Con receta en mano, sale de una farmacia privada ubicada en la capital venezolana Francisco González, un velador y comerciante independiente cuya esposa padece cáncer.
Con la serenidad de quien se ha acostumbrado a padecer dificultades para hacerse con los fármacos, González expresó a Xinhua que de los medicamentos que necesita "no ha encontrado ninguno por ahora".
Don Francisco es uno más de los millones de venezolanos que se han visto afectados por las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos al país desde el 2014, pero que se han intensificado en la actualidad.
"Es muy difícil conseguir algunos medicamentos porque Venezuela intenta comprarlos en el extranjero, pero parece que las empresas no quieren venderle al país porque si lo hacen, Estados Unidos los castiga", señaló.
Agregó que "anteriormente los medicamentos más importantes contra el cáncer nos eran entregados en las farmacias de alto costo del Seguro Social, pero desde que las sanciones contra el país se pusieron más fuertes se ha vuelto muy difícil la dotación por esta vía".
Las farmacias que menciona Francisco son el resultado de una política implementada hace unos años por el Instituto Venezolano del Seguro Social para garantizar el acceso de 230 medicamentos a los pacientes con condiciones especiales o enfermedades graves.
Dicho instituto cuenta con 55 centros asistenciales en todo el país que prestan los servicios de farmacias de alto costo a pacientes con cáncer, esclerosis múltiple, hepatitis virales, artritis reumatoidea, enfermedades hematológicas, osteoporosis, esquizofrenia y VIH, entre otros.
Han transcurrido cuatro años y cinco meses desde que el 7 de diciembre de 2014 el senado de Estados Unidos aprobó la "Ley de defensa de derechos humanos y sociedad civil de 2014 de Venezuela" usada para imponer sanciones contra funcionarios e instituciones en el país sudamericano.
El gobierno venezolano ha denunciado en reiteradas ocasiones que padece una "persecución financiera internacional" que impide a la nación hacer transacciones básicas para comprar alimentos, medicamentos y demás insumos fundamentales.
Al oeste de Caracas, cerca de la estación Propatria del metro, Lourdes Zapata hace una larga fila para comprar harina de maíz a un precio menor que en el resto de los establecimientos comerciales.
La profesora jubilada señaló a Xinhua que no vive en Caracas, sino en Charallave, estado de Miranda, pero que viaja regularmente por tren para hacer diligencias y comprar algunas cosas para comer que pueden conseguirse a mejor precio en la capital.
Narró su experiencia familiar con el abastecimiento de los alimentos del gobierno nacional a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), creados para dar víveres a precios subsidiados a la población venezolana.
"En mi casa el CLAP nos llega a veces cada tres meses, a veces cada dos meses, en los últimos meses es difícil que nos llegue esa caja de comida", afirmó la señora Lourdes sobre el abastecimiento que está pensado por el gobierno para ser entregado cada 15 días.
La causa del retraso, a decir de la profesora jubilada, es que en el país "todavía no se ha podido desarrollar con fuerza un aparato económico productivo".
"Hay que tener claro que al país no le permiten comprar libremente alimentos a cualquier proveedor internacional, las sanciones contra el país impiden que Venezuela pueda comprar libremente la comida para los CLAP", agregó.
Pensamiento que coincide con declaraciones ofrecidas el 7 de mayo por el jefe nacional de los CLAP, Freddy Bernal, quien declaró que es "muy difícil" entregar los alimentos cada 15 días debido al bloqueo económico que Estados Unidos impone al país.
"La guerra criminal ha afectado también la distribución de los CLAP a las navieras que traían los alimentos desde México. De 10 navieras, quedaron dos, ocho han sido sancionadas", indicó Bernal.
Añadió que el pago de los alimentos ya no se puede hacer de manera directa en dólares a México, sino que debe hacerse a través de un tercer país, lo cual dificulta los procesos.
Pero las dificultades parecen ser un estímulo a la creatividad de los venezolanos, quienes se han visto en la necesidad de buscar nuevas fuentes de abastecimiento de insumos para las empresas.
Es el caso del joven Guilmen Díaz, de la empresa estatal procesadora de aluminio Alucasa, ubicada en Guacara, al centro del país, quien dijo a Xinhua que en la estatal han vivido "dificultades producto del bloqueo y las sanciones", pero eso no les ha impedido seguir adelante.
"El 60 por ciento de los insumos que utilizamos en el proceso de transformación del aluminio son importados, y la mayoría de las empresas que nos lo suministraban son de Estados Unidos, y además, por efectos del bloqueo, Alucasa no puede tener cuentas en el extranjero ni hacer pagos directos", explicó el trabajador.
Contó que "las empresas estadounidenses no han despachado más insumos, como el desmoldeante, por tanto tuvimos que irnos hacia el mercado asiático y hacer desarrollos de nuevos productos".
Añadió que en el proceso de laminación Alucasa usaba un aceite que le suministraba la trasnacional estadounidense Exxon Mobil, quien también dejó de proveerles.
"Tuvimos que hacer un desarrollo de sustitución de importaciones (...) Con un subproducto del proceso de refinación del petróleo de (la estatal petrolera) PDVSA y una pequeña empresa local, estudiaron el aceite y logramos hacer uno igual al que suministraba la Exxon", dijo Guilmen.
Aplaudió que la situación ha despertado la creatividad en los trabajadores; sin embargo, estimó que con las sanciones impuestas contra Venezuela se ha perdido tiempo y recursos que han afectado el desenvolvimiento de las empresas.
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