En el país no han cesado los escándalos en el sistema judicial por decisiones de jueces y por dictámenes de los fiscales en casos de narcotráfico, sicariato, lavado de activos, corrupción y crímenes horrendos.
Los fallos más cuestionados han sido los que han dispuesto la libertad de imputados, cuando le disminuyen la pena o le cambian el régimen de ejecución, ya sea a solicitud de los acusados de los delitos penales o de los representantes del ministerio público, que son los responsables de dirigir la investigación y presentar la acusación ante el tribunal.
Esas decisiones han provocado, no solo la suspensión de jueces y fiscales, sino también sometimientos penales y disciplinarios que han terminado con condenas, cancelaciones, y suspensiones, tanto de magistrados como de procuradores fiscales.
Empero, no todas las acusaciones contra jueces y fiscales han prosperado, porque algunos han sido liberados de responsabilidades luego de las investigaciones y de juicios disciplinarios.
El más reciente escándalo ha ocurrido a raíz de la desaparición del condenado por homicidio, Pedro Alejandro Paniagua, alias Quirinito, luego de que una jueza le varió la cárcel por prisión domiciliaria al fingir tener una enfermedad terminal, de la que presuntamente falleció, conforme a reporte falso de un médico legista. La sociedad fue impactada por el hecho luego que la Procuraduría informó que Quirinito no había fallecido, en un comunicado emitido el martes 3 de octubre.
Por las irregularidades detectadas en ese caso fueron suspendidos dos jueces de ejecución de la pena, dos procuradores de corte de apelación, un médico legista y un supervisor de vigilancia penitenciaria. por el Consejo del Poder Judicial, tras varios meses suspendida en funciones.
El 11 de mayo de 2017, fue suspendido el presidente del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Rafael Pacheco y sometido a juicio disciplinario, atribuido a un fallo que dispuso la libertad del ciudadano italo-canadiense Antonio Carbone, acusado de intento de homicidio a Fernando Báez Guerrero. .
El 23 de marzo del 2017, fueron suspendidos los jueces de la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo, Manuel del Socorro Pérez García, presidente, Saulo Ysabel Díaz, y Rosaly Yovianka Stefani Brito.
La sentencia que generó a esa suspensión y sometimiento a juicio disciplinario anuló la condena de 10 años de prisión al acusado de narcotráfico y lavado de activos, Winston Rizik Rodríguez, disponiendo la celebración de un nuevo juicio al imputado
El 11 de septiembre del 2016 fue destituida la jueza Aristilda Mercedes Rodríguez, contra quien se inició una investigación luego de ordenar la libertad pura y simple de 5 venezolanos que fueron apresados cuando se les ocupó un cargamento de 359 kilos de droga en el interior de una avioneta, en el Aeropuerto Internacional de La Romana.
En noviembre del 2015 fueron sometidos a la justicia la jueza Awilda Reyes Beltré, y el ex consejero del Poder Judicial, Francisco Arias Valera, quienes fueron acusados por la Procuraduría de integrar una presunta red que se dedicaba a negociar con decisiones en sus respectivos tribunales para favorecer a personas vinculadas al sicariato y al narcotráfico.
El fallo que provocó el sometimiento fue el que dispuso la libertad, mediante un habeas corpus, del ex regidor por Pedro Brand, Erickson de los Santo Solís, acusado de sicariato.
El 17 de diciembre de ese año, el presidente de la Corte de apelación del Distrito Nacional, Ramón Horacio González Pérez, le impuso tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción tanto a Beltré como a Arias Valera, la cual le fue variada posteriormente, por prisión domiciliaria, por el juez de la primera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Antonio Sánchez Mejía.
El tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional conoce el juicio preliminar que se le sigue a Beltré y Arias Valeria.
Reyes Beltré fue cancelada por el Consejo del Poder Judicial, luego de permanecer varios meses suspendida, y Arias Valera renunció antes de ser sometido a la justicia.
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