QUITO. Más de 17.000 menores de 14 años parieron en Ecuador en los últimos siete años, fruto de relaciones consideradas violaciones según la ley, un fenómeno que goza de una impunidad rampante y se ataja desde la maternalización de las niñas.
De acuerdo a datos de UNICEF, América Latina es la única región del mundo en la que las maternidades en niñas aumenta sostenidamente cada año, y en el caso de Ecuador, los abordajes desde las instituciones no han logrado frenar la tendencia.
“En América Latina lo que está ocurriendo es una pandemia de violencia sexual y maternidad forzada en menores de 14 años”, afirma a Efe Ramón Torre, oficial de programas en Ecuador de Planned Parenthood Global.
“Los estados no están protegiendo a las niñas, porque en la gran mayoría de los casos sufren la violencia sexual dentro de su propio hogar y la única opción que les proporcionan es continuar ese embarazo y convertirlas en niñas madre”, censura Torre.
En el caso de Ecuador, la problemática se aborda técnicamente desde la preparación psicológica y física del parto y el cuidado de la criatura, siendo opciones como el aborto o la adopción prácticamente inexistentes.
En el país andino el aborto está permitido bajo los supuestos de violación a una discapacitada mental, o que el embarazo represente un grave riesgo a la salud y vida de la mujer.
Las estadísticas oficiales de embarazos en menores de 14 desde 2009 a 2017 superó los 17.000 y las proyecciones del Ministerio de Salud de nacidos vivos por cada 1.000 niñas en ese rango de edad reflejan una tendencia al alza situándose en 3,38 en 2017 y 3,50 en 2018.
“Aproximadamente el 80 % de los embarazos por violaciones a estas niñas son por personas del mismo círculo familiar”, puntualizó a Efe Carlos Cisneros, subsecretario de Promoción de la Salud e Igualdad.
El hospital gineco-obstétrico Isidro Ayora de Quito, centro de referencia del país con la primera planta especializada en embarazo adolescente, solo el pasado año atendió a 746 niñas entre 10 y 14 años embarazadas, un promedio de dos al día.
En una de sus salas de puerperio, varias menores recostadas sobre las camas comparten confidencias y risas ante la mirada de los curiosos. Junto a ellas, un pequeño habitáculo donde se les practican curas también es el punto donde se les realizan implantes anticonceptivos para evitar un nuevo embarazo.
En el hospital, considerado de tercer nivel, las niñas paren sin epidural, los esfuerzos se centran en que alumbren mediante parto vaginal y posteriormente se les asesora en materia de cuidado del menor y lactancia.
Pese a que en menores de 14 años los casos son considerados violación, desde la institución médica solo se denuncian en determinadas situaciones y se tiende a conciliar con el padre de la criatura o sus familiares, “por el bien de la paz social”.
“Si tenemos el conocimiento real de que la chica fue violada y no viene derivada de Fiscalía, estamos en la obligación de denunciar”, indicó por su parte Patricio Jácome, especialista del servicio de atención integral para la adolescente de la maternidad.
Explica que las menores llegan muchas veces con varios meses de gestación, abortos en curso, malas prácticas clandestinas de interrupción del embarazo, y que no se ofrece el aborto, “porque no está permitido por violencia sexual”.
Las ONG reivindican que el supuesto del peligro a la salud de la progenitora debe ser entendido ampliamente como un concepto que engloba su salud física, psicológica y social.
Sobre los métodos anticonceptivos que aplican a las menores, lo que impide el mal menor de una nueva gestación, pero no enfrenta la causa de la violencia sexual de la que fueron objeto, Jácome indica que han resultado ser exitosos y que un 70 por ciento abandona el hospital con implantes que duran entre 3 y 5 años.
La psicóloga del servicio de adolescencia del centro, Cecilia Zurita, explica que las menores que sufrieron agresiones sexuales desarrollan mayor rechazo del bebé, “misión para la que nunca están preparadas y terminan desarrollando problemas psicopatológicos”.
Virginia Gómez, de la fundación Desafío, que elaboró un demoledor informe sobre la cuestión titulado “Vidas Robadas”, subraya que estas niñas suelen proceder de estratos sociales muy empobrecidos y entornos donde nunca han ejercido sus derechos.
“La desinformación hacen que no sepan qué les está sucediendo, intuyen que cuando sus padres o hermanos las tocan algo está mal, pero cuando son penetradas ya es demasiado tarde”, lamenta.
Daniela Brik
No hay comentarios:
Publicar un comentario