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CIUDAD DE MÉXICO. En el video granuloso y grabado por la noche, el periodista Ángel Gahona, vistiendo vaqueros y una camiseta azul, sostiene un teléfono celular y habla mientras se acerca a la fachada del ayuntamiento en Bluefields, Nicaragua, reportando en vivo vía Facebook sobre las protestas que han sacudido el país centroamericano por cuatro días.
Segundos después se escucha un disparo y Gahona se desploma sin vida al suelo. Se oye que gritan su nombre y alguien presiona un trozo de tela contra su cabeza en un intento por detener el flujo de sangre. Otra reportera de Bluefields, Ileana Lacayo, confirmó que Gahona murió antes de llegar al hospital.
Además del periodista, al menos otras 25 personas han muerto desde el miércoles en los disturbios por las reformas al Seguro Social planeadas por el gobierno del presidente nicaragüense Daniel Ortega, de acuerdo con un grupo en defensa de los derechos humanos. Decenas de personas más han resultado lesionadas o han sido arrestadas.
En su primera aparición pública desde que las protestas iniciaron, Ortega dijo el sábado que su gobierno está dispuesto a dialogar sobre la disputa. En un mensaje a la nación televisado, el mandatario se declaró abierto a negociar a fin de que “no haya más terror para las familias nicaragüenses”.
Sin embargo, aclaró que el diálogo sólo sería con el sector empresarial y no con otros sectores de la sociedad. También parecía tratar de justificar lo que ha sido una severa respuesta del gobierno y grupos aliados, al acusar a los manifestantes, en su mayoría jóvenes estudiantes universitarios, de ser manipulados por intereses políticos de “unas minorías” no especificadas y por estar infiltrados por pandilleros.
“Esto que está aconteciendo en nuestro país, no tiene nombre. Los muchachos que ni siquiera saben el partido que los están manipulando”, sostuvo Ortega. “Incorporan a pandilleros a las protestas de los muchachos y criminalizan las protestas; por eso los ponen en riesgo”.
Tales declaraciones parecieron atizar el fuego, al provocar que miles de personas salieran nuevamente a las calles en siete ciudades, entre ellas la capital Managua, después que las tensiones se habían aliviado un poco la noche del viernes.
El viernes, la vicepresidenta, primera dama y vocera del gobierno, Rosario Murillo informó que nueve muertes por los enfrentamientos habían sido confirmadas, si bien el grupo Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) de derechos humanos señaló el sábado que había contabilizado al menos 25 en todo el país.
Minutos después surgió la noticia sobre la muerte de Gahona, que trabajó para el programa de noticias Meridiano. En un video aparte que él mismo grabó, el reportero mostró los daños a un cajero automático mientras policías avanzaban por una calle oscura.
La fuente del disparo no fue perceptible en ninguno de los videos, pero Lacayo fue citada por el periódico La Prensa diciendo que los agentes de la policía eran los únicos que portaban armas de fuego en el lugar.
El Consejo Superior de la Empresa Privada emitió un comunicado el sábado condicionando el diálogo con Ortega al cese de la represión, la liberación de manifestantes detenidos y el respeto a la libertad de expresión, mientras las autoridades mantienen fuera del aire un canal privado por transmitir las protestas.
“No podemos ir a un diálogo si no se cumplen estas mínimas condiciones para establecerlo”, señaló la cámara empresarial en el comunicado.
Hubo más choques violentos entre estudiantes y policías en la Universidad Politécnica de Nicaragua, uno de los bastiones más fuertes de los protestantes.
“Estamos firmes, no nos van a cansar, aquí daremos el todo, hasta que el gobierno entienda que no va a seguir haciendo lo que le dé la gana”, aseguró a The Associated Press vía telefónica desde el interior de la escuela, Lombardo Ruiz Picado, uno de los líderes de los jóvenes.
Por la mañana, tropas del ejército fueron desplegadas en Estelí, una ciudad al norte de Managua que ha sido un punto álgido de las protestas, para que ayudaran a los policías a repeler a los manifestantes.
Medios afiliados al Estado mostraron imágenes de soldados armados patrullando el centro de la ciudad y reportaron que estaban protegiendo puntos estratégicos después de los incendios registrados en varios edificios públicos.
La Conferencia Episcopal de Nicaragua condenó la represión contra los manifestantes y exhortó al gobierno a escucharlos y a derogar las reformas al Seguro Social.
“Una decisión unilateral siempre trae consigo la inestabilidad social. Rectificar las decisiones tomadas es signo de humanidad, escuchar es camino de sensatez, buscar a toda costa la paz es sabiduría”, indicó la conferencia en el comunicado.
Las reformas, promulgadas por Ortega por decreto, aumentan los impuestos al ingreso y los salarios, y realiza cambios para las pensiones mientras trata de hacer frente a los problemas del sistema de seguridad social de Nicaragua.
El domingo el papa Francisco manifestó su preocupación por lo sucedido en Nicaragua. “Expreso mi cercanía en oración a ese país amado, y me uno a los obispos para pedir que cese toda violencia, evitar un derramamiento de sangre inútil y que las cuestiones abiertas se resuelvan pacíficamente y con sentido de responsabilidad”.
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