BERLIN.- Al menos 900 millones de personas de países de Asia Pacífico, incluidas las economías más grandes de la región, han pagado sobornos para acceder a los servicios públicos, según un informe de la organización anticorrupción Transparencia Internacional.
De un total de 22.000 personas consultadas en 16 países, el 38 % afirmó haber sido víctima de corrupción, especialmente en grupos de bajos ingresos, se detalla en el estudio "Personas y Corrupción: Asia Pacífico", hecho público hoy por la ONG.
En India, que encabeza la lista de los países con mayor recurrencia de este delito, un 69 % de los encuestados se vio involucrado en algún tipo de soborno.
Le siguen Vietnam (65 %); Tailandia (41 %); Pakistán (40 %) y China (26 %), mientras que Japón y Australia se encuentran en el otro extremo, con un 0,2 % y 4 %, respectivamente.
"Los gobiernos deben hacer más para cumplir con sus compromisos anticorrupción, es hora de dejar de hablar y actuar; millones de personas se ven obligadas a pagar sobornos por los servicios públicos y los más vulnerables son los pobres", dijo el presidente de Transparencia Internacional, José Ugaz.
La policía ocupa el primer lugar en la lista de servicios públicos que exigen un soborno con frecuencia, y un tercio de los encuestados que habían entrado en contacto con un agente en los últimos doce meses reveló haber sido instado a pagarlo.
La consultados coincidieron en que la acción más importante para detener la corrupción es denunciarlo o resistirse a abonar el soborno, pero uno de cada cinco afirmó sentirse impotente frente a la situación.
"El soborno no es un crimen pequeño, se quita la comida de la mesa, impide la educación, impide la atención sanitaria apropiada y, en última instancia, puede matar", dijo Ugaz.
En China, casi tres cuartas partes de las personas encuestadas dijeron que la corrupción aumentó en los últimos tres años, lo que sugiere que la gente no ve que la gran ofensiva contra la corrupción esté funcionando.
Para hacer frente a este delito, Transparencia Internacional recomienda que los gobiernos impulsen una legislación que proteja a los denunciantes basada en las normas internacionales vigentes.
Asimismo, sugiere a las autoridades sancionar el cobro y pago de sobornos para poner punto final a este delito.
Las encuestas se realizaron cara a cara o por teléfono entre julio de 2015 y enero de 2017.
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