Uno de los escándalos de corrupción que más estremeció al país en este año se destapó luego de ocurrido el horrendo asesinato de abogado Yuniol Ramírez, por alegada extorsión a funcionarios de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA).
El cuerpo del profesor apareció en un arroyo de Los Alcarrizos, en Santo Domingo Oeste, estaba amarrado con cadenas y un par de blocks de construcción, además presentaba un tiro en la cabeza.
Ese hallazgo se produjo hace dos meses y medio, exactamente el 12 de octubre de 2017. En principio el caso se manejó como una desaparición, puesto que un día antes de que encontraran su cadáver los familiares del abogado y catedrático universitario denunciaron que tenían horas sin saber de él.
El 11 de octubre, la última vez que fue visto con vida, el profesor había terminado una sección de clases en la facultad de Ciencias Jurídicas y Política de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Según declararon a la prensa algunos estudiantes de esa sección de clases, el docente contestó una llamada, dio por concluida la materia y salió del salón.
Sin embargo, el vehículo del catedrático fue encontrado en el campus universitario, lo que generó aún más incertidumbre entre los familiares de Ramírez y en las autoridades universitarias.
Las declaraciones de los estudiantes fueron una pista para las autoridades, quienes iniciaron analizando el registro de llamadas salientes y entrantes del teléfono de Yuniol Ramírez, y a consecuencia de esto inició la recolección de evidencias.
Se analizaron cámaras de seguridad de la Universidad Estatal y de negocios en los que estuvo el profesor horas antes de su asesinato. Las imágenes grabadas por cámaras del 911 también sirvieron para establecer la ruta que siguieron las personas que le quitaron la vida a Yuniol Ramírez.
Cuando las autoridades iniciaron las indagatorias comenzaron a revelar detalles de una trama corrupta a lo interno de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) que supuestamente el abogado amenazó con revelar, si no le pagaban RD$4 millones.
La trama corrupta
De acuerdo con las informaciones que salieron a la luz pública, la trama corrupta en la OMSA consistía en que en esa institución había unidades de autobuses “en manos de particulares” y, además, se informó que en la gestión de Manuel Rivas se facilitaron contratos millonarios de forma fraudulenta a cinco empresas, las cuales en dos años fueron beneficiadas con más de 800 órdenes de reparaciones de autobuses. El Ministerio Público y la Policía Nacional informaron que los empleados de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, Argenis Contreras González y José Antonio Mercado Blanco, alias “El Grande”, habrían tomado la decisión de darle muerte al abogado Yuniol Ramírez, por la presunta extorsión de RD$4 millones al director de la institución, Manuel Antonio Rivas.
En la trama corrupta también apresaron al empresario Eddy Rafael Santana Zorrilla, así como el director financiero de la OMSA, Faustino Rosario Díaz.
El caso permanece en la justicia, cada uno de los implicados está bajo medida de coerción. Manuel Rivas, José Antonio Mercado Blanco y Faustino Rosario están en prisión preventiva de un año. El empresario Eddy Rafael Santana Zorrilla está bajo arresto domiciliario de 12 meses. Mientras que Argenis Contreras González sigue prófugo de la justicia, se ha rumorado que podría estar fuera del país.
Otros casos en 2017
Los asesinatos de los locutores Luis Manuel Medina y Leo Martínez en San Pedro de Macorís ocurridos el 14 de febrero de este año, también revelaron un escándalo de corrupción en el Consejo Estatal de la Azúcar (CEA).
El escándalo que estalló por la venta irregular de terrenos por parte del CEA, y que provocó el asesinato de los dos comunicadores y el suicidio del autor, José Rodríguez, también ocasionó la destitución del director de quien en ese entonces dirigía esa institución, José Joaquín Domínguez Peña. Fue suspendido por el Poder Ejecutivo el 17 de febrero, luego de ocurridos los hechos.
Según establecieron las autoridades, el asesinato de los comunicadores lo provocó el accionar de una mafia que operaba en el CEA, por la venta de los terrenos. En un informe se precisó que el autor de estas muertes también fue una víctima de esa entramada corrupta.
La comisión que designó el Presidente Danilo Medina para investigar los hechos, escribió que José Rodríguez fue una víctima “de un sistema disfuncional, nada transparente y seriamente cuestionable desde el punto de vista ético que opera en el CEA”.
En el informe la Comisión dejó establecido que Rodríguez compró tres terrenos pero no recibió ninguno, a pesar de haber invertido más RD$627,739. La comisión no pudo determinar la causa real que llevó a Rodríguez a ultimar a los locutores.
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