SANTO DOMINGO. Ayer la Procuraduría General de la República dio inicio a una travesía judicial que tardó 17 meses en preparar e incluyó hasta un equipo formado por el FBI: la acusación a siete imputados de recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
En una transmisión en vivo, un adusto Jean Rodríguez, procurador general, flanqueado por sus fiscales adjuntos, ofreció los detalles de la acusación formal que horas antes había sido entregada al juez de Instrucción Especial, Francisco Ortega Polanco.
Enfrentarán el proceso judicial el empresario Ángel Rondón Rijo, el abogado Conrado Pittaluga Arzeno, el exministro de Obras Públicas y miembro del Partido de la Liberación Dominicana (PLD, Gobierno), Víctor Díaz Rúa, y el senador por San Cristóbal (PLD), Tommy Galán Grullón.
También los expresidentes del Senado, Porfirio Andrés Bautista García, presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y Jesús Antonio (Chú) Vásquez Martínez, secretario general del PRM y quien no era parte de los imputados, así como el perremeísta y exdirector del Instituto Nacional de Agua Potable (Inapa), Juan Rodríguez Hernández.
Mientras que fueron archivados provisionalmente los expedientes a César Domingo Sánchez (exvicepresidente de la CDEEE), el ingeniero Bernardo Castellanos de Moya, el empresario Máximo D’Óleo, Alfredo Pacheco, diputado del PRM, y Ruddy González, exdiputado del Partido Revolucionario Dominicano (PRD); así como Juan Temistocles Montás Domínguez (exministro de Economía y de Industria y Comercio), Radhamés Segura (exvicepresidente de la CDEEE) y Julio César Valentín (actual senador por Santiago), miembros del Comité Político del PLD .
De estos ocho mencionados, sobre quienes pesaron medidas de coerción, el procurador señaló: “No hemos encontrado evidencias suficientes”.
Momento y verdad
A dos días de vencer el plazo para presentar acusación, Rodríguez dijo que “llegó el momento de la verdad”, una verdad, un momento que defendió con palabras dirigidas a los cuestionamientos a la investigación llevada por el Ministerio Público desde enero de 2017.
“Preparar expedientes fuertes en casos de corrupción, basados en evidencias y no conjeturas o rumores, no es tarea fácil”, expresó. Seguidamente apuntó las dificultades, enfrentado a “personas con el poder de comprar conciencias y confundir a la ciudadanía”.
“A muchos los escuchamos argumentar sobre expedientes débiles sin haber leído ni una sola página de ellos. En esos casos, es oportuno indagar cuáles son sus motivaciones y quiénes financian sus movimientos”, señaló en clara alusión a los grupos que han expresado sospechas sobre la idoneidad de las gestiones de la Procuraduría, en especial el movimiento Marcha Verde.
Ahora queda esperar que esta acusación, que según Jean Alain Rodríguez necesitó de miles de horas de investigación llegue “a buen puerto”.
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