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WASHINGTON.- El gobierno del presidente Donald Trump está sopesando una serie de opciones, entre ellas sanciones potenciales, contra el gobierno del presidente nicaragüense Daniel Ortega si este país no soluciona de forma apropiada las preocupaciones y demandas de los grupos estudiantiles, líderes religiosos y otros participantes cívicos sobre la violencia y la cada vez más grande represión política que se vive en el país.
“Estamos observando todo esto con suma atención, ya que tenemos que asegurarnos de que el pueblo pidió un diálogo y que el gobierno participe; el pueblo pidió investigaciones y que el gobierno las lleve a cabo; los militares dijeron que están fuera de todo eso y deben seguir al margen”, le dijo a McClatchy un funcionario de alto rango de la administración Trump.
El gobierno nicaragüense está a solo unos pocos días de tener un diálogo con estudiantes y otros grupos opositores sobre el caos político en el que se encuentra inmerso el país después que decenas de miles de nicaragüenses se lanzaron a las calles de Managua en protestas masivas cuyo saldo ha sido la muerte de más de 75 personas.
Las protestas surgieron después que el gobierno nicaragüense aprobó una resolución que aumentaría los impuestos de las nóminas y reduciría los beneficios de pensión para fortalecer el fondo del seguro social del país.
Ortega desplegó fuerzas militares y policíacas que emplearon gases lacrimógenos y balas de goma de forma indiscriminada para disolver las manifestaciones populares.
En un reporte preliminar hecho por la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos que se dio a conocer el lunes se señala que el gobierno de Ortega ha estado violando sistemáticamente los derechos humanos mediante el “uso excesivo de la fuerza” a cargo de miembros de la seguridad del estado.
La comisión recomendó realizar una investigación internacional de lo ocurrido con el fin de identificar a los responsables. Al igual que Venezuela, cada vez más, Nicaragua se ha convertido en una gran preocupación para Washington.
El vicepresidente Mike Pence, Nikki Haley, embajadora ante las Naciones Unidas, y Mark Green, administrador de la Agencia Norteamericana para el Desarrollo Internacional, entre otros, han condenado públicamente la agresiva reacción del gobierno nicaragüense ante las protestas.
“Cientos de miles de personas han salido a la calle en demostraciones como una respuesta, exigiendo reformas democráticas y pidiendo la renuncia de Ortega”, dijo recientemente Haley en la Conferencia Anual sobre las Américas que tuvo lugar en el Departamento de Estado.
“Por primera vez en mucho tiempo, los nicaragüenses no tienen miedo de expresar libremente sus deseos de tener una verdadera opción para determinar su futuro, a pesar de la gran amenaza de violencia en su contra”.
Durante años, Nicaragua ha sido un país relativamente estable en la región, atrayendo a los norteamericanos a visitar el país para pasar sus vacaciones. Por otra parte, el gobierno de Ortega se ha beneficiado de una economía más o menos sólida debido en parte a los largos años de respaldo en efectivo y en petróleo de Venezuela y del fallecido líder leader Hugo Chávez, una ayuda que ha servido para que Ortega ganara popularidad y poder.
Sin embargo, ahora el liderazgo de Ortega está amenazado y la imagen de un país apacible ha quedado, al menos temporalmente, hecha trizas por los estallidos de protestas que han surgido en diversas zonas del país, lo que ha llevado a que el Departamento de Estado diera a conocer una advertencia sobre visitar a Nicaragua y decidiera sacar del país a las familias del personal de la embajada.
Los funcionarios de la administración Trump dijeron que EEUU no está dirigiendo la oposición, y debe manejar su relación con los grupos opositores con mucho cuidado para de este modo evitar las acusaciones del gobierno de Ortega sobre la intromisión del imperialismo norteamericano.
Sin embargo, el funcionario dijo que Estados Unidos está listo para actuar si el gobierno de Ortega no coopera con la investigación independiente, no disipa la violencia o decide utilizar el diálogo como una táctica dilatoria.
El gobierno nicaragüense dijo el martes que está comprometido a que el diálogo resulte fructífero y cumplirá cualquier acuerdo siempre que quede dentro de los parámetros de la constitución. “De igual modo, el gobierno analizará y estudiará las recomendaciones del reporte preliminar de la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos”, dijo Denis Moncada, ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua.
El funcionario del gobierno de Trump no entró en detalles sobre qué tipo de sanciones y otras medidas se tomarían. Un funcionario de otra agencia, sin embargo, que habló con la condición de conservar la anonimidad, ya que no está autorizado a discutir la estrategia del gobierno, dijo que la administración Trump podría prohibir darle visas a funcionarios del gobierno nicaragüense o a sus familiares, imponer sanciones bajo la llamada ley “antirrusia” y bloquear el acceso de funcionarios nicaragüenses o de directivos financieros a instituciones financieras estadounidenses.
Como un ejemplo, el funcionario señaló que el año pasado el Departamento del Tesoro de EEUU congeló los activos de Roberto Rivas, presidente del Concejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua, bajo la Ley Global Magnitsky, la llamada ley “antirrusia” que le permite a la rama ejecutiva prohibir dar visas y sancionar en cualquier parte del mundo a los responsables de cometer violaciones de derechos humanos o estar vinculado a actividades corruptas.
Legisladores norteamericanos dijeron que Rivas se encargó de supervisar las elecciones fraudulentas que tenían como objetivo perpetuar a Ortega en el poder. EEUU tiene muchos intereses en Nicaragua, toda vez que el país es miembro del Acuerdo de Libre Comercio de América Central, hay muchos negocios estadounidenses allí y las agencias del orden público y de inteligencia necesitan tener una presencia en el país centroamericano, ya que es una importante zona de tránsito para drogas y otro tipo de contrabando.
El segundo funcionario dijo que Estados Unidos no tiene ninguna esperanza con el régimen de Ortega y le parece que hay pocos indicios de que cumpla con lo que se determine en las reuniones.
El funcionario dijo que Ortega no hace más que seguir el mismo guión del presidente venezolano Nicolás Maduro cuando utilizó las promesas de diálogo con la oposición venezolana para aliviar la presión internacional contra su gobierno al tiempo que consolidaba su poder desmantelando las instituciones democráticas.
“Es una técnica para postergar la situación”, dijo el funcionario. “Como Maduro nos ha enseñado, tampoco ellos van a negociar de buena fe”.
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