La Justicia brasileña aceptó el pedido de recuperación judicial solicitado por el conglomerado Odebrecht, con el fin de reestructurar su millonaria deuda tras verse involucrada en un escándalo de corrupción de dimensiones internacionales, informó este martes la empresa.
Odebrecht, una de las firmas más poderosas de Latinoamérica, entró el lunes con uno de los mayores pedidos de recuperación judicial de la historia de Brasil y la justicia le concedió un plazo de 60 días para que presente un plan a los acreedores, que deberá ser aprobado en asamblea.
Desde que las autoridades destaparon la trama en el marco de la operación Lava Jato, hace ya cinco años, Odebrecht ha sufrido diversos reveses, tanto financieros como judiciales, que le han situado al borde de la bancarrota, con una deuda que roza los 100,000 millones de reales (unos 25,700 millones de dólares).
El conglomerado subrayó en un comunicado que el pedido de recuperación judicial se convirtió en la “medida más adecuada” para posibilitar la “conclusión exitosa” de su proceso de reestructuración financiera ante el “vencimiento de diversas deudas, la ocurrencia de hechos imprevisibles y los recientes ataques a los activos de las empresas”.
Odebrecht tiene 84,000 millones de reales (unos 21,595 millones de dólares) en créditos concursales, pero de ese total 33,000 millones de reales (8.483 millones de dólares) son entre empresas del mismo grupo, según precisó el consorcio.
Por ello, la compañía deberá reestructurar pasivos por 51,000 millones de reales (unos 13,076 millones de dólares).
La solicitud alcanza a 21 compañías del holding ODB, pero el grupo dejó fuera del perímetro de la recuperación a la petroquímica Braskem, a Odebrecht Ingeniería y Construcción y a Ocyan, consideradas como “bienes esenciales” para la supervivencia del grupo.
Odebrecht tocó el fondo del pozo tras el arduo camino iniciado hace cinco años, cuando se destapó el gigantesco escándalo de corrupción del que fue protagonista y que ha salpicado a las más altas esferas de la política latinoamericana, incluidos varios presidentes y antiguos mandatarios.
Las investigaciones llevaron a prisión en 2015 al entonces presidente del grupo Odebrecht, Marcelo Odebrecht, quien llegó a ser uno de los hombres de negocios más poderosos del país y dirigió durante años el grupo de compañías fundada en 1944 por su abuelo Norberto Odebrecht.
La Lava Jato descubrió que la constructora del grupo tenía un departamento específico para el pago de sobornos, con tablas y apodos para esconder la identidad de los beneficiados, un complejo rompecabezas que las autoridades juntaron gracias a la confesión de 77 de sus exejecutivos.
Ante la magnitud del escándalo, el consorcio reconoció la corrupción en el seno de sus empresas, firmó acuerdos con autoridades de diversos países y se comprometió a pagar millonarias multas a cambio de seguir operando, pero el cerco judicial desestabilizó las cuentas del imperio.
Antes del escándalo, Odebrecht contaba con 181,000 empleados distribuidos en 21 países, mientras que ahora tan solo tiene 48,000, según recordó el holding tras acogerse a la ley de quiebras.
La drástica disminución de la plantilla, según el grupo, es consecuencia de “una crisis económica que frustró muchos de los planes de inversiones de ODB, del impacto en la reputación por los errores cometidos y por las dificultades por las cuales pasan empresas que colaboran con la Justicia para volver a recibir nuevos créditos y tener sus servicios contratados”.
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