La Policía de Inmigración y Fronteras (ICE) de la Agencia de Ciudadanía y Servicios de Inmigración USCIS) violó los derechos de un inmigrante dominicano deportado desde Puerto Rico por ser ilegal, denunció el periódico The Conversation, editado en la universidad de California.
El reportaje identifica al dominicano como “Máximo”, quien compartía un apartamento en San Juan con un venezolano y un boricua, donde se presentaron policías de la ICE, tocando en la puerta.
Máximo estaba durmiendo y se despertó por los fuertes golpes de los agentes de la ICE, que casi tumbaron la puerta.
Máximo fue rodeado por varios agentes armados, algunos con chalecos de la ICE. Los agentes no indicaron que tenían una orden de detención contra una persona específica.
En su lugar exigieron ver todos los ocupantes de la casa, les apuntaron con sus armas y le ordenaron que se sentaran en el suelo. Cuando le preguntaron a Máximo por la identificación, él les dio su pasaporte dominicano.
En su lugar exigieron ver todos los ocupantes de la casa, les apuntaron con sus armas y le ordenaron que se sentaran en el suelo. Cuando le preguntaron a Máximo por la identificación, él les dio su pasaporte dominicano.
“Me preguntaron si estaba ilegalmente en el país, y les dije que sí”, relató el dominicano al medio.
El inmigrante fue detenido y llevado a un centro de detención. Firmó un formulario de salida voluntaria y fue deportado a Santo Domingo en la República Dominicana dos días después.
La salida voluntaria permitió que Máximo fuera deportado rápidamente. Él pudo haber pedido una audiencia ante un juez de inmigración, pero habría tenido que pasar meses, detenido en espera de su oportunidad en la corte, y sus posibilidades de obtener la legalización eran escasas.
Aunque Máximo era indocumentado, tenía los derechos constitucionales contra registros e incautaciones ilegales, y se le violaron esos derechos, explica el medio.
Agentes encargados de hacer cumplir la ley tienen la autoridad para derribar su puerta si tienen una orden de registro y no se les abre. Sin embargo, los agentes de inmigración casi nunca tienen órdenes de registro.
Aseguran que esas órdenes son administrativas y que no les permiten entrar en las casas sin el consentimiento de los ocupantes.
Los allanamientos de casas por parte de la ICE tienden a ocurrir temprano en la mañana para asegurar que los inmigrantes estén en sus hogares.
En muchos casos, esto significa que esos ataques ocurren cuando toda la familia está en casa y los niños tienen que mirar cuando sus padres son sacados por la fuerza.
En numerosos de esos casos, los niños nunca volverán a ver a sus padres.
Los expertos legales sostienen que las incursiones de la ICE, son un medio ineficaz para la aplicación de la ley de inmigración, pero eficaces para mantener el miedo y separar las familias.
La ICE alega que su búsqueda se enfoca principalmente en extranjeros supuestamente criminales, principalmente los que tienen récords judiciales o han sido condenados por crímenes graves.
Pero en los últimos días, se han registrado varias detenciones en diferentes estados, donde los arrestados no tienen ningún récord ni fueron condenados por delitos graves o menores.
Uno de esos casos es el del colombiano Juan Vivares Mazo, esposo de la dominicana Yahaira Burgos, ciudadana americana y con un hijo de él y quien fue detenido para deportación la semana pasada en Nueva York, luego de negársele una petición de asilo.
Ayer martes, el director actuante de la ICE en California, fue abucheado, rechazado y enfrentado con carteles, mientras hablaba en una reunión comunitaria.
El funcionario respondió a las críticas diciendo que “ciertamente, Estados Unidos es una nación de inmigrantes, pero también de leyes y hacer que se cumplan es mi trabajo”.
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