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SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) demandó de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas la urgente derogación de la resolución 15-08, que permite a las instituciones gubernamentales comprar de forma directa.
El presidente de la entidad, Trajano Potentini, dijo que esas compras se hacen fuera de los parámetros generales de la ley 340-06 sobre compras y contrataciones públicas, pasajes aéreos, combustibles y las reparaciones de vehículos de motor.
Dijo que se trata de una disposición obsoleta y descontextualizada, concebida en el 2008 cuando el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas tenía apenas un escaso desarrollo, por la falta de normas complementarias, de una adecuada plataforma tecnológica, además de la poca experiencia en el inicio de la implementación de la ley.
“Constituye una aberración y un atentado a la transparencia la existencia y vigencia de esa resolución, la cual debe ser extirpada del sistema, si no se deroga la referida norma, continuarán las instituciones públicas rigiéndose por ella”, indicó.
Potentini señaló que lo peor es que la Contraloría General de la República está en la obligación de acogerla y observarla, por tratarse de una disposición revestida con el principio de legalidad y emanada del órgano rector de las compras y contrataciones públicas.
Asimismo, reclamó de la Procuraduría General de la República profundizar y llevar hasta las últimas consecuencias el escándalo de corrupción detectado en la OMSA, toda vez que el informe y auditoria de la Cámara de Cuentas establece la reiterada participación de unas pocas empresas beneficiarias de todo el movimiento económico de la OMSA.
“La FJT entiende que se trata de un caso que debe llamarnos a la reflexión, sobre todo centrándonos en las falencias y debilidades instituciones que deben ser consideradas y sorteadas, imponiéndose de entrada una revisión profunda y reforma de la ley 340-06 sobre compras y contrataciones con el estado; así como el necesario fortalecimiento y adecuación de los órganos de control a la nueva realidad constitucional”, indicó.
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