Los distintos actores se acusan mutuamente de violar el acuerdo del 22 de marzo que busca una solución al impasse surgido por una nueva tarifa de pago por tonelada de basura.
Los regidores de Los Alcarrizos decidieron aprobar una resolución que, además, de declarar el municipio en emergencia sanitaria, le solicitan a los ministerios de Medio Ambiente y Salud Pública intervenir el vertedero. “El Ayuntamiento en este momento no tiene donde verter los desechos, los camiones nuestros, que están compuestos por 12 compactadores grandes y 11 pequeños que están llenos de desechos”, explicó Roberto González, secretario general del cabildo de Los Alcarrizos. Mientras que el Concejo de Regidores del Ayuntamiento de Santo Domingo Norte, además de declarar en estado de emergencia el municipio, ratificó una resolución en la que autoriza al alcalde René Polanco rescindir el contrato con la empresa Lajún.
La sesión fue celebrada ayer justo en la entrada del vertedero en una improvisada carpa donde camiones recolectores de basura hacían largas filas.
En igual situación está el Distrito Municipal de Pantoja, cuyas calles comienzan a ser arropadas por basura, debido a que desde hace 10 días no tienen dónde echarlos. Lo hacían en una pequeña estación de transferencia a la que ya no le queda mucho espacio.
El director de la Junta Municipal de Pantoja, Mario González Aquino, informó que busca alternativas, como es el caso de Villa Altagracia, aunque le queda bastante distante.
“Esto es un asunto económico, y esta gente están cerrados como dicen en buen dominicano a “jacha y machete”, si no me pagan violando el acuerdo a que se llegó”. Indicó que Lajún no le recibe el pago.
La situación en Santo Domingo Este fue normal ayer, porque están depositando en el vertedero privado “La Tumba”, de Boca Chica, a pesar de que regidores de la localidad paralizaron el vertido, informó Felipe Decena, director general de Limpieza y Aseo Urbano del municipio.
El Distrito Nacional, Santo Domingo Norte y Santo Domingo Oeste no han tenido mayores dificultades para depositar en Duquesa, excepto luego del bloqueo de camiones a la entrada del basurero.
Ante la situación, la empresa Lajún emitió un nuevo comunicado en el que expresa que algunos alcaldes no han cumplido con el acuerdo del 22 de marzo pasado, y que alegadamente han decidido boicotear y sabotear las operaciones que hasta fluían de manera correcta.
“Queremos continuar haciendo negocios en la República Dominicana sólo bajo condiciones en las que nos sintamos seguros y confiados. Hoy, definitivamente, no nos sentimos seguros ni confiados, debido al abuso y constantes amenazas de expropiación de nuestra propiedad privada”, dice el comunicado.
Ante la situación, el presidente de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu), Rafael Hidalgo, declaró que urge atender los reclamos de los alcaldes del Gran Santo Domingo.
“Que el Estado tome el control de la situación a través de los ministerios de Medio Ambiente y Salud Pública”, sostuvo.
De su lado, el director ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) Servio Tulio Castaños Guzmán, indicó que con el ánimo de fortalecer la transparencia, la seguridad jurídica y el clima de inversión en el país, el Estado debe abocarse a realizar todas las investigaciones que se requieran.
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