e inmobiliarias, lo que por el momento ya ha supuesto medidas cautelares para cinco personas.
Se trata del director de la Autoridad de Información Financiera (AIF), Tommaso Di Ruzza, un organismo de la Santa Sede instituido para la lucha contra el blanqueo de capitales.
También, de Vincenzo Mauriello y Fabrizio Tirabassi, dirigentes de la Secretaría de Estado; una empleada de Administación, Caterina Sansone, y el jefe del Departamento de Información y Documentación, Mauro Carlino.
El pasado 1 de octubre, el Vaticano informó de que el fiscal de la Santa Sede había ordenado la incautación de documentación en la Secretaría de Estado tras recibir varias denuncias el pasado verano.
El registro en busca de pruebas tuvo lugar en dos entes del Vaticano: la primera sección de la Secretaría de Estado y la AIF.
La operación surgió de unas denuncias presentadas al principio del pasado verano por el Instituto para Obras de Religión, el conocido como banco vaticano, y por la Oficina del Revisor General, este último encargado de auditar la Administración vaticana.
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