SANTO DOMINGO. La acusación presentada por el procurador general de la República contra siete personas por los US$92 millones pagados en soborno por la empresa Odebrecht entre 2001 y el 2014, refiere presuntas transferencias de dinero y ocultamiento de patrimonio por parte de los implicados.
De acuerdo con el expediente del Ministerio Público, Víctor José Díaz Rúa, sería el exfuncionario público que más vínculos tuvo con la multinacional brasilera, puesto que hace referencias a presuntos pagos directos hechos por Odebrecht a empresas del exministro de Obras públicas y exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) así como un viaje a Antigua y Barbuda pagado por la constructora.
El procurador Jean Alain Rodríguez afirma en la solicitud de auto de apertura a juicio contra Díaz Rúa, y otros seis imputados, que de las empresas Lashan Corp y Consultores y Contratistas Conamsa propiedad del también procesado Ángel Rondón Rijo, se transfirieron en favor el exfuncionario US$856,804.83 entre los años 2011 y 2013.
Afirma además, que Odebrecht junto a Díaz Rúa y el abogado Conrado Enríquez Pittaluga Arzeno, también imputado, agotaron todos los artificios legales para que le fuera cedida a la multinacional el contrato para la Autopista del Coral, y que luego de adquirirlo el exministro le exigió a la empresa la firma de un contrato de representación legal por 1.25% del valor del proyecto, US$6,629,080.00 en total.
“Los imputados Conrado Enrique Pittaluga Arzeno y Víctor Díaz Rúa, de acuerdo con las declaraciones de Marco Antonio Vasconcelos Cruz, recibieron primero la suma de seis millones seiscientos veintinueve mil ochenta dólares estadounidenses (US$6,629,080.00) los cuales les fueron pagados a través de la cuenta de la compañía offshore Newport Consulting LTD, abierta en el Meinl Bank de Antigua y Barbuda, propiedad del propio imputado Pittaluga”, refiere la acusación en referencia a la Autopista del Coral.
A Newport se le hicieron seis transferencias de junio a agosto del 2011 y una en agosto del 2012, según la acusación por soborno, falsificación, lavado de activos y enriquecimiento ilícito presentada también contra el senador por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Tommy Galán Grullón, exsenador y presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Porfirio Andrés Bautista García, expresidente del Senado por el PRM, Jesús (Chú) Vásquez Martínez y exdirector del INAPA, Juan Rodríguez Hernández.
Hilberto Mascarenhas Alves Da Silva también se refirió a los pagos hechos al imputado Víctor Díaz como fue uno de los funcionarios que recibieron sobornos, “indicando de manera directa el pago al imputado de cuatro millones de dólares estadounidenses (US$4,000,000). Señaló, además, que debido a este pago y otros que le fueron realizados, la empresa vio incrementar su riesgo en el Antigua Overseas Bank (AOB) a quince millones de dólares”, dice la procuraduría.
En el relato acusatorio contado en 293 páginas, se destaca que los pagos realizados al enlace comercial de Odebrecht en República Dominicana, Ángel Rondón, fueron a través de transferencias entre las empresas Lashan Corp y Conamsa, cuyas cuentas fueron abiertas en el Meinl Bank Antigua por la división de Operaciones Estructuradas de la constructora.
“La investigación realizada por el Ministerio Público a las sociedades vinculadas con el imputado Víctor José Díaz Rúa, arroja que en fecha 6 de julio del 2011, la empresa Lashan Corp (del imputado Ángel Rondón Rijo) autoriza a Bancamérica a realizar la transferencia de seiscientos setenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y seis dólares estadounidenses (US$674,456.00) a favor de la empresa Almafrío donde figura como socia la sociedad Albox S.R.L propiedad de Víctor José Díaz Rúa”, refiere la acusación.
“La orden de transferencia de Lashan Corp indica al banco que es ‘con referencia a Albox’ lo que demuestra que el dinero está destinado a ésta última”, concluye el párrafo del Ministerio Público.
“Fueron identificadas transferencias efectuadas desde las empresas Lashan Corp y Consultores y Contratistas Conamsa al señor Leonardo José Guzmán Font-Bernard, yerno y testaferro del imputado Víctor José Díaz Rúa, por un monto total de ciento ochenta y dos mil trescientos cuarenta y ocho dólares estadounidenses (US$182,348.83). Dichas operaciones fueron realizadas en el período comprendido entre agosto del 2012 y agosto 2013”, señala el órgano investigador.
En el expediente se detallan informaciones sobre empresas, productos financieros, bienes inmuebles, declaraciones juradas de bienes y análisis forense de los bienes de Díaz Rúa.
Otros procesados
La Procuraduría dice que el abogado Pittaluga Arzeno es el testaferro de Víctor Díaz Rúa por lo que firmó contratos de servicios jurídicos de fachadas con la Constructora Norberto Odebrecht y constituyó sociedades de carpeta en paraísos fiscales con cuentas en Antigua y Barbuda a nombre de la compañía Newport Consulting donde se depositaron los pagos de sobornos.
Describió que Pittaluga Arzeno trianguló los activos a través de las sociedades Newpport, Indoequipesa SRL y Solaries S.A.S y que el método para hacer llegar los fondos al exfuncionario era haciendo inversiones en empresas vinculadas a él así como inversiones inmobiliarias o de trabajos relacionados con la construcción.
“Las acciones de Conrado Pittaluga Arzeno se tipifican como violación a los artículos 59 y 60 del Código Penal y los artículos 2, 3 y 8 de la ley 448-06 Sobre Soborno en el Comercio y la Inversión que tipifica y sanciona la complicidad en soborno o cohecho de funcionario público”, dice la acusación.
Jesús Vásquez Martínez, quien había sido interrogado por el Ministerio Público pero no procesado en la fase investigativa, también está siendo acusado de incurrir en los ilíctos penales antes mencionados, pues, según evidencias presentadas por la Procuraduría, su esposa Dionicia Marte Almonte, su hijo Jesús Starlin Vásquez Marte y él mismo, recibieron de la empresa ARMA SA, a la cual vinculan a Rondón Rijo, RD$2,169,000 entre el 2007 y el 2009.
El primer cheque fue emitido el 03 de octubre por RD$619,000, un segundo el 15 de marzo de 2009 por RD$500,000 y el último de RD$1,050,000, todos, según afirma el Ministerio Público, provienen de Odebrecht a “cambio de gestionar y utilizar sus influencias para la aprobación de préstamos y financiamientos de obras adjudicadas”.
En la acusación depositada en la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República afirma que el senador Tommy Galán Grullón fue uno de los legisladores que gestionaron y recibieron grandes cantidades de dinero de Odebrecht a través de su enlace comercial en el país y que esos fondos fueron ocultados con adquisición de inmuebles y aportes a sus campañas políticas en 2006, 2010 y 2016.
Detalla que entre el 2006 y wl 2010, el aumento patrimonial declarado por el legislador fue poco significativo, pero este varía sorprendentemente entre los años 2010 y 2016, cuando se incrementa en un 63%. Jean Alain Rodríguez afirma que Galán ocultó RD$63,000,000 en inmuebles.
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