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La construcción de un nuevo aeropuerto para Cusco genera una creciente polémica en Perú, a la que se sumó la Unesco al solicitar precisiones sobre el impacto que tendrá sobre la ciudadela inca de Machu Picchu.
Las autoridades peruanas tienen hasta el 25 de agosto para responder las interrogantes sobre la centenaria ciudadela de piedra, que es Patrimonio de la Humanidad, planteadas en una carta por la Unesco, dijo el sábado un responsable del gobierno peruano.
"La carta es un pedido de información sobre varias cosas, entre ellas el impacto que tendrá en la zona arqueológica de Machu Picchu" un eventual aumento del número de turistas una vez que comience a operar el nuevo aeropuerto, dijo a la AFP la fuente gubernamental.
El contenido de la misiva no se ha difundido, aunque la prensa peruana ha dado cuenta de ella.
El aeropuerto se levantará en el distrito de Chinchero, situado a unos 30 kilómetros del Cusco y a 3.780 metros de altitud, en el Valle del río Urubamba, conocido popularmente como el Valle Sagrado.
El terreno, de unas 450 hectáreas, está cerca de donde viven una docena de comunidades indígenas.
- Tope de visitantes -
Perú está obligado a responder a la Unesco debido a que en el Valle del Urubamba se encuentra Machu Picchu, que desde 1983 es Patrimonio de la Humanidad, clasificación otorgada por ese organismo de las Naciones Unidas.
"La Unesco normalmente manda solicitudes sobre el estado de conservación de los bienes que son parte, como Machu Picchu, del Patrimonio de la Humanidad", acotó la fuente.
El proyecto de la nueva terminal aérea despierta polémica desde que fue anunciado en 2017.
"Construir un aeropuerto en el entorno del Valle Sagrado tendrá efectos irreparables por el ruido, el aumento del tráfico y la urbanización descontrolada", advirtió la historiadora Natalia Majluf, citada por el diario El Comercio.
Sin embargo, el presidente Martín Vizcarra defendió la construcción en su mensaje anual a la nación, el pasado 28 de julio.
"Debe quedar claro que se respetará el legado arqueológico, natural, histórico y cultural del Cusco, así como las fuentes de agua de las que disponen los cusqueños", aseguró.
La Unesco (Organización de las Naciones Unidas para Educación, la Ciencia y la Cultura) tiene como prioridad mantener un tope de visitantes diarios a Machu Picchu para evitar su deterioro.
El gobierno peruano limitó en mayo el acceso a la ciudadela, construida durante el reinado del emperador inca Pachacútec (1438-1471) y visitada cada día por unos 6.000 turistas, repartidos en dos turnos.
Machu Picchu ("vieja montaña", en lengua quechua) se encuentra en la cima de una frondosa montaña.
Se halla a un centenar de kilómetros del Cusco, la antigua capital inca, en el sureste de Perú, y los colonizadores españoles nunca se enteraron de su existencia. Fue descubierta en 1911 por el explorador estadounidense Hiram Bingham.
- Polémico desde su inicio -
El actual aeropuerto quedó estrecho y no hay posibilidad de ampliarlo, al estar en medio de la ciudad del Cusco. Tiene capacidad para 3.000 pasajeros diarios, pero recibe 5.000.
La nueva terminal aérea, con un costo de unos 500 millones de dólares, permitirá elevar el flujo de viajeros en esta región altamente turística.
El proyecto está en fase de diseño y las obras físicas recién empezarán en el segundo semestre de 2020.
Perú seleccionó en junio al consorcio surcoreano Korea Airports Corporation para que se encargue de la asistencia técnica en el diseño, construcción y puesta en operación del aeropuerto.
Después debe convocar una licitación internacional para la construcción.
La polémica ha acompañado al proyecto del nuevo aeropuerto desde su nacimiento. En 2017, el actual presidente y entonces ministro de Transportes del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, se vio forzado a renunciar a su cargo y suspender la construcción.
Vizcarra, que en ese momento era además vicepresidente de Perú, dimitió a la cartera cuando la Contraloría de la República detectó irregularidades en una adenda del contrato original, adjudicado a un consorcio peruano-argentino.
El consorcio afectado por la anulación del contrato llevó el caso a un tribunal arbitral en febrero de 2018, en busca de compensación.
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