BRUSELAS. El expresidente del Gobierno regional de Cataluña Carles Puigdemont y los cuatro exconsejeros en libertad condicional comparecerán ante el tribunal de primera instancia de Bruselas el 17 de noviembre para la vista por la euroorden de entrega a España, confirmó ayer oficialmente la Fiscalía bruselense.
Acudirán ante la Cámara del Consejo, el tribunal de primera instancia de Bruselas, que decidirá si ejecuta las órdenes europeas de detención y entrega emitidas por la Audiencia Nacional española el pasado 3 de noviembre contra los cinco exmiembros del cesado
Gobierno de la Generalitat de Cataluña.
La cita es a las 13.00 horas GMT y a puerta cerrada, según un comunicado de la Fiscalía.
Los cinco políticos son reclamados por la Justicia española por los delitos de rebelión, sedición, malversación de caudales públicos y desacato a la autoridad, entre otros cargos, en relación con el proceso secesionista de Cataluña.
Hasta finales de la próxima semana permanecerán en libertad con medidas cautelares, tal y como decidió este domingo el juez de instrucción y había solicitado previamente la Fiscalía de Bruselas.
Entre las restricciones a su libertad se encuentran la prohibición de viajar al extranjero sin el permiso del juez de instrucción, la obligación de comunicar una dirección de residencia y la de asistir personalmente a cada una de las audiencias a las que se les convoque.
Puigdemont y los exconsejeros autonómicos Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura) podrán vivir en la misma dirección postal o en distintas localizaciones, con tal de estar bien comunicadas al juez instructor.
En declaraciones a Efe, la portavoz de la Fiscalía Ine Van Wymersch señaló que se propuso la libertad condicional porque “para enviar a alguien a prisión debe haber causas serias que hagan meritorio restringir la libertad”.
“Estas personas se entregaron ellas mismas y mostraron total colaboración”, añadió.
Preguntada por posibles presiones del Gobierno belga tras las críticas, entre otros del ministro de Interior, Jan Jambon, a los encarcelamientos de ocho exconsejeros en España, Van Wymersch aseguró que existe “total independencia del poder judicial” y que el juez actuó “con total independencia”.
Igualmente, la portavoz de la Fiscalía aclaró que no hay prohibición alguna a Puigdemont y los exconsejeros para hablar con los medios de comunicación ni para participar en actividades políticas.
“Las medidas restrictivas son las que son, no hay restricción para mantener contacto con nadie ni llevar a cabo actividades de cualquier tipo”, añadió la portavoz, al confirmar que Puigdemont puede hacer campaña electoral desde Bruselas si lo desea para las autonómicas del 21 de diciembre.
Fuentes de la Fiscalía explicaron además que “pueden existir” otras medidas no hechas públicas con relación a una posible protección policial para Puigdemont y los exconsellers.
Los cinco se entregaron juntos en sede policial en Bruselas a las 09.17 horas (08.17 GMT) del domingo.
Declararon desde las 16.00 horas (15.00 GMT) hasta las 20.00 horas (19.00 GMT), por separado, y abandonaron la Fiscalía de Bruselas todos juntos en un minibús catorce horas después de su llegada.
El expresidente de la Generalitat y los cuatro exconsejeros rechazaron ante el juez de instrucción su entrega a las autoridades españolas.
La entrega fue “convenida” con los magistrados de los cinco políticos catalanes, que respetaron el compromiso y se entregaron a las autoridades belgas en presencia de sus abogados, precisó la Fiscalía.
Los cinco políticos se presentaron en una comisaría de Policía del centro de Bruselas, evitando la presencia de medios de comunicación en el momento en el que pasaban a estar formalmente bajo arresto.
Si el próximo 17 de noviembre el juez de primera instancia -tendrá un plazo máximo de 24 horas para emitir sentencia- decide la entrega de Puigdemont y los exconsejeros a España y estos lo rechazan, todavía podrían volver a recurrir la decisión ante una instancia superior, el Tribunal de Apelaciones, así como ante la Corte de Casación.
Todo ese proceso debería durar alrededor de 60 días, aunque podrían sumarse algunos más por motivos excepcionales, señalaron fuentes de la Fiscalía.
En el proceso ante las distintas instancias judiciales, si persisten como se prevé los recursos a la euroorden de entrega, permanecerán las mismas condiciones para el régimen de libertad condicional y solo el juez instructor, el mismo que las dictó este domingo, podrá variarlas.
Puigdemont y los exconsejeros han elegido que la lengua de trabajo de su caso sea el neerlandés, una de las lenguas oficiales de Bélgica.
Lara Malvesí
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