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WASHINGTON. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exhortó el miércoles a la Cámara de Representantes a que endurezca los castigos para las personas que reingresan al país de forma ilegal, así como para las “ciudades santuario” que se han negado a cooperar con los agentes federales del servicio de inmigración.
Para destacar las iniciativas de ley antes de que sean votadas el jueves, Trump se reunió con los seres queridos de más de 10 víctimas de homicidios perpetrados por personas que estaban viviendo ilegalmente en Estados Unidos. Entre ellos estaba Jamiel Shaw, padre de un joven de 17 años que fue asesinado a balazos en California en 2008 por un hombre que vivía ilegalmente en el país.
“Él estaba viviendo el sueño”, dijo Shaw durante un diálogo emotivo, “que fue aplastado”.
Shaw fue un orador constante en los eventos de campaña de Trump, donde el ahora presidente frecuentemente habló en contra de la inmigración ilegal, lo que le consiguió muchos votos.
Trump está presionando para que se aprueben dos proyectos de ley. Uno de ellos fue bautizado como “Ley Kate” e impondría penas de prisión mínimas obligatorias para aquellos que fueron deportados y reingresaron al país, y condenas más duras a aquellos que fueron detenidos por crímenes no relacionados con la inmigración.
La ley fue nombrada así en memoria de Kathryn Steinle, una mujer de 32 años a quien un inmigrante que estaba ilegalmente en el país le disparó en la cabeza en California en 2015. Juan Francisco López Sánchez, quien se declaró inocente del crimen, había sido excarcelado por la policía meses atrás pese a la solicitud de agentes de inmigración para que permaneciera en prisión.
La segunda propuesta de ley es para retirar algunas subvenciones federales del Departamento de Justicia y de Seguridad Nacional, incluyendo aplicación de la ley y el terrorismo, a los estados y ciudades que se rehúsen a cooperar con las autoridades en materia de inmigración.
Trump argumentó que las leyes podrían cerrar “peligrosos vacíos explotados por criminales, pandilleros, traficantes de droga, asesinos y terroristas”, y dijo a los miembros de las familias que asistieron a la reunión que “perdieron a la gente que aman porque el gobierno se negó a endurecer las leyes de inmigración”.
Sin embargo, Lorella Praeli, directora de la Unión Americana por las Libertades Civiles, ACLU por sus siglas en inglés, criticó las leyes diciendo que están “plagadas con violaciones constitucionales que pasan por alto los derechos civiles y humanos de los inmigrantes”.
“A pesar de comentarios contrarios”, dijo en un comunicado, “la Ley Kate y la ley contra las ciudades santuario provocarán que nuestras comunidades sean menos seguras al socavar la confianza que las agencias policiales construyen con sus comunidades, tanto de ciudadanos como de inmigrantes”, agregó.
Algunos funcionarios locales, incluyendo al líder del senado de California, Kevin de Leon, y al comisionado de la policía de la ciudad de Nueva York, denunciaron esfuerzos para quitarles su financiamiento. Leon acusó al gobierno de Trump de basar sus políticas en “principios de la supremacía blanca” y no en valores estadounidenses.
Pero Thomas Homan, director del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, dijo que las ciudades que no cooperen con sus agentes pondrán en riesgo la vida de sus habitantes y de sus agentes del orden.
“Si entras a este país de forma ilegal y violas las leyes de la nación, no deberías de estar cómodo... Deberías de estar preocupado de que alguien te esté buscando porque violaste las leyes de este país”, dijo Homan y añadió sobre el riesgo de separar familias que “las familias de ciudadanos estadounidenses son separadas todos los días cuando uno de los padres es arrestado por un cargo criminal. Así que los que están aquí ilegalmente, se pusieron a sí mismos en esa posición”.
Por JILL COLVIN, Associated Press
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