GINEBRA.- La ONU condenó hoy la prohibición y suspensión temporal de las actividades de distintas organizaciones de la sociedad civil en Burundi y llamó la atención sobre el aparente aumento de casos de desapariciones forzadas de activistas en los últimos meses.
Según denuncias recogidas por expertos de derechos humanos de la ONU, se han registrado más de 60 casos de desapariciones únicamente en noviembre y diciembre, entre ellas la de la extesorera de la Liga Iteka, una de las principales entidades defensoras de los derechos humanos en el país.
Esa organización sufrió la suspensión de sus actividades el pasado octubre, como también ocurrió con otras ONG que trabajaban en el área de la gobernabilidad y de la lucha contra la corrupción.
"Esas medidas son las últimas de una serie de ataques a las libertades de expresión y de asociación en Burundi", dijeron en una declaración conjunta los relatores de la ONU sobre libertad de reunión, Maina Kiai; sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michel Forst; sobre libertad de opinión, David Kaye; y sobre ejecuciones arbitrarias, Agnes Callamard.
En el mismo sentido se pronunció el grupo de trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas.
Para validar las acciones contra las ONG, la Asamblea Nacional adoptó el pasado diciembre dos leyes que permiten al Gobierno ejercer un control severo sobre las organizaciones no gubernamentales locales y extranjeras.
Estas deben pedir autorización al Ministerio del Interior para trabajar y para recibir fondos del extranjero, al tiempo se les obliga a operar en función de las prioridades establecidas por el gobierno.
"La situación de los defensores de los derechos humanos en Burundi se ha deteriorado considerablemente en el último año y medio. Aquellos que todavía no se han ido del país temen por sus vidas y son víctimas de intimidación permanente, amenazas de detención y de tortura", recalcaron los expertos de la ONU.
Por todo esto, pidieron a las autoridades burundesas que revisen la reciente legislación sobre ONG para ponerlas en consonancia con las normas internacionales.
Burundi está inmerso en una grave crisis desde abril de 2015, cuando su presidente, Pierre Nkurunziza, concurrió a un tercer mandato en contra de la Constitución y violó los acuerdos que en 2005 habían puesto fin con una prolongada guerra civil.
Desde entonces, han muerto centenares de personas, otros cientos han sido encarcelados y medio millón se han visto obligados a huir, según datos de la ONU, que también ha alertado de un posible genocidio y ha acusado al gobierno de crímenes contra la humanidad.
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