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El gobernador Ricardo Roselló ha tenido que “cabildear”, incluso de manera poco diplomática ante el Congreso estadounidense y el presidente Donald Trump, exigiendo un trato igualitario para la isla y mayor celeridad en la asignación de los recursos para atender la devastación tras el huracán María.
“Es inaceptable, es inhumano y uno tiene que preguntarse si esto ocurriría en cualquier otro estado. Y la respuesta es no. La realidad es que esto sólo ocurre en Puerto Rico porque somos tratados como ciudadanos de segunda clase”, afirmó en una vista ante legisladores federales.
Miles continúan sin energía eléctrica desde el día que azotó el huracán y la alegría comienza a esfumarse para quienes recuperaron la electricidad, ya que la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE) no ha logrado salir de la grave crisis financiera y operacional, empeorada por el huracán, y que amenaza con dejar a la corporación sin dinero para operar a partir del próximo mes de abril.
Roselló condenó esta semana que todavía un 30% de los ciudadanos en Puerto Rico permanezcan sin energía eléctrica.
“¿Dónde más en los Estados Unidos sucedería eso? ¿Dónde más en territorio de Estados Unidos esto sería tolerable?”, ha expresado reiteradamente el gobernador boricua, que finalmente consiguió esta semana -después de varios viajes a Washington y mucha presión política- que el Congreso estadounidense aprobara una asignación de fondos federales de US$16 mil millones para la recuperación de la isla.
La comisionada residente en Washington, Jennifer González -representante del gobierno boricua ante el Congreso de EE.UU.- indicó que se trata de la asignación presupuestaria más grande de la historia en Puerto Rico y que se aprobó con 240 votos a favor y 186 votos en contra.
Desde el paso del huracán María por Puerto Rico el cierre de negocios y el desempleo han complicado aún más la situación del país, con una economía en números rojos, cercada por una deuda pública impagable y un gobierno que se declaró en quiebra, lo que derivó en la designación de la denominada Junta de Supervisión Fiscal, instancia de control instaurada por el gobierno estadounidense para “orientar y fiscalizar” las ejecutorias del gobierno de Puerto Rico.
En el panorama de la crisis en Borinquen, miles se enfrentan a una cotidianidad de calamidades, al ver resquebrajada su capacidad económica, imposibilitados de pagar hipotecas de viviendas y préstamos de vehículos, lidiando también con la falta de electricidad, la carestía en los alimentos y las limitaciones en los servicios públicos.
Huyendo de la desafiante realidad “post María”, alrededor de 200 mil personas han optado por emigrar a la Florida y a otros estados de la unión americana, en un intento desesperado por recuperar la estabilidad perdida.
El gobernador Ricardo Roselló ha tenido que hacer mil malabares para enfrentar la crisis y para “convivir” con la Junta de Supervisión Fiscal, que tiene poder para vetar iniciativas gubernamentales.
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