MADRID, España. El hallazgo del cadáver de Gabriel, un niño de ocho años, en el maletero del automóvil de la novia dominicana de su padre sumía el lunes a España en la consternación, al punto de generar llamados a restablecer la pena de muerte abolida en 1995.
Hijo único de padres separados, Gabriel fue a casa de sus primos a jugar, pero nunca llegó. Según la prensa, la autopsia reveló que murió de asfixia, posiblemente estrangulado.
“¡Pena de muerte! ¡Hija de p...!”, se escuchó la noche del domingo frente a la dirección de la Guardia Civil en Almería ( sur), donde una multitud mostró su cólera contra la mujer de 43 años, allí detenida.
Los llamados a una justicia dura también se multiplicaban por las redes sociales. Una petición en internet firmada a media jornada del lunes por 158.000 personas reclamaba prisión perpetua contra la mujer, sin que haya sido todavía imputada.
Otra petición, con más de 220.000 rúbricas, instaba a República Dominicana a reclamar su extradición, para evitar que Ana Julia Quezada disfrute de la “comodidad” de las prisiones españolas ni sean los contribuyentes españoles los que costeen su encarcelamiento.
Ante esto, Patricia Ramírez, la madre del niño, hizo un llamado a evitar las “palabras de rabia”.
Prisión permanente revisable
Aunque España es uno de los países con la tasa de homicidios más baja del mundo, el caso reavivó un debate en curso sobre la prisión perpetua, reservada para los crímenes más graves, contra menores o de naturaleza terrorista.
El Partido Popular (derecha) de Rajoy quiere ampliar la llamada prisión permanente revisable a otros crímenes, mientras que la izquierda desearía revocarla.
La pena, desaparecida en 1928 y restablecida en 2015, implica una “revisión” tras 25 o 35 años (según la condena), pero si es negativa, el reo puede permanecer toda su vida en prisión.
“La oposición ha de ser responsable y reflexionar sobre la conveniencia de derogar la prisión permanente revisable”, dijo este lunes el portavoz del PP, Pablo Casado.
El Congreso sostendrá un debate al respecto esta semana, mientras el Tribunal Constitucional estudia un recurso sobre la legalidad de la pena.
El diario conservador La Razón indicó en un editorial que el asesinato de Gabriel configura un caso típico para su aplicación.
Mientras, los investigadores buscan saber si Quezada actuó sola o incluso si es reincidente: en 1996, una niña a la que cuidaba -su hija según algunos medios- murió al caer desde un balcón en Burgos, pero en ese momento la investigación fue archivada sin hallar indicios de criminalidad.
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